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Durante decenas de años, el Estado uruguayo no tomó medidas para enfrentar la discriminación hacia los afrodescendientes. Incluso, mantuvo relaciones comerciales con Sudáfrica pese al apartheid. Fue recién en el siglo XXI, durante el gobierno de Jorge Batlle primero, y en las administraciones del Frente Amplio después, que esa realidad cambió, evaluó el director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.
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El director presentará hoy jueves, junto a otras autoridades, los resultados del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia 2019-2021. El plan propone “identificar, ordenar y orientar” las políticas públicas que promuevan la inclusión económica, social y política de las personas afrodescendientes, asignando recursos y prioridad en la gestión de los organismos e instituciones.
Además, anuncia que se promoverá la participación de las personas afrodescendientes en su territorio, y que se trabajará con las diferentes autoridades para que diseñen e implementen medidas con perspectiva “étnico-racial”.
El plan también propone incorporar la “perspectiva étnico-racial” en las políticas, programas y proyectos estatales “con el objetivo de erradicar la brecha de desigualdad racial que se mantiene, estableciendo metas e indicadores de gestión y proceso que permitan medir en el tiempo su efectiva aplicabilidad”.
De esa manera el Estado uruguayo cumplirá con las recomendaciones realizadas en 2016 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), escribió Graña en la introducción del documento. El CEDR es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en los Estados parte.
En el documento, Graña hace un racconto de las recomendaciones que hizo el CEDR para afrontar la discriminación racial en el país y señala lo poco que hizo el Estado uruguayo para cumplir con lo planteado.
Graña planteó que se debe terminar con el “mito de la excepcionalidad uruguaya”.
“Ese que se remarcaba en los libros, discursos y representaciones simbólicas. Ese que señalaba que el Uruguay era un país integrado, casi carente de desigualdades y donde claramente luego de la abolición de la esclavitud no hubo lugar para el racismo”, escribió.
Dijo que una de las formas de constatar el “discurso estatal que negaba la existencia de la desigualdad racial” son los informes del CEDR en los años 70 y 80. “En el año 1971 los informes del Estado fueron considerados insatisfactorios. En 1975 el Estado uruguayo informa que ‘no se registran en los anales de los juzgados y otras oficinas competentes denuncias por discriminación racial’ y por ello no eran necesarias la aprobación de normas antidiscriminatorias”.
En 1977 —recordó el jerarca— el gobierno dictatorial justificó sus relaciones comerciales con Sudáfrica pese a que en ese momento gobernaba el régimen del apartheid, un sistema de segregación racial que estuvo vigente hasta 1992. El Estado uruguayo afirmó ese año que no “había legislación especial para grupos minoritarios, puesto que todas las personas eran iguales ante la ley”.
En 1991 el gobierno sostuvo que la administración no tenía datos sobre la realidad de la población afrodescendiente porque “al elaborar las estadísticas sobre la estructura demográfica del Uruguay se omitía tradicionalmente la clasificación por razas o minorías, dado que esa clasificación podría constituir en sí misma una forma de discriminación”. Luego, Uruguay estuvo una década sin participar del mecanismo de examen de la organización.
Según planteó Graña en el informe, recién al comienzo del siglo XXI el Estado uruguayo comenzó a reconocer el fenómeno de la discriminación racial.
Destacó que en 2003 y 2004 —durante los gobiernos de Jorge Batlle— se aprobaron dos leyes: una contra la incitación al odio, el desprecio, la violencia o la comisión de actos de discriminación, y otra contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. En 2006, ya con el Frente Amplio en el poder, se aprobó la ley que declaró el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial.
Graña señaló que el hito en la historia de Uruguay fue la aprobación en 2013 de la ley de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes. Fue en esa ley, dijo, que se reconoció que la población afrouruguaya había sido “históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización”.
La norma establece que todos los poderes del Estado están obligados a destinar a personas afrodescendientes el 8% de los puestos de trabajo a ser ocupados en el año. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en 2017 solo el 2,06% de las personas que ingresaron al Estado eran afrodescendientes.
