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Fueron muchos meses bajo fuego para el Ministerio del Interior. Mientras la investigación de Alejandro Astesiano avanzaba, la discusión pública corrió el foco de la entrega de pasaportes irregulares por parte de una organización integrada por el principal custodio del presidente de la República.
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La crítica desde la oposición pasó primero a la eliminación de antecedentes de Astesiano en el sistema informático policial y luego a sus comunicaciones regulares con jerarcas policiales para solicitarles favores o información reservada. El caso culminó en la Justicia con algunos de esos jerarcas imputados y en la Policía Nacional con toda la plana mayor reemplazada. Las nuevas autoridades, dirigidas desde el miércoles 1° por José Manuel Azambuya, suponen una renovación para el ministerio desde lo operativo. Desde lo político, la decisión es contraatacar con la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, uno de los hechos simbólicos de la administración del Frente Amplio en seguridad.
“No tener conocimiento del traslado del narcotraficante más peligroso de América a entrevistarse con Morabito y culpar a Bonomi. Se señala por el fiscal Lackner una red de corrupción policial en Cárcel Central. ¿Nadie sabía nada? Una vergüenza. Esto sí es corrupción”, escribió el ministro Luis Alberto Heber esta semana en su cuenta de Twitter. Heber se refería a la declaración que ante el fiscal Ricardo Lackner hizo Mario Layera, director de la Policía cuando Morabito escapó. El País informó el domingo 26 que Layera, en diciembre y en calidad de indagado, aseguró no estar al tanto de encuentros mantenidos en prisión entre el delincuente italiano y un narcotraficante mexicano, y que en última instancia la responsabilidad correspondía al entonces ministro Eduardo Bonomi.
A la posición de Heber se sumaron la de las restantes autoridades de Interior, que en los últimos tres días apuntaron en Twitter contra la gestión frentista en seguridad pública, principalmente la encabezada de 2016 a 2020 por Bonomi y Layera.
“¿Por qué permitieron y facilitaron 12 traslados sin autorización judicial, para que se reunieran un gran narcotraficante y un mafioso italiano? Como lo califica el propio fiscal: 'un escándalo’. Y se pasan la pelota”, sostuvo el subsecretario Guillermo Maciel. “Llegó el tiempo del sálvese quien pueda. Fue Bonomi, dice Layera. Él no está para defenderse. Triste recurso. En estas manos estuvimos 15 años”, escribió el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González. “¿En el Frente Amplio nadie asume responsabilidades políticas?”, se preguntó Andrés Capretti, asesor de Heber.
El director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, relacionó la fuga de Morabito con ciertas políticas de seguridad pública que el Frente Amplio aplicó desde 2005 y a su entender derivaron en la liberación de reclusos, el aumento de rapiñas, la clausura de la oficina de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Montevideo, el crecimiento de Uruguay como ruta de tráfico internacional de cocaína y el cierre de las brigadas policiales departamentales contra estupefacientes.
Edificio exsede de Jefatura de Policía y Cárcel Central en la calle San José y Carlos Quijano en el centro de Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Increíble
Morabito, miembro de la organización calabresa ‘Ndrangheta, fue detenido en Uruguay en setiembre de 2017. Había pasado más de veinte años huyendo de la Justicia italiana, acusado de ser uno de los principales traficantes de drogas a escala internacional. Iba a ser extraditado desde Montevideo, pero en junio del 2019 escapó del Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la ex Cárcel Central ubicada en San José y Carlos Quijano.
La investigación del hecho recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, encabezada por Lackner hasta hace semanas. Tras más de tres años de investigación, el único imputado —ya liberado— fue un capitán de la Dirección Nacional Guardia Republicana por una causa paralela a la propia fuga: el fiscal sostuvo que la logística para el escape de Morabito se sustentó en sus encuentros en prisión con Gerardo González Valencia, un poderoso narcotraficante mexicano acusado de distribuir cocaína en Estados Unidos, detenido también en Uruguay en abril de 2016.
Desde la sede de la Guardia Republicana, donde estaba recluido, González Valencia fue trasladado en al menos 12 ocasiones para visitas conyugales a Cárcel Central, donde se vinculó con el italiano. Debido a los traslados, Lackner citó a declarar a Layera y a Alfredo Clavijo, entonces director de la Guardia Republicana. El lunes 27 El Observador informó que, en su testimonio fiscal en diciembre, Clavijo señaló que tampoco sabía de las reuniones entre Morabito y González Valencia. “Lo sabría él. No sé si lo sabía”, indicó sobre Layera.
Consultado por las revelaciones en rueda de prensa, Heber calificó de “increíble” que las autoridades ministeriales y policiales “permitieran que dos peligrosos narcotraficantes coordinaran acciones desde Cárcel Central”.
El embate del oficialismo fue respondido entre otros por Fernando Gil, quien dirigió la Unidad de Comunicación del ministerio durante la administración Bonomi. “Los mismos que reclaman hoy responsabilidades políticas son los que tuvieron en Astesiano a un facilitador de gestiones ilegales. El ruido mediático hoy se ocupa de este caso en una táctica distractiva como la del tero”, opinó.
El caso está ahora en manos de Silvia Porteiro, que reemplazó a Lackner en Delitos Económicos y Complejos. Hace dos semanas Búsqueda informó que en el oficialismo generó preocupación y molestia la falta de resultados del trabajo de Lackner; esperan que Porteiro pueda encontrar pruebas para imputar a los responsables de la fuga.
De la investigación se espera que forme parte Gonzalo Larrosa, actual jefe de Policía de Flores, quien dirigió el INR desde marzo de 2017 a noviembre de 2018. Una resolución que forma parte del expediente judicial, firmada por Larrosa en abril de 2018, puso en conocimiento a las autoridades de la Cárcel Central que González Valencia dependía administrativamente de este centro, a pesar de que por motivos de seguridad estaba alojado en las instalaciones de la Guardia Republicana.
