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    El PIT-CNT reclama “respuestas” a Lacalle Pou para empleo, pobreza y salario, mientras rodea el conflicto en la educación

    José Olivera, secretario general de Fenapes, dice que la sanción a los profesores de San José causó un malestar similar al de la esencialidad decretada por Vázquez, que no prendieron “fuego todo” porque era febrero y que Robert Silva es un “sádico” que reprimía estudiantes en los 90

    Una de las incógnitas que planteaba el cambio de gobierno en 2020 era qué sucedería con la relación entre las nuevas autoridades y el movimiento sindical; cómo se procesarían las tensiones políticas que desde ambos lados se habían explicitado de antemano. Durante la campaña, Luis Lacalle Pou solía repetir que no compartiría el poder con los sindicatos y prometía volver a equilibrar la balanza de las relaciones laborales que, aseguraba, durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas se había inclinado hacia el lado de los trabajadores.

    Del otro lado, el PIT-CNT se había pronunciado con claridad sobre lo que estaba en juego en la contienda electoral. Según su análisis, se decidía entre dos modelos de país: el del bloque social y político de los cambios, en el que incluía al Frente Amplio, o el de la restauración conservadora en el que situaban al proyecto de la coalición multicolor.

    Pese a ese escenario previo, sacudido por el coronavirus el 2020 pasó como uno de los años menos conflictivos de las últimas décadas, solo superado por el 2005 y el 2009, según los registros que lleva desde 1995 la Universidad Católica. El 2021 empezó con otro tono, sobre todo en la educación, que tuvo un comienzo particularmente agitado.

    Pero el cambio de impronta también comienza a verse en otros sectores. El Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) realizó un paro la semana pasada en reclamo de trabajo e inversión pública. La Coordinadora de Sindicatos de Ancap —que también integra el Sunca— prepara una movilización para el 10 de marzo, día en que analizará la posibilidad de un paro de 24 horas. La medida formaría parte de un plan de lucha contra decisiones que, entienden, buscan dejar a la empresa pública como algo testimonial y allanar el camino para una desmonopolización en el futuro inmediato.

    El PIT-CNT tiene tres prioridades claras para este año: empleo, pobreza y salario. Para plantear su preocupación por esos tres puntos le pidieron una reunión al presidente Luis Lacalle Pou, que se concretó ayer miércoles 3 por la mañana.

    Al salir los dirigentes del Secretariado Ejecutivo que integraron la delegación valoraron positivamente la reunión. Volvieron a insistir en la puesta en práctica de una renta básica de emergencia, en un ámbito para impulsar el empleo y pidieron que se cumpla con la promesa de iniciar en 2021 el camino de la recuperación salarial. Más allá del buen diálogo, no se llevaron compromisos concretos.

    “Hay propuestas, esperamos respuestas”, escribieron luego en sus redes sociales.

    Sobre las medidas que un día antes Lacalle Pou había anunciado en el Parlamento, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en conferencia de prensa: “Puede y debe rendir más, hay que meter mucho más de inversión pública para generar trabajo y atención a la gente que está pasando mal”.

    La provocación, Donald Trump y el elefante

    Una definición adoptada el 21 de diciembre del año pasado distorsionó el comienzo de clases y tensó las relaciones de las autoridades educativas con los sindicatos. Desde esa fecha la Dirección General de Secundaria tenía resuelto sancionar a 15 trabajadores del Liceo N°1 de San José por fotografiarse haciendo campaña contra la reforma constitucional Vivir Sin Miedo en 2019. La decisión, sin embargo, recién se dio a conocer el pasado jueves 25 y complicó aún más un vínculo que ya venía tenso por cuestiones como la disminución de grupos y de horas docentes en Secundaria y UTU y las condiciones de las escuelas para poder asegurar la presencialidad anunciada en Primaria.

    Los docentes fueron sancionados con seis meses de separación de sus cargos y con retención del 50% de sus sueldos. Esa medida fue recibida como una “provocación política” por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que en respuesta resolvió hacer un paro de 24 horas el lunes 1° y una movilización en San José.

    Reunidos en asamblea, consideraron la posibilidad de focalizar la medida de lucha en San José para no afectar tanto el inicio de clases, pero el ambiente estaba demasiado crispado. De hecho, también estuvieron sobre la mesa caminos bastante más duros que el que terminaron tomando.

    “El estado de ánimo de los compañeros en la asamblea era muy similar al que tuvimos cuando el gobierno de (Tabaré) Vázquez decretó la esencialidad: no se prendió fuego todo porque era febrero, pero había gente que proponía ocupar todo, porque se les caían las lágrimas de bronca e impotencia. Al final resolvimos parar la mano para no solapar todo el caos del inicio de cursos”, contó a Búsqueda José Olivera, secretario general de Fenapes.

    Para el dirigente, el proceso que llevó a la sanción de los docentes no fue administrativo, sino “político”: fue “una declaración de guerra” deliberada contra el sindicato. Aseguró que uno de los objetivos políticos de la investigación era el vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, quien también trabaja en ese liceo, pero a quien no pudieron probarle que hubiera hecho campaña contra la reforma constitucional dentro del centro educativo.

    Como considera que se trató de una maniobra política, Olivera apuntó directamente a las autoridades educativas. Sobre la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que “es un elefante en un bazar, que lumpeniza cualquier debate, le falta el respeto a todo el mundo, genera miedo y hasta se pasea por los pasillos del Consejo gritando ‘¡se acabó el recreo!’”.

    A Robert Silva, en su discurso del lunes durante la movilización, lo caricaturizó como “el gran Donald Trump que gobierna por Twitter y manda a sus hijos a la educación privada”. También lo acusó de intentar producir una grieta y dividir, una estrategia que, según dijo, ya intentó aplicar cuando fue secretario general del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública entre 1996 y 1999.

    “Robert Silva es el mismo que encabezaba la represión a los estudiantes en los 90 y lo hacía con el puro placer sádico que lo caracteriza, porque parte de la concepción autoritaria del ejercicio de la administración”, dijo.

    El PIT-CNT respaldó con contundencia a Fenapes. El presidente, Fernando Pereira, fue uno de los oradores de la movilización del lunes en la que advirtió que habrá “una y mil respuestas del movimiento sindical” para intentar revertir la sanción a los docentes. En su opinión, el Codicen cometió un “tremendo acto de irresponsabilidad” al obligar al sindicato docente a “ir a un conflicto no deseado”.

    “Hace mucho tiempo que en el Uruguay no veía una provocación de este volumen contra los trabajadores”, dijo, y añadió que con esa “brutal persecución sindical” las autoridades están “escondiendo la incapacidad que han tenido para que las clases pudieran comenzar en forma normal”.

    El martes por la tarde, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT rechazó la sanción por considerarla una persecución que afecta el derecho al trabajo, la libertad de expresión y la libertad sindical. La resolución aprobada reclama que se revierta la sanción y llama a manifestar esa posición en todas las instancias de diálogo que se tenga con autoridades del gobierno. También le pide a la mesa representativa que analice medidas como redes de asambleas y resoluciones para “rodear solidariamente a los trabajadores afectados”.

    El planteo se lo hicieron llegar a Lacalle Pou en la reunión que tuvieron, aunque sin reclamarle que intervenga para respetar la autonomía educativa.

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