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Sobre el final del año pasado, mientras una angustiante escasez hídrica afectaba a sus animales y cultivos, miles de productores rurales recibieron en el campo la visita de “empadronadores” que, mediante un celular o una tablet, levantaron datos acerca de cada establecimiento. Otros llenaron directamente un formulario del Censo General Agropecuario 2022 vía web. Con el paso de los meses, algunos sintieron curiosidad por conocer la información recopilada, pero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a cargo del relevamiento, aún no difundió ninguna cifra.
Este censo rural enfrentó problemas para conformar el equipo de encuestadores y solo pudo relevar el 20% de la superficie agropecuaria, lo que para algunos jerarcas es un “fracaso”; la divulgación de los resultados primarios se previó para el primer trimestre de 2023. Ahora, las autoridades evalúan cómo continuar.
El primer censo en Uruguay se realizó en 1852, y hubo algunos generales y otros solo ganaderos. Hacerlos es un mandato desde 1913 (Ley 4.294), y un decreto de 1978 impuso realizarlos “en los años terminados en cero y coincidiendo con el Censo Mundial de la FAO”, abarcando a todos los establecimientos agropecuarios del país de una hectárea y más de superficie. Por dificultades administrativas para, por ejemplo, reclutar encuestadores, el que según esa norma debía hacerse en 2010, se aplazó un año. Algunos problemas se reeditaron con el censo más reciente.
La Ley 19.924 habilitó a ejecutar el Censo General Agropecuario 2022 desde octubre hasta mediados de noviembre de ese año para relevar los establecimientos con producción agropecuaria durante el año censal (desde julio de 2021 hasta fin de junio de 2022), y también a los predios menores a una hectárea o sin actividad. Según informó en su momento el MGAP, el trabajo de campo empezó el 3 de noviembre. Antes de eso, en agosto, había iniciado un precenso a grandes empresas agropecuarias —con más de 10.000 hectáreas—, comentó el coordinador de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP, Pablo Couto, en una conferencia en el marco de la Expo Prado del año pasado.
Para la planificación, se dividieron las 16,5 millones de hectáreas en 615 “áreas de numeración”, que, según lo previsto, debían asignarse a una persona por espacio territorial para hacer el relevamiento. “Uno de los problemas principales es que nunca tuvimos ese personal disponible para trabajar, por complicaciones en la contratación. En el Estado son procesos largos, llevan un montón de controles…”, dijo a Búsqueda el director del Censo Agropecuario 2022, Leonardo Arenare.
Se presentaron unos 2.000 postulantes, pero la mitad quedaron descalificados al no presentar los papeles requeridos. Entre los que avanzaron en el proceso de selección, muchos se descartaron al no cumplir con los requisitos, contó. También hubo aspirantes a “empadronadores” que se anotaron en las zonas con más población y hubo áreas sin postulantes para contratar. “Nunca tuvimos ni la mitad de la gente necesaria para el trabajo de campo”, reconoció.
Además, alegó, las contrataciones se hicieron efectivas en distintos momentos, incluso en enero pasado. “Fue un trabajo desparejo”.
Según dijo el jerarca, a eso se agregó que “la campaña ha cambiado” y resultó difícil encontrar en su establecimiento a muchos productores.
Cobrando un piso de $ 500 por formulario, los “empadronadores” debían recolectar la identificación del productor y datos como la ubicación de la explotación; la superficie total; el metraje de montes artificiales, naturales y frutales; los cultivos y pasturas; las producciones principales; el riego; la existencia de animales, y la población residente y la ocupada en el predio.
Arenare informó que se logró censar aproximadamente el 20% de la superficie agropecuaria y a unos “10.000 y pocos productores”. Agregó: “Sobre la calidad de la información relevada no hay mayores dudas: lo que se censó, con los errores que siempre tienen estas actividades, tiene calidad. Lo que ya está censado está bien censado”.
“La idea era terminar el trabajo de campo en octubre o noviembre de 2022, pero hubo que continuarlo hasta marzo. Ahora estamos viendo con las autoridades del ministerio cómo seguir” y consideran “varias alternativas” buscando evitar “repetir las cosas que no salieron” bien en el primer operativo, indicó. Recalcó que se apunta a “culminar el censo y sacar un producto adecuado a lo que se necesita”. Eso supone alcanzar lo más cerca posible del 90% de la cobertura territorial.
Según Arenare, el proyecto de Rendición de Cuentas —que acaba de tener media sanción de la Cámara de Diputados— permitiría “solucionar algunas situaciones problemáticas que se dieron” para desplegar el censo. Se refirió al artículo según el cual las contrataciones para esa tarea “estara´n exceptuadas del procedimiento del Sistema de Reclutamiento y Seleccio´n de la Oficina Nacional del Servicio Civil” y estableció que el puesto “podri´a acumularse a otro empleo pu´blico, siempre que no superen en conjunto las 60 horas semanales”.
Admitió que el proceso de contratación “lleva tiempo” y evaluó poco probable poder retomar el relevamiento este año y lograr terminar con un cuestionario completo.
Ante las dificultades que tuvo, este censo también será más caro. Originalmente, para su programación y ejecución se previó un presupuesto de $ 147.344.706 (unos US$ 3,6 millones al tipo de cambio promedio de ese año). “No tenemos hechos los números. Un poco más va a necesitarse porque, al extenderse, hubo plata no prevista. Quizás haya que reforzar un poco”, comentó el jerarca del MGAP.
Una fuente oficial que habló con Búsqueda fue crítica con la planificación y ejecución que tuvo hasta ahora el Censo Agropecuario 2022. “Lo que se recabó no sirve para muestra” y fue un “fracaso”, opinó.
Arenare, por su lado, admitió que las cosas no salieron tal cual lo previsto, pero se defendió: “Hoy estamos en una situación en que la información tal cual está no es útil. Fracaso será si no lo podemos completar, pero estamos trabajando para eso. Creo que habría que esperar para juzgarlo así”.
Tendencia
Salvo que ocurra algo inesperado, las estadísticas que surjan del censo deberían confirmar ciertas tendencias que vienen dándose en el campo uruguayo —y a escala global.
Aunque sin reducirse la superficie del territorio dedicada a la producción agropecuaria en Uruguay, la cantidad de explotaciones fue cayendo de unas 68.000 en 1980 a poco más de 57.100 dos décadas después y a 44.781 en 2011. En ese período el campo también perdió población residente y trabajadores.
Datos más recientes del Banco de Previsión Social pautan que algunas de esas tendencias se han mantenido. Por ejemplo, la cantidad de empresas del agro que hacen aportes —formales— bajaron de unas 48.000 hacia fines de 2017 a 45.669 en junio pasado.
