El BID y un caso de “fracaso” matizado en el sistema de pagos uruguayo

La fábrica de Montes del Plata, instalada en Colonia, recibió un préstamo de US$ 200 millones y movilizó US$ 254 millones de otros inversores. El emprendimiento “sustentó anualmente un promedio de 641 empleos directos y 3.180 empleos indirectos. Por su escala, el proyecto representa por sí solo el 1,5% del PIB de Uruguay y el 7,9% de sus exportaciones”, destaca el documento del BID, entre otros datos.

En 2015, BID Lab aprobó una inversión de capital de US$ 500.000 en Resonance Uruguay, una empresa de procesamiento de pagos electrónicos. El objetivo era potenciar la inclusión financiera en el país, ampliando la infraestructura y la penetración de terminales electrónicos en pequeños negocios, ante todo en zonas subatendidas. “El momento de esta inversión parecía propicio. El gobierno uruguayo había aprobado un conjunto de leyes y normativas para ampliar el acceso a servicios financieros digitales prácticos y de bajo costo y aumentar la competencia en este sector, como la normativa de 2014 que disponía que los terminales de puntos de venta (POS) aceptaran todo tipo de tarjetas de crédito y débito —lo que en esencia abría a nuevos agentes como Resonance este mercado tradicionalmente cerrado— y la ley de inclusión financiera de 2015. Asimismo, se autorizaban diversos beneficios tributarios para incentivar la expansión de las redes POS por las empresas y la adopción de estos terminales por los pequeños negocios. Resonance aprovechó esta oportunidad y pasó a ser el único proveedor de servicios POS en incorporarse al mercado, y con el apoyo de BID Lab pudo adquirir más terminales para expandir su alcance”, relata. Desde 2018, la empresa representó casi una cuarta parte de todos los nuevos terminales POS instalados y añadió más de 3.000 pequeños negocios a su red, principalmente en el interior del país, detalla. Además, en alianza con el Banco de la República, Resonance estableció una red de 300 corresponsales financieros en comunidades que no tenían acceso a servicios de retiro de efectivo. “A pesar de estos logros, la empresa vio obstaculizado su crecimiento por varios factores. Por un lado, las instituciones financieras que adquirieron su tecnología POS lo hicieron muy lentamente y reforzaron durante todo ese tiempo su hegemonía de mercado. A esto se sumó otra ola de regulaciones a partir de 2020 en un contexto de rápida transformación del entorno tecnológico. El mayor proveedor de redes POS del país (POS2000) fue disuelto y, en 2022, entró en vigor una regulación de ´multiadquirencia´ por la cual los comerciantes pueden aceptar todas las opciones de pago de crédito y débito a través de un proveedor único de su predilección (en vez de tener convenios separados con varios bancos adquirientes para procesar los pagos), a menudo con terminales POS gratuitos”, describe el informe del BID. Con esto, dice, “quedó claro que Resonance ya no podría sobrevivir como proveedor independiente, sino que tendría que sumarse a una de las integraciones en curso lideradas por instituciones financieras para el procesamiento de pagos. La adquisición de la compañía por Grupo Itaú en 2022 resultó en una pérdida parcial de la inversión de capital de BID Lab”.

Una de las lecciones de este caso es que, “tratándose de tecnologías en rápida evolución, los riesgos de regulación pueden materializarse en formas difíciles de anticipar, mitigar o transferir. De igual manera, reforzó la importancia de la capacidad institucional, puesto que el regulador tuvo dificultades para llevar a la práctica el impulso de regulación en favor de la inclusión financiera y adaptarse al ritmo de la innovación en el sector. Por el contrario, restó capacidad a los agentes nuevos de menor tamaño como Resonance para hacerse un sitio en el entorno de los pagos digitales”, afirma la evaluación. “Otra lección, tal vez más importante, es que en algunos casos el fracaso puede ser más matizado. Resonance supuso un fracaso desde el punto de vista financiero (BID Lab perdió gran parte del capital invertido), pero aun así produjo los beneficios previstos para los clientes al crear una red más profunda de servicios de pagos digitales para comunidades subatendidas y una mayor competencia en un mercado previamente cerrado”.

Saneamiento

Según el DEO, la efectividad de los programas que lleva adelante el BID en los países depende de múltiples factores, y aspectos económicos, sociales y ambientales definen el entorno operativo. También incide la coordinación, ya que los “gobiernos fijan prioridades, asignan recursos y crean condiciones para una ejecución adecuada”. En ese sentido, los “informe ampliado de supervisión” validados en 2022 “ilustran la forma en que los resultados de desarrollo dependen del desempeño de los agentes en sus distintas funciones. Como ejemplo está un proyecto en Uruguay aprobado en 2012. El gobierno contaba con obtener fondeo complementario de un municipio para obras de drenaje, pero estos recursos no se entregaron a tiempo ni en su totalidad. Además, la unidad de ejecución se encontró con que los datos del censo disponibles eran inadecuados para determinar la ubicación de las conexiones y por ende tuvo dificultades para llegar a los hogares”, relata. Pese a esas limitaciones, el gobierno aportó suficientes recursos para proveer de alcantarillado a un conjunto de hogares, de los cuales el 61% se conectó al saneamiento. La evaluación encontró que algunos jefes de hogar carecían de los conocimientos técnicos para conectarse a la red y no pudieron beneficiarse. “Así pues, muchos hogares siguieron vertiendo las aguas residuales a pozos sépticos, por lo que solo hubo una mejora limitada en los niveles locales de contaminación”. El proyecto se demoró dos años en cerrar y se calificó como “parcialmente insatisfactorio” en efectividad.