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Mientras más de veinte personas se felicitaban y sacaban fotos, el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, no paraba de firmar convenios pese a que sus asesores le recordaban que tenía otra actividad protocolar. Para el ministro no era menor el acontecimiento: doce cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo recibían terrenos del Estado para construir sus viviendas.
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Con la firma de esos acuerdos, ocurrida hace dos semanas, el gobierno puso en práctica su nueva estrategia para facilitar la construcción de viviendas en tierras que son propiedad del Estado.
Saber cuánta tierra estatal puede ser utilizable para ese fin fue una tarea engorrosa y “arqueológica”, comentó a Búsqueda la directora Nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry.
La dirección que encabeza Etcheverry contrató una consultora para que hiciera un relevamiento de la totalidad de inmuebles disponibles de los organismos del Estado. Fue un trabajo que llevó casi dos años en el que se hizo una “búsqueda en el registro de todo lo que fuera para programas habitacionales”.
En total se encontraron 254 hectáreas de terreno y fincas que pertenecían al Estado. Esa cifra equivale a 2.540.000 metros cuadrados. Para tener una idea, las doce cooperativas que firmaron convenios con el ministerio semanas atrás, ocupan poco más de cinco hectáreas (50.000 metros cuadrados) en las que se construirán 396 viviendas. De todas maneras la cantidad de viviendas por metro cuadrado dependerá del proyecto que se presente, aclaró Etcheverry.
Pero de esas 254 hectáreas, hay 60 que no pueden ser utilizadas, ya sea porque están en el área rural o en zonas inundadas. También hay otros terrenos que tienen destinos específicos, como por ejemplo para centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), policlínicas o escuelas.
Etcheverry señaló que la tarea de relevamiento fue compleja ya que se encontraron con terrenos del Estado que no tenían títulos, falta de planos o problemas para delimitarlos.
La jerarca señaló que para llevar adelante programas habitacionales “es imprescindible tener una política de tierras”. “La vivienda es un producto que no se puede comparar con otras prestaciones sociales. Hay costos importantes en los materiales, en los plazos de obra, en el costo de mano de obra, en el proyecto en sí, en las autorizaciones y en el insumo fundamental que es la tierra. Son componentes costosos”, dijo.
Etcheverry explicó que cuando el ministerio encuentra un terreno estatal que interesa, le cursa un oficio al organismo planteando la necesidad de utilizarlo para la construcción de viviendas. Si el titular del terreno o finca es un ministerio el traspaso es “sin costo”, dijo. Si es otro tipo de organismo estatal, “se tasa al valor catastral y lo paga el propio ministerio”. Luego, una vez que se escritura se hipoteca el predio y la cooperativa paga.
El ministerio pone como prioridad en los terrenos que elige la zona en la que están ubicados. Uno de los temas es evitar que estén en zonas marginales. Al firmar los convenios, Beltrame dijo que el objetivo es que el cooperativismo “tenga las mismas oportunidades que tienen que tener todos los ciudadanos, accediendo a zonas centrales, a la zona de la ciudad en la cual existen otras oportunidades, que no impliquen necesariamente, como históricamente se hizo, que tengan que ir a la periferia a colonizar”.
Por esa razón, en los lugares elegidos para la construcción se tiene en cuenta la existencia de servicios básicos como agua, saneamientos, luz y trazados de calles o cuál sería el costo de proveerlos.
La Dirección Nacional de Vivienda está estudiando el futuro de 29 hectáreas que se ubican en Cerro Largo, Lavalleja, Paysandú, Salto, Durazno, Flores, Canelones y Montevideo.
La idea es que para el 2013, el 50% de esas hectáreas sean adjudicadas a cooperativas. Indicó que ya se hicieron los estudios de factibilidad y que ahora se trabaja con OSE para la extensión de las redes de saneamiento.
