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Sobre la base de que en América Latina la “cuestión democrática” aún “no es un tema que se dé por resuelto”, de que existen riesgos de “desestabilización” y de que es necesario reforzar los mecanismos institucionales de los acuerdos entre países, los senadores del Frente Amplio aprobaron esta semana el proyecto de ley sobre compromiso con la democracia de los Estados parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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El texto no fue apoyado por los senadores de la oposición, quienes argumentaron que la redacción dada “no es feliz”, que tiene una “vaguedad preocupante” y que no da “garantías” a los Estados.
El protocolo adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur fue firmado por los presidentes en noviembre del 2010 y desde esa fecha comenzó a ser ratificado por cada uno de los países. La medida se aplicará en caso de “ruptura” o “amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
El proyecto tiene dos artículos polémicos para los legisladores de la oposición. El tercero que señala que el Consejo de Jefas y Jefes de Estado o los cancilleres considerarán de forma “consensuada” la “naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas, tomando en consideración las informaciones pertinentes recabadas” y “respetando la soberanía e integridad territorial del Estado afectado”.
El artículo cuarto establece las medidas sancionatorias: la suspensión del derecho a participar en la Unasur; el cierre “parcial o total” de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o habilitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicación, provisión de energía, servicios y suministros; promover la “suspensión” del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones; “impulsar ante terceros países o bloques regionales la suspensión de derechos y/o beneficios derivados de los acuerdos de cooperación y aplicar sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.
“Este protocolo es un poco más duro en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas”, admitió Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) al defender la iniciativa.
“La cuestión democrática en América Latina, en Sudamérica, en el Mercosur, no es una cuestión que se dé por tema resuelto. No se puede descartar del horizonte la eventualidad de movimientos que tiendan a debilitar los sistemas democráticos y lisa y llanamente violar sus normas fundamentales”, comentó Rubio.
El legislador sostuvo que Uruguay “como país pequeño” debe, para “defender su soberanía”, asociarse a “acuerdos de orden regional que le den mayores fortalezas”. “Un cierto autismo puede colocarnos en situaciones de riesgo”, advirtió.
De parte de la oposición, Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dijo que los colorados son partidarios de los mecanismos para defender la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, señaló que el texto le genera “dudas”, y que por eso los colorados no lo votaron.
“Esto puede funcionar, pero puede funcionar de tal manera que requiera siempre la aquiescencia del Estado afectado —apuntó—. ¿Y cuándo habrá esa aquiescencia? Cuando quien se sienta amenazado por la ruptura del orden democrático sea el Poder Ejecutivo. Los presidentes podrán ir a la Unasur a reclamar apoyo cuando sientan que se les amenaza. Pero cuando sean los presidentes los que amenacen a los Parlamentos con disolverlos, cuando sean los presidentes los que amenacen al Poder Judicial con cercenar su independencia, este protocolo no puede funcionar porque los representantes del Poder Ejecutivo en esos órganos impedirán que exista el consenso”. De esta manera, dijo Pasquet, se confirma la idea de que “hay un club de presidentes que se defiende mutuamente”.
Gustavo Penadés (Unidad Nacional) remarcó que “no hay garantías” suficientes para apoyar el proyecto ya que el texto es “genérico y poco preciso”. “Es una redacción muy vaga y puede dar lugar a interpretaciones diferentes y no dando oportunidades, al Estado a sancionar, de ejercer los descargos correspondientes”, añadió.
Penadés puso como ejemplo la situación que se dio en Paraguay, que fue sancionado tras el juicio político al presidente Fernando Lugo, y preguntó qué pasaría si el país fuese Brasil.
Su compañero de bancada Sergio Abreu coincidió con que el protocolo es de una “vaguedad preocupante”. “Es necesario un procedimiento que dé garantías adecuadas”, opinó. “¿Nos vamos a amparar en el derecho internacional o vamos a seguir firmando con liviandad este tipo de antecedentes que después terminan siendo parte de nuestros compromisos?”, cuestionó.
Creer en la Unasur.
Por su parte, desde el oficialismo Alberto Couriel defendió el proyecto. Manifestó que “quienes están en contra de la Unasur es lógico que busquen en estos momentos argumentos jurídicos o políticos para seguir atacando las posibilidades que da la integración regional”.
Couriel señaló que para poder “negociar” no se puede estar aislado, por lo que defendió la integración a distintos bloques.
También respondió a Penadés respecto de qué pasaría si quien violara la cláusula fuese Brasil. “Si la Unasur no está en condiciones de usar la cláusula democrática, bueno, cerramos la Unasur, cerramos el Mercosur. Eso es lo peor que nos puede pasar. Los que creemos en Unasur, los que potenciamos la Unasur, sabemos que Unasur sancionará a aquellos que violen la cláusula democrática”, aseguró.
En tanto, Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) explicó que Uruguay es el que hace el consenso: “Si se van a poner medidas injustas, sin nosotros no las pueden poner. Hay tradiciones y no vamos a avalar cualquier circunstancia”.
