No suele ser un tema que políticamente genere dividendos y, quizás por ello, tampoco es común que ocupe asiduamente los medios de prensa. Sin embargo, los recursos que el sector público vuelca a la primera infancia han tenido un protagonismo creciente en los últimos meses.
Ya en la Rendición de Cuentas de 2021, el gobierno le había asignado una partida anual de 2.117 millones de pesos (US$ 48,5 millones) para 2022 y 2023 a un programa llamado Atención Integral a la Primera Infancia. Pero durante el análisis de la Rendición de Cuentas que actualmente está a estudio del Parlamento, el seguimiento de estas partidas presupuestales ha estado en la mira de la oposición, que asegura que no se han ejecutado de la forma prevista, en un año en que la pobreza infantil subió de 18,6% a 19,7%.
Los recursos surgen del artículo 312 de la ley de Rendición de Cuentas de 2020, votada a fines del año siguiente. En agosto de 2021, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que su cartera se haría con US$ 50 millones para un programa de primera infancia: el Bono Crianza, que alcanzaría a 65.000 hogares vulnerables.
Pero pocos días después, el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, cruzó fuerte al ministro y dijo que las políticas sociales no deberían tratarse simplemente de repartir dinero, como había hecho el Frente Amplio. Finalmente, en la interna de la coalición gobernante se acordó que el monto de dinero que inicialmente iría íntegramente para el Ministerio de Desarrollo Social se repartiría entre esa cartera, el Ministerio de Salud Pública, el INAU, la ANEP, ASSE y el Ministerio de Vivienda, para desarrollar políticas focalizadas en la primera infancia.
Cuando las autoridades del Ministerio de Salud Pública fueron el 25 de julio a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para hablar sobre la Rendición de Cuentas, la bancada frenteamplista buscó saber qué había sido de los 15 millones de pesos que se les había dado para el programa en 2022, dado que el monto aparecía en los informes como 100% ejecutado, pero se desconocía en qué. Allí, el asesor del ministerio, Julio Busson, aseguró que ese dinero en realidad fue traspasado a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con el objetivo de hacer capacitación y contratación de personal para un programa enfocado en el trastorno de desarrollo de niños menores de cinco años. Luego, el subsecretario José Luis Satdjian respondió que se concentraron las dos partidas anuales para este año, “para contar con el presupuesto, que era menor en 2022 y mayor en 2023, a fin de aplicar un despliegue territorial más importante para contratar a los médicos replicadores y también administrativos, que están en los procesos de selección”.
Una situación similar ocurrió durante la comparecencia de ASSE, dos días más tarde. “Queremos conocer sobre los retrasos que hubo en la utilización de esta partida y la postergación”, inquirió la diputada frenteamplista Bettiana Díaz. ASSE tenía asignados, en el marco de este programa, $ 21 millones, tanto para 2022 como para 2023, y la legisladora observó que el Sistema Integrado de Información Financiera sostenía que no había un solo peso de ejecución, pero la partida se había ubicado en la categoría “Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro”.
La contadora Lourdes Gervasini, de la Comisión de Apoyo de ASSE, respondió que el monto de 2022 fue enviado a su dirección, y en ese año se habían gastado 17,47% de los $ 21 millones, mientras que al 30 de junio de este año, 70,2%. Luego, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ASSE, Ignacio Ascione, sostuvo que ese dinero se utilizó para reforzar un programa de Casas de Desarrollo de la Niñez, que ya en 2022 había cumplido con creces sus objetivos.
En la comparecencia del Ministerio de Vivienda, el 1º de agosto, el titular de la cartera, Raúl Lozano, sostuvo que no se rendirían cuentas en 2022 porque el convenio fue firmado recién el 23 de diciembre, y los fondos quedaron disponibles en febrero de este año. Según dijo la diputada frenteamplista Ana Olivera a Búsqueda, el gobierno ha mostrado “dificultades de ejecución en todos los organismos”, al punto que en algunos casos “ni siquiera llegan a ejecutarse”, además de problemas con la evaluación de la política y con su gestión.
Daño colateral
El lunes 31 de julio, el tema volvió a estar arriba de la mesa durante una visita de una delegación del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Pero esta vez la convocatoria traería mayores consecuencias.
La diputada Olivera indicó que el convenio para llevar adelante el programa recién se firmó en diciembre 2022, pero a la vez señaló que existía una ejecución de 92%, por lo que dedujo que lo gastado se hizo con recursos adicionales. “Me cuesta mucho cerrar los números”, remató. Luego, Díaz recordó que otros organismos habían dicho que habían ejecutado el dinero del programa y en realidad solo lo habían pasado a la CND, por lo que preguntó cuál era la situación de los fondos y si haberlos transferido a dicho organismo era “suficiente” para considerar que se habían ejecutado.
En respuesta, la directora del Área de Planificación y Gestión Presupuestal e Inversión del organismo, Ana Paula Gorozurreta, dijo que la ejecución del programa había sido publicada en la memoria anual, aunque una parte fue transferida a la CND para obras de infraestructura.
A su vez, tanto Lustemberg como la directora del INAU por la oposición, Natalia Argenzio, señalaron que el organismo había devuelto unos 1.930 millones de pesos a rentas generales entre 2020 y 2022, en un contexto de “dificultades y gravedad extrema en situación de vulneración de los derechos de los niños”.
El presidente del INAU, Pablo Abdala, enfrentó las críticas opositoras y dijo que no se puede hablar de una devolución de recursos en detrimento de las políticas de infancia, aunque admitió que existe un “excedente” en el rubro 0 (para ingresos y pago de salarios), que, aseguró, no puede ser destinado a otros programas porque constituiría una “ilegalidad”. “En esta administración se dio la transferencia de recursos por concepto de refuerzo más alta de los últimos años”, aseguró.
La intervención de Lustemberg y sus posteriores declaraciones públicas traerían consecuencias imprevistas. La diputada redactó un hilo de Twitter cuestionando muy duramente la gestión del INAU, que fue respondido por Abdala en la misma red. Su accionar provocó malestar en muchos legisladores oficialistas que le habían dado su apoyo para el proyecto de ley de garantías de primera infancia. Si bien la exsubsecretaria del MSP tenía intenciones de que su inciativa se votara en la sesión de Diputados de ayer niércoles, el tratamiento del proyecto se terminó dilatando, en principio, para la primera semana de setiembre, a pedido de legisladores oficialistas.
Pero igualmente, la situación de las asignaciones presupuestales del INAU trascendió fronteras dentro de la coalición. El lunes 7, el tema fue abordado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado durante un intercambio que se había dado por la Rendición de Cuentas. Allí también hubo preocupación en algunos dirigentes por la presunta falta de ejecución de recursos del organismo.
Mientras tanto, la coalición incluyó en el proyecto de Rendición de Cuentas que se votó ayer en la comisión artículos de un proyecto de ley del diputado del Partido Independiente Iván Posada, para crear el “Fondo Infancia”, una persona pública no estatal que tiene como objetivo “poner fin a la pobreza infantil”. La iniciativa, para muchos legisladores, es contradictoria con el proyecto de Lustemberg, en la medida que crea un organismo nuevo para el área y ofrece un mecanismo diferente para atender la misma problemática.
