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El ministro de Defensa Nacional, Javier García, tiene en sus manos el fallo de un Tribunal de Ética militar que considera que el exdirector de la Escuela Naval cometió una falta grave durante su período al frente de esa institución. Junto al presidente Luis Lacalle Pou, García tendrá que determinar en las próximas semanas si la resolución es adecuada y si el siguiente paso en la carrera del oficial queda interrumpido.
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La situación involucra al capitán de navío de la Armada Nacional Pablo Quezada, quien desde marzo de 2020 a diciembre de 2021 dirigió la Escuela Naval y que sobre el cierre de su gestión fue responsabilizado por otro oficial de “actuar incorrectamente” en el trato hacia una funcionaria, indicaron a Búsqueda fuentes militares. La empleada, con rango de marinera de primera, es esposa de Nicolás Taramasco, capitán de corbeta y quien fue jefe de Navegación e Instrucción de los Guardiamarinas y también comandante del buque patrullero ROU 12 Paysandú.
En noviembre Taramasco pidió a la Armada Nacional que se juzgue el comportamiento del exdirector de la Escuela Naval, para lo cual se dispuso la intervención del Tribunal General de Ética y Conducta Militar de la institución. Aunque los tres miembros del tribunal votaron de manera dividida, su presidente entendió que se produjo una falta ética grave, un hecho “aislado” para lo cual recomendó el inicio de una investigación administrativa o sumario, añadieron las fuentes. La resolución se mantuvo pese a un recurso presentado por el involucrado, quien argumentó que hubo falta de garantías a lo largo del proceso ya que el reglamento indica que el fallo debe alcanzarse únicamente por mayoría de votos y el presidente del tribunal no tiene facultades para emitir un voto doble.
El hecho sucede mientras Quezada aguarda la confirmación de su próximo destino en la Armada Nacional: el 12 de noviembre fue nombrado agregado de Defensa a la embajada de Uruguay en el Reino Unido, representante permanente alterno ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y representante permanente ante los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (FIDAC). La designación fue formulada por el Comando General de la Armada Nacional y firmada por Lacalle Pou y García. Tras elevársele en enero el fallo del Tribunal de Ética, el Ministerio de Defensa dejó el nombramiento en stand by y analiza en este momento tanto la resolución del tribunal como un informe complementario que le fue enviado por su Dirección de Asuntos Jurídicos. La decisión de homologar o no el fallo corresponde al Poder Ejecutivo, que por obligación legal debe pronunciarse en todas las sentencias de todos los Tribunales de Ética y Conducta Militar de las Fuerzas Armadas.
Alto concepto
Los tribunales de ética de las Fuerzas Armadas fueron establecidos en 2019 con la reforma a la ley orgánica militar aprobada en la última administración del Frente Amplio. Fueron ideados en reemplazo de los polémicos tribunales de honor, un dolor de cabeza para la coalición de izquierda evidenciado con la confesión de José Gavazzo: en un tribunal de honor del Ejército Nacional el represor admitió haber sido parte de la desaparición del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973, según publicó el periodista Leonardo Haberkorn en abril de 2019 en el diario El Observador. Seis generales fueron cesados por el entonces presidente Tabaré Vázquez por encubrir su declaración.
En setiembre de ese año, vía decreto, el gobierno elaboró el reglamento mediante el cual los nuevos tribunales entraron en vigencia. Señala que su exclusivo cometido es juzgar la conducta, desde el punto de vista ético-moral, de los oficiales en actividad o retiro, “a los efectos de velar por el alto concepto del que deben gozar las Fuerzas Armadas”.
El decreto publicado por el Poder Ejecutivo define el código de conducta con los principios y las normas que rigen el ejercicio de la profesión militar “y que han de servir de fundamento para el necesario juzgamiento y sanción, en el aspecto ético-moral, de las conductas de aquellos que se aparten de tales preceptos”, independientemente de los procesos contra militares que pueden ser iniciados y juzgados en la órbita penal o civil.
Para evitar que se les inicien procesos en Tribunales de Ética y Conducta Militar, los mandos superiores tendrán que seguir una línea de comportamiento hacia sus subalternos que incluye: el respetuoso acatamiento dentro de las normas legales que establecen la relación; respeto y dignidad en el trato; tratar a sus subordinados con ecuanimidad, formalidad y corrección, sin detrimento de ejercer la autoridad que legalmente le es conferida; y proteger, asistir y velar por el subalterno en todo momento, circunstancia y lugar.
Los tribunales dependen disciplinaria y administrativamente del comandante en jefe de la fuerza correspondiente, a quien se le elevarán los fallos para ser enviados en última instancia al Ministerio de Defensa Nacional. Los tribunales pueden recomendar la sanción a ser aplicada, sin que esta sea vinculante.
