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La única vez que el gobierno envió a Estados Unidos pasta base de cocaína para analizarla en un laboratorio internacional, los resultados generaron preocupación en las autoridades del Ministerio del Interior: una de las muestras arrojó que la droga había sido “cortada” con talio, un elemento que se utiliza en la elaboración de plaguicidas.
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Con ese antecedente, el ministro Eduardo Bonomi firmó hace unos días un convenio con el Parque Científico Tecnológico de Pando (PCTP), lo que permitirá a la Policía analizar las sustancias incautadas, cambiar el sistema de destrucción de los estupefacientes y realizar una “trazabilidad de la droga” para conocer su origen y movimiento, dijeron a Búsqueda fuentes de la Secretaría de Estado.
“El objetivo del acuerdo es crear una alianza con una institución uruguaya que posee la capacidad de análisis que nosotros no tenemos y que nos auxiliará en las investigaciones”, explicó uno de los informantes.
Veneno.
Cuando en julio del 2012 presentó las medidas para mejorar la seguridad y la convivencia, el Poder Ejecutivo incluyó propuestas que apuntaban a fortalecer el combate al narcotráfico.
Una de las iniciativas quedó plasmada en una ley aprobada a fines del año pasado en el Parlamento y supuso un aumento de las penas para los traficantes de pasta base. La Policía atribuye parte del incremento de la violencia al aumento del consumo de esa droga, que se elabora con residuos de la cocaína.
“Uno puede conocer a alguien que hace tres meses que consume pasta base y ver que está muy deteriorado, pero eso no se debe a la cocaína, sino a lo que se le agrega. Al año, el deterioro es todavía mayor y hay gente que no se recupera”, afirmó Bonomi cuando tuvo que defender en el Parlamento el proyecto de ley para aumentar las penas.
El ministro relató que el gobierno envió a Estados Unidos varias muestras de pasta base para ser analizadas más a fondo que en el Instituto Técnico Forense, donde se determinó que en la composición había talio —que es un metal pesado que se utiliza en el veneno para ratas y que afecta la médula—, insecticidas y agrotóxicos, elementos que tienen determinada acción sobre el cuerpo humano, más allá del clorhidrato de cocaína”.
Para poder castigar a quienes venden “veneno”, el gobierno incluyó en el paquete de medidas la instalación de un “laboratorio especializado para el análisis de drogas” que permita “identificar” sus componentes.
Luego de estudiar el mejor camino para llevar esa medida a la práctica, el Ministerio del Interior resolvió recurrir al PCTP, que depende de la Facultad de Química de la Universidad de la República.
Según el contrato firmado el miércoles 20, al que accedió Búsqueda, las dos instituciones se comprometen a cooperar en la puesta en marcha de “programas de formación de personal investigador y técnico” y en “colaborar en la creación de un laboratorio para el análisis de sustancias sospechosas y su trazabilidad”.
A su vez, el acuerdo incluye como objetivo la “implementación” en conjunto de “soluciones para la destrucción de sustancias sospechosas” y la “consolidación, mejora y capacitación de un Laboratorio de Investigación Científica (CSI)”.
“Trazabilidad”.
De acuerdo con los estudios internacionales, Uruguay no es un país productor de estupefacientes. La Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) define a los países del Cono Sur como “lugares de tránsito” de cargamentos de cocaína, pasta base y heroína que luego son enviados a Europa y Estados Unidos.
Por Uruguay pasan las sustancias que se producen en los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Parte de esa droga queda en el país para cubrir el consumo del mercado local.
Para las autoridades uruguayas es “clave” contar con un laboratorio que permita a la Policía hacer una “trazabilidad” de la droga y determinar su origen. “Esto nos permitirá mejorar el combate al narcotráfico, porque vamos a conocer mejor de dónde llegan las sustancias”, explicaron las autoridades consultadas.
