Seguramente, en algunos rubros del agro el grado de utilización de ese servicio contra riesgos climáticos varíe, pero todavía se está lejos de la masificación de los seguros.
En este caso, se trata de un tipo de seguro de inversión o rendimiento que le permite determinado dinero al productor agrícola.
“Hoy ese seguro abarca a unas 230.000 hectáreas” destinadas a los cultivos de granos, precisó Buffa, y planteó que “lo interesante de expandirlo es para tener blindada la cadena” productiva. La agricultura se realiza sobre “tierras tercerizadas”, con “una estructura de contratos en la que los proveedores de insumos financian”. Entonces, “si hay un instrumento de seguros, todo fluye mucho más y es más virtuoso”, dijo.
Buffa acotó que esto produce “confianza” y entonces “el que financia insumos lo puede hacer con más seguridad”. Eso permite “tener a la agricultura circulando”, lo que significa producir “muchas divisas” para Uruguay, resaltó.
En referencia a los ciclos zafrales, el jerarca indicó que “cada seis meses la producción agrícola genera plata y movimiento”. En contraste, “cuando hay una crisis de rendimiento y un productor se funde, hay tres que están esperando para entrar al negocio”, advirtió. Y señaló que “la agricultura seguirá existiendo, pero a un costo de gente que se funde”.
“Queremos preservar un entramado de productores, a los que les queremos dar las mejores posibilidades para que crezcan, sean cada vez más eficientes y generar mejores negocios”, declaró Buffa.
Un concepto manejado entre los actores del agro y de las firmas aseguradores es que la falta de información en el negocio de los seguros se sustituye por primas de mayor costo.
Asimetrías de escala
La actual administración adoptó una posición explícita en cuanto a su apoyo al sector agropecuario y el propio presidente Luis Lacalle Pou dijo estar del lado del campo. Eso en ciertos sectores de la sociedad y en la oposición política se interpreta como un respaldo a un grupo de grandes empresas del agro y a familias de estancieros, recreando el tradicional enfrentamiento entre campo y ciudad y las alusiones a las camionetas 4x4.
Como una manera de demostrar que eso no es así, Buffa destacó que el subsidio en el seguro es para productores de hasta 300 hectáreas y, además, se creó la figura de los aglutinadores, que permiten a cooperativas de productores de mediano y menor porte canalizar el acceso a ese beneficio.
“El aglutinador está vinculado con los productores, es el que negocia el seguro y financia los insumos”, por lo que “son los más preocupados por tener seguros baratos para la máxima cantidad de área posible y son los que permitirán aterrizar estos instrumentos justamente en ese tipo de productor”, argumentó.
Enfatizó que “las grandes empresas agrícolas tienen su sistema de información y la capacidad de ir a negociar directamente con cualquiera empresa aseguradora”.
Con “los aglutinadores, como la Unión Rural de Flores, la Agropecuaria de Dolores, Copagran”, entre otras organizaciones, “se le está dando la oportunidad a ese productor de 100 hectáreas que está en un lugar donde a la aseguradora no le es tan atractivo ir de que, como tiene ese sistema, termine enganchándose en esto”, dijo Buffa.
Afirmó que el nuevo mecanismo “es pensado en los pequeños productores agrícolas, que plantan 200 hectáreas, 300 hectáreas, 500 hectáreas”.
“Es una medida bien clara, que baja las asimetrías de escala entre productores agrícolas grandes y chicos en el acceso a los seguros”, sostuvo.
Entre los empresarios agrícolas hay coincidencia respecto a la relevancia que tiene instalar un esquema de seguros de rendimiento que cuente con un subsidio estatal para hacer más accesible el contrato de ese servicio y que permita mitigar los riesgos del negocio.
Desde la posición de las empresas aseguradoras es clave que el productor contrate el seguro todos los años y no solamente cuando los pronósticos climáticos adviertan una potencial sequía o algún otro fenómeno extremo, dijeron a Búsqueda operadores del sector.
Un dato elocuente del riesgo que supone este seguro productivo es que el dar cobertura aseguradora al área de cultivos de verano y de invierno en el agro local representa un monto de US$ 500 millones, aproximadamente, estimó el supervisor del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado (BSE), Andrés Grunert, en una conferencia realizada en el marco de la reciente Expo Activa, en Soriano. Y advirtió que esa cifra es “equivalente al patrimonio” de ese banco estatal, en el entendido de la dimensión del riesgo de ese negocio.
Al ser consultado sobre el interés de cada una de las partes involucradas en este tema, el subsecretario del MGAP señaló que “los aglutinadores son los principales negociadores de que las primas sean lo más bajas posibles, porque no es el Estado el que negocia”.
“Lo que nosotros no queríamos era que esto se transformara en un subsidio para las propias aseguradoras”, advirtió.
Como parte del plan piloto, el jerarca comentó que el MGAP otorgó un “subsidio” en la prima del seguro de “US$ 10 por hectárea y hasta 300 hectáreas por productor” para “un total de 50.000 hectáreas en el país”.
Para el gobierno resulta primordial el rol que jugarán esos “actores de intermedio”, en el sentido de que buscarán “tener la máxima extensión de cultivos asegurada” para lograr un “mayor blindaje” de su negocio.
Uno de los propósitos es que el seguro agrícola por rendimiento “se masifique en su uso”, lo que “pasará por contar con la información” y que “las aseguradoras hagan su parte”, dijo.
Otro tema importante que el jerarca consideró es la negociación con las firmas reaseguradoras del exterior. “En un diámetro de 200 kilómetros se concentra” la producción agrícola de Uruguay y “si se clava una seca en esa zona será un golpe negativo”, planteó. Acotó que por eso las reaseguradoras ven la agricultura uruguaya como “riesgosa”, por lo que “se requiere de datos e informaciones para respaldar” esa negociación.
“Escalar en este tipo de política pública es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, por eso este plan piloto es a dos y tres años y se tiene que consolidar la información”, justificó.
Secreto estadístico
Buffa recalcó la importancia de darles a los productores la “absoluta tranquilidad” de que la información que proveerán al sistema “está salvaguardada por el secreto estadístico” y “no se puede usar para otra cosa que no sea para esto”.
El criterio que se utilizará en ese sentido es el mismo que cuando los productores brindan datos en las encuestas que realiza la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea).
“Sin información esto va a fallar”, avisó. Y apeló a su experiencia personal al decir: “Mi vida ha sido trabajar en la gestión de información, y este proyecto tiene esa complejidad”.
