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Las consecuencias del vertido de 900 metros cúbicos de soda cáustica en el arroyo Sauce, afluente del río Negro, todavía no son claras. Sin embargo, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, adelantó que el derrame no ameritaría aplicar la sanción económica más dura y, además, que el lugar comenzó a reconstruirse naturalmente.
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Estos dichos no fueron bien recibidos por las organizaciones ambientalistas, quienes cuestionan el accionar de la cartera frente a lo que consideran uno de los accidentes ambientales más graves ocurridos en el país. El meteorólogo y activista perteneciente al Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) Raúl Viñas dijo a Búsqueda que le “asombra el nivel de medias verdades e incluso falsedades de las declaraciones” que hizo el jerarca. Consideró “lamentable” la actuación del ministerio ante el vertido, pero lo interpretó como “coherente con la necesidad de esconder el mayor derrame químico en la historia uruguaya y asegurar la operación de UPM”.
“Las afirmaciones de Bouvier diciendo que la naturaleza se va a recuperar —también se recuperará en Chernóbil y Fukushima— parecen más las de un ejecutivo de UPM que las de un ministro de Ambiente”, cuestionó Viñas.
El activista se refería así a las declaraciones del jerarca, quien aseguró que “lo que queda es evaluar el impacto ambiental que tuvo el derrame y si eso amerita o no aplicar una futura sanción por daño ambiental”, complementaria a la multa de 1.000 Unidades Reajustables por el incumplimiento de su Plan de Gestión Ambiental de Operación.
Viñas afirmó que es “ridículo que pudiendo multar hasta por US$ 4 millones, este desastre solo merezca una multa del 1% del máximo permitido”, sobre todo al tener en cuenta que la empresa tiene una ganancia neta de US$ 650.000 por día.
Por otro lado, dijo que si bien desde hace varios años en Movus mantienen trato directo con el subsecretario de la cartera, Gerardo Amarilla, hasta ahora nunca han podido contactarse con Bouvier a pesar de sus reiteradas solicitudes de reunión.
“El ministro ni sabe ni le interesa el tema”, criticó Viñas. Agregó que las acciones de la cartera “guardando absoluto silencio por más de 40 días son inaceptables” y que “las mentiras de la empresa en sus publicaciones, sumado al hecho de que se les haya permitido continuar con la operación mientras continuaba la pérdida, no permiten tener confianza en el ministerio”.
El malestar respecto a las sanciones anunciadas hasta el momento por la secretaría de Estado también fue manifestado por decenas de otras organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internacionales. Y es que a través de un comunicado dado a conocer el martes 31, más de 70 agrupaciones enviaron una carta a Presidencia y al Ministerio de Ambiente en la que solicitaron la aplicación de sanciones más duras contra la finlandesa.
Particularmente, piden “sancionar a UPM 2 con la parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder”. Y por otro lado, proponen “instalar una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la participación y control de toda la ciudadanía en las tres plantas de celulosa (UPM, UPM 2 y Montes del Plata)”.
El comunicado es firmado por más de 20 organizaciones extranjeras (incluidas varias finlandesas), lo que a entender de Viñas “demuestra el interés internacional por el derrame” ocurrido en agosto en Pueblo Centenario.
Problemas internos
UPM no es el único dolor de cabeza para el Ministerio de Ambiente. En la cartera coexisten actualmente otros conflictos internos que demandan la atención de su titular.
La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) solicitó al presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada que vete el artículo 427 de la Rendición de Cuentas, que habilita el “ingreso a la función pública de contrataciones directas que no concursaron para desarrollar tareas” en la secretaría de Estado. Además, el gremio anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad frente a esta disposición.
Según indicaron los trabajadores, este tipo de contratos alcanzaría el 10% del total de la plantilla de funcionarios, lo que afectaría fuertemente el fondo de inversión del ministerio y dejaría muy resentida la posibilidad de invertir, dijo a Búsqueda Ana Clara Pereira, integrante de la comisión directiva de Atrama.
“Estamos muy enojados por la situación”, expresó. Y es que, según dijo, el martes 24 los trabajadores se reunieron con autoridades de la cartera, “de donde surgió que se duplicó la cantidad de contratos de designación directa que se pasan a funcionarios públicos”.
“El ministro informó que ingresaría un número máximo de 20 trabajadores amparados en el artículo 427. Pero por los porcentajes de afectación a los fondos de inversión que nos presentaron, ese número se duplicó”, criticó.
Pereira dijo que el ministro manejó también un máximo de 40 personas por la ampliación del artículo 52, que finalmente se redujo a 22. Sin embargo, cuando les plantearon los porcentajes de afectación en la reunión “los números no cerraban”, y si bien no les confirmaron de cuántas personas se trataba, los trabajadores calcularon que “el número se había invertido”.
“Habían pasado a 20 por ampliación del artículo 52 y a 40 por designación directa, lo que implica el 19% del fondo”, afirmó.
Rinaldo Rossi, también integrante de la directiva de Atrama, se refirió a la movilización del sindicato frente a la sede del ministerio que tuvo lugar la semana pasada. Según dijo a Búsqueda, la decisión de la cartera cayó como “un baldazo de agua fría” entre los trabajadores, quienes entienden que el ingreso por designaciones directas implica que “prácticamente no pueda haber ninguna mejora para ningún funcionario de aquí a 2026”.
“Afecta todo el funcionamiento del ministerio”, lamentó Rossi.
El gremio no volvió a reunirse con las autoridades. Si bien se les informó que ya se generaron dos expedientes para enviar a Presidencia con motivo de la creación de nuevos cargos, hoy tienen “la misma incertidumbre que gran parte de la administración central” acerca de la firma de ese decreto, comentó Pereira.
En paralelo, también se vive un clima de cierta tensión en la cúpula del ministerio. Según indicaron a Búsqueda varias fuentes técnicas de la cartera, existe una relación “tirante” entre Bouvier y Amarilla. Esto se debe a la independencia con la que se maneja el segundo en escala de jerarquía, quien coordina su propia agenda, lo que ha generado algunas “contradicciones fuertes” entre la postura de ambos jerarcas ante determinadas situaciones.
