El Poder Ejecutivo prepara un sistema de gestión para sus 2.498 bienes inmuebles

Ya existía un registro de inmuebles estatales pero, para actualizarlo y completarlo, un decreto de abril de 2015 dispuso la realización de un “inventario general” indicando el uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral de los inmuebles, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración. El trabajo lo realizó un equipo integrado por la Escribanía de Gobierno, la Contaduría General de la Nación, la Dirección Nacional de Catastro, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), además de la OPP, que en setiembre de ese año presentó los resultados al Poder Ejecutivo: son 2.498 las propiedades —edificios y terrenos— relevadas pertenecientes a la Presidencia y los Ministerios. Aproximadamente 1.600 inmuebles son urbanos y suburbanos, y los cerca de 800 restantes se ubican en zonas rurales.

El diagnóstico permitió, primero, identificar respecto a esos activos un “marco normativo fragmentado, que les ha dado competencias a organismos y unidades en función de cuál es el registro”, dijo Dibarboure.

Segundo, surgieron “dificultades de acceso a la información” así como datos de “baja calidad” de ciertos inmuebles, agregó.

Tercero, se identificó que la gestión de cada propiedad la hace cada organismo en forma autónoma “con su gente, sus modalidades y procedimientos”, dijo.

Como otras deficiencias detectadas surgió que “la titulación, su custodia, los planos, están un pedacito acá y otro allá”, a la vez que no se aplican criterios únicos para la valuación de los inmuebles del Poder Ejecutivo.

Sistema.

Teniendo en cuenta ese diagnóstico —que está siendo actualizado por una consultoría— y con la anuencia de la Presidencia de la República, el grupo creado por decreto continuó trabajando. “Inventariar es como tomar una foto de un momento determinado que sirve para sacar conclusiones; es saber cuántos son, dónde están, cuánto miden, si es obra nueva o no, si están en uso o no. Pero vimos la oportunidad de dejar de ver la foto y tener una visión sistémica, ya no pensando en llevar las altas y bajas del registro sino aspirar a una gestión de estos activos no financieros del Estado”, explicó. Con ese propósito, elaboró un plan para la creación de un Sistema de Información y Gestión de los Bienes Inmuebles del Estado y, a través de Agesic, se lanzó una consulta pública —que seguirá abierta hasta mayo— para recibir propuestas y experiencias en torno a su desarrollo e implantación. Luego se hará un llamado a licitación.

“Todo esto termina con una gran base de datos con título, padrón, metraje, qué organismo es el dueño y otras dimensiones de clasificación con información de calidad e integrada”, subrayó el jerarca. La intención es cerrar el período de gobierno con el sistema ya operativo.

“Cualquier persona que tenga en su patrimonio personal un inmueble que no está usando y le está generando gastos y ningún tipo de ingreso, ¿qué haría? Con esto no nos estamos poniendo en el rol de dueños, que son todos los uruguayos. En la Ciudad Vieja hay cerca de una decena de inmuebles del Estado que están fuera de circuito: ¿qué refuncionalización podría haber? El Palacio de Justicia estuvo sin utilizarse durante 40 años. ¡Son 35.000 metros cuadrados!”, manifestó el subdirector de la OPP.

Por otro lado, informó que el grupo de trabajo podrá plantear como propuesta para discutir si se realiza o no una gestión centralizada de tareas como el mantenimiento de los edificios públicos, como se hace en algunos países.

Según dijo, el diseño del sistema contemplará la posibilidad a futuro de sumarle otros módulos para, por ejemplo, gestionar la flota de vehículos, maquinaria y equipos informáticos del Estado. “¿Quién gestiona esos activos? ¿Con qué protocolos? Parece una cosa bastante menor, pero acumulado es algo muy importante”, sostuvo.