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Desde 2017 el Estado intenta modernizar los puntos de control fronterizos, pero el objetivo es mucho más complicado de lo previsto. En dos ocasiones las propuestas quedaron canceladas y una tercera, impulsada con fuerza por el actual Ministerio del Interior, está en espera desde hace ocho meses ante observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas por problemas con la garantía que presentó la empresa ganadora de la licitación.
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En agosto del año pasado, el gobierno convocó a un llamado internacional para contratar una solución llave en mano que instale y mantenga un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresen y egresen de Uruguay. El objetivo es construir una nueva plataforma que permita el registro de movimientos migratorios en todos los tipos de pasos de frontera (terrestre, aéreo y fluvial), las funciones de identificación “fehaciente” de las personas y su documentación de viaje, el control de período de permanencia, las visas electrónicas, los permisos de menor, los permisos sanitarios y otros requisitos que se establezcan por normativa. Presentaron ofertas las empresas Dafiway, Veridos y Vilnago.
En 2018 el ministerio había lanzado un llamado similar a partir de una iniciativa privada de Dafiway; el proceso se declaró desierto porque la oferta elegida —de Veridos— violaba aspectos del pliego. En 2019 el Frente Amplio inició otra licitación, clausurada en 2020 por el entonces nuevo ministro Jorge Larrañaga luego de reclamos entre las ofertantes.
La licitación presentada en agosto del 2022 fue otorgada en enero a Veridos, una compañía mexicana que ofrece servicios integrales de identidad para gobiernos, desde chips eléctricos hasta puertas electrónicas y otras herramientas para el control de fronteras. Sin embargo, en mayo la diaria informó que el Tribunal de Cuentas observó la decisión del Ministerio del Interior.
El organismo aseguró que el artículo 19 del pliego que rigió el llamado estableció como requisito para los postulantes la presentación de una garantía antes de la hora 10 del 27 de octubre, momento en que se abrió el llamado. “Los oferentes deberán depositar en el Departamento de Tesorería del Ministerio del Interior una garantía de mantenimiento de oferta por el monto total de US$ 200.000. Dicha garantía deberá constituirse en forma previa a la presentación de ofertas”, indica el pliego. Y agrega que ese requisito de la garantía es “excluyente” y “no subsanable”.
La garantía de Veridos consistió en dos transferencias bancarias: la primera por US$ 199.988 llegó a la cuenta del ministerio el 27 de octubre a las 19.11, y la otra de US$ 12 con fecha 28 de octubre lo hizo a las 15.33. “El depósito inicial se efectuó con posterioridad al acto de apertura. La oferta de la referida empresa debió desestimarse, en virtud del principio de estricto cumplimiento de los pliegos”, valoró el Tribunal de Cuentas.
El Ministerio del Interior respondió con una consulta al tribunal en la que señala que las observaciones en el marco de un procedimiento licitatorio “no tienen un efecto vinculante para la administración licitante, sino que se otorga al ordenador del gasto competente la potestad de insistir en el gasto observado”.
El argumento, al que accedió Búsqueda, señala además que el primer depósito de Veridos se realizó a las 3.05 del 27 de octubre y no a las 19.11. “Lo que ocurrió es que al momento de la apertura de ofertas dicho importe aún no se había acreditado en la cuenta del ministerio. Pero el pliego no exigió la acreditación efectiva en la cuenta del ministerio, sino la transferencia realizada con anterioridad al acto de apertura y su acreditación mediante el comprobante respectivo. Ambos extremos fueron cumplidos por el oferente”, apuntó Interior.
Respecto al pago de US$ 12, el ministerio sostuvo que el monto inicial que ingresó en sus arcas fue de U$S 199.988 porque el banco descontó de la transferencia de US$ 200.000 los gastos de administración. La empresa debió entonces completar el saldo con otro giro.
Pese a las explicaciones, el 12 de julio el Tribunal de Cuentas decidió mantener la observación. El ministerio resolvió ahora insistir con el gasto, dijeron fuentes oficiales. Entre las justificaciones para la decisión hay un informe elaborado por el académico Carlos Delpiazzo.
Si el gobierno avanza en la compra pese a las observaciones del Tribunal, el Frente Amplio evalúa tomar acciones legales y parlamentarias, dijeron a Búsqueda fuentes de la oposición.
