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    lunes 10 de junio de 2024

    Proyecto de Lustemberg sobre infancia desnuda diferencias entre blancos y frentistas ante las políticas interinstitucionales

    La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg está dispuesta a ir hasta al final con su proyecto de ley sobre infancia y adolescencia. En busca de aprobar la iniciativa, que tiene el resplado de su bancada, la legisladora ha hecho gestiones por dentro y fuera del Palacio Legislativo con el objetivo de conseguir que las políticas en esa área sean de Estado y no estén sujetas a los vaivenes del gobierno de turno.

    Lustemberg aseguró en una entrevista la semana pasada con Búsqueda  que existía un “acuerdo interpartidario” para impulsar su iniciativa sobre infancia y adolescencia. Pero si bien el proyecto ha comenzado a tratarse en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Baja, en filas nacionalistas sostienen que se trata de una propuesta que, al menos con su actual redacción, será “difícil” de acompañar, principalmente por tener formulaciones que no conforman a todos los blancos.

    A su vez, en algunos legisladores de la coalición oficialista ha causado malestar que, paralelamente a las negociaciones legislativas, Lustemberg haya mantenido reuniones con jerarcas del Poder Ejecutivo, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, o el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para impulsar el proyecto. Según dijo la diputada a Búsqueda, “enojarse” porque ella haya “recorrido esos caminos” es “una mezquindad muy grande”.

    De hecho, del diálogo que mantuvo Lustemberg con algunos líderes políticos surgió el apoyo de Beatriz Argimón a la propuesta, según informó la vicepresidenta a Búsqueda.

    La iniciativa, de unos 21 artículos, busca “la promoción de garantías” para el desarrollo, la protección y los derechos de niños y adolescentes. Define una serie de derechos y establece un diseño organizacional con el objetivo de maximizar la cobertura de las políticas referidas a esa población. Así, se crea un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero integrado también por otros ministerios, por Presidencia y otros organismos como la ANEP, el BPS, ASSE y el INAU. Ese gabinete tiene una serie de competencias y es encargado del “nivel estratégico” de las políticas. Luego hay un “nivel táctico”, que recae en una “Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación presupuestal de las políticas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia”, y un nivel ejecutivo, que corresponde a los sectores de los organismos representados en el gabinete.

    Un documento realizado por los diputados nacionalistas Álvaro Viviano y Fernando Araujo (suplente de Lema en la cámara), que integran la Comisión de Población y Desarrollo, da cuenta de las diferencias. “Es de orden destacar el espíritu positivo de dicha iniciativa legislativa”, dice el texto, pero sostiene que existen “aspectos” que deben perfeccionarse, referidos principalmente al “orden jurídico y presupuestal”.

    Los legisladores resaltan algunas intervenciones realizadas tanto por el ministro de Desarrollo Social como por el presidente del INAU, Pablo Abdala, en donde mencionan “acciones que ya se están llevando a cabo con el fin de reforzar y optimizar la organización existente en atención a la infancia y adolescencia”, como el Bono Crianza. “Ya se están llevando a cabo destacadas acciones que serían, a nuestro entender, difíciles de englobar en una estrategia única, entre otros motivos, porque tales acciones ya están funcionando de forma exitosa y no sería por tanto conveniente revertirlas”, dice el texto.

    A su vez, se expresa que la gestión de carácter “transversal” que propone el proyecto “debe conciliarse con el enfoque tradicional o jerárquico de la gestión”, pero en la iniciativa de Lustemberg “se aprecia que la transversalidad opera en desmedro del sistema de organización jerárquico”: “las funciones de los órganos y niveles no están claramente definidas y acotadas, por lo cual se corre el riesgo de multiplicar esfuerzos, recursos, tiempos e ineficiencias”, aseguran los diputados. Además, se sostiene que consolidar por ley esa interinstitucionalidad involucraría a la figura de un coordinador o gestor, lo que implicaría un aumento de recursos, que “actualmente se están destinando” a las mismas políticas.

    A su vez, el documento contiene críticas al diseño institucional del proyecto. Los legisladores sostienen que la distribución de competencias de cada nivel “debería estar resuelta con mayor rigurosidad”, dado que los límites son confusos, mientras que algunos organismos, como el presidente y sus ministros, tienen atribuciones no previstas constitucionalmente y otros tienen una autonomía que “colide con las disposiciones” del proyecto.

    En conclusión, Araujo y Viviano sostienen que “la estructura general es difusa”, no se “preserva” el “principio de jerarquía” y hay “aspectos que no fueron previstos”, como la “transición” entre el modelo actual y el que dispone el proyecto.

    Martín Lema. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

    Interrogantes

    Durante una sesión de la comisión el jueves 13, Lema también planteó algunas interrogantes, similares a las del documento de los legisladores, aunque de forma más conciliadora. En su exposición dijo que, “a pesar del espíritu” de la iniciativa que comparte, tiene dudas acerca de “si la herramienta tiene que ser un proyecto de ley”, dado que muchas veces las leyes no se cumplen a cabalidad. Luego, la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, se preguntó si el esquema propuesto, de abordaje interinstitucional, “no burocratizará más o si no dejará cargada la mochila del Ministerio de Desarrollo Social de un montón de obligaciones que pueda llevar el proyecto en la letra para con el Ministerio de Desarrollo Social y no para con otras instituciones”.

    En tanto, el representante de Cabildo Abierto en la comisión, el diputado Martín Sodano, dijo a Búsqueda que mantuvo una reunión el jueves 19 con Lustemberg para trabajar en el proyecto y hacerle devoluciones en la redacción. El legislador aseguró que existe alguna diferencia en el marco jurídico, pero que se está haciendo un “intercambio constructivo”. Si bien dijo que todavía no sabe si apoyarán el proyecto como está, ve positivo que se trate el tema y “hoy la herramienta es esta y no hay más propuestas”. A su vez, señaló que se trata de un tema de la preocupación de su partido.

    “El Mides y el INAU plantean reparos y dicen que es innecesario, pero la realidad es que el resultado de la cantidad de beneficiarios de las políticas es mínimo. Y cada organismo genera su política pero no está unificado, se pisan los programas y las implicancias no son las mismas”, consideró.

    Información Nacional
    2022-10-19T21:17:00