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El control de los abusos en los vehículos oficiales es una preocupación desde hace décadas para gobiernos de distintos partidos. El Presupuesto de 1957, por ejemplo, definió como “indebido” el uso de los coches que eran manejados por personas ajenas al servicio o que circulaban fuera del horario administrativo. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se comprobó que los gastos de funcionamiento en el rubro eran “excesivos” y que no existía un “adecuado control” de la flota. Esos abusos también preocuparon a los presidentes Jorge Batlle y Tabaré Vázquez.
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Una respuesta a este problema en el uso de la flota oficial fue la creación del Sistema de Control Vehicular (Sisconve), un software administrado por Ancap que controla en tiempo real el consumo del combustible. Permite, además, una inspección satelital de los vehículos y la información de los recorridos y pretende mejor “eficiencia y control”, según los objetivos que se trazó.
Sin embargo, su creación no evitó que los excesos de gastos se sigan repitiendo en algunas reparticiones. Un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió por la falta de controles en la gestión vehicular y el gasto del combustible en todas las unidades ejecutoras de esa cartera. La auditoría, realizada en abril de 2022 para el ejercicio de 2020, concluyó que hubo “falta de revisión y control” de los vehículos oficiales, lo que se traduce en “exceso de gastos”. Encontró también dispositivos instalados en automóviles que no estaban operativos y coches con los cuentakilómetros rotos, lo que impedía realizar los “controles de rendimiento”.
La auditoría constató que había vales de combustibles que fueron utilizados y que no estaban vinculados a vehículos ni a máquinas. Hubo despachos de combustibles no acreditados por los procedimientos habituales, lo que no permitió “garantizar la calidad y cantidad del gasto”.
“La falta de precisión y confiabilidad de la información, sumada a la falta de transparencia y de conocimiento de los procedimientos, determina que todas estas variables queden explícitas en resultados que no tienen explicación y no se puede saber lo acontecido”, agrega el informe interno del MTOP.
La información que proporciona el Sisconve es “suficiente” y “correctamente analizada”, permite hacer controles para mejorar la gestión, pero en el MTOP “no se hace un uso óptimo del sistema”, agrega la auditoría. Esta “ineficiente gestión de la flota automotriz” genera “comportamientos estancos” en la administración, que llevan a que existan “controles fragmentados” que no permiten constatar “debilidades, fallas y errores en los procesos”.
El informe recomienda que se optimice el uso del sistema unificando el monitoreo de datos en todos sus ámbitos y a hacer un “control pormenorizado” de todo lo que comprenda al Sisconve.
Esta auditoría forma parte de una respuesta a un pedido de informes que hizo la diputada colorada Nibia Reisch.
Nueva unidad
Cuatro meses después de este informe interno del MTOP, el ministro José Luis Falero resolvió crear una Unidad de Gestión y Control en la órbita de la Dirección General de Secretaría del ministerio.
El subsecretario Juan José Olaizola dijo a Búsqueda que tras la creación de esta unidad todo está más “controlado” en la gestión vehicular. En ese ámbito se realiza un seguimiento “satelital y en tiempo real” de la flota del MTOP. Indicó que la cartera es una de las que más vehículos tiene y que la creación de la unidad ha sido “efectiva”.
La instalación de esta oficina se dio por las “necesidades de reorganización institucional en virtud de los principios de buena administración, eficacia y eficiencia”, dice la resolución. Era “necesario unificar y centralizar la gestión” para controlar la flota automotriz y la “locomoción diaria” en todo el MTOP.
Esta unidad también se encarga de gestionar la cartelería publicitaria en las rutas nacionales, tiene a su cargo el registro de las empresas instaladoras de estos avisos y monitorea la red de luminaria vial, entre otras actividades. De sus potestades se excluye la maquinaria vial, los camiones y los vehículos especiales afectados al tránsito, el mantenimiento y la estructura de algunas de las direcciones del ministerio.
Otras irregularidades
En los primeros dos años y medio de esta administración, la auditoría interna del MTOP encontró irregularidades en otros de los procesos que evaluó.
Un informe realizado en 2021 detectó que hubo “irregularidades que evidencian una mala administración” en los procesos del MTOP en cuanto a “seguridad y custodia de bienes inmuebles” expropiados para el Ferrocarril Central. En estas acciones hubo, según la auditoría, “apartamiento de los principios y procedimientos” de una buena gestión en la contratación de servicios sin realizar un procedimiento competitivo y la “constante” reiteración del gasto. Hubo también “omisiones, demoras injustificadas, fallas en controles, (y) errores en actas”, lo que tuvo un “impacto en el exceso del gasto”.
En octubre de 2020, en tanto, se realizó la primera auditoría interna de este período para evaluar las acciones del Sistema Integrado de Transporte de Carga (Sictrac). El informe asegura que no hay conocimiento sobre la cantidad de vehículos que llegaron a tener colocados el dispositivo y que en ningún momento “se cuantificó el beneficio” que se obtenía con la instalación del Sictrac ni “su costo asociado”. Los procedimientos de este sistema de monitoreo quedaron “en forma difusa” y expusieron “los problemas de administración que se deben a las dificultades de planificación, con la capacidad de respuesta, debilidades en la toma de decisiones, manejo de la información (y) riesgos”.
La unidad de auditoría del MTOP también evaluó las acciones en torno a la expropiación del predio de Fanapel, en Juan Lacaze (Colonia). El análisis se hizo en noviembre de 2020 y el informe asegura que fue “desajustado” el proceder del MTOP de ofrecer “un valor inferior al de la tasación”.
El predio de la industria papelera que cerró en 2017 le interesaba a la Administración Nacional de Puertos (ANP) para desarrollar un puerto en la ciudad. La Dirección Nacional de Topografía envió una nota a la ANP con un resumen de la tasación. El texto decía que el monto inicial de la indemnización a la papelera sería de US$ 7 millones, pero un documento que adjuntaba establecía el valor final en US$ 9,9 millones. Agregaba además una estimación de US$ 3 millones por las obras de demolición, movimientos del suelo y la readecuación del predio.
La auditoría califica como “irregular” que no se haya cumplido de manera “formal” con el informe de tasación y que hubo “órdenes verbales”, que no son un “instrumento válido”. La expropiación no se concretó porque Fanapel “supuestamente” no aceptó la oferta de US$ 7 millones.
