El actual proceso penal “no es eficaz” para combatir los delitos

En el país existe un proyecto de reforma del proceso penal a estudio del Parlamento que en sus aspectos sustanciales cambia el actual modelo inquisitivo por uno acusatorio, deposita la carga de la investigación en los fiscales mientras que el juez pasa a ser un tercero imparcial y dispone que las audiencias deben ser orales y públicas.

“Sacás a un chico y atrás vienen tres. El tema es que alguien les dice cómo robar los coches y qué automóviles hay que robar”, añadió.

“¿A quién se le puede ocurrir que 20 jueces, cada uno trabajando independientemente, sin coordinación, alcanzan para provocar una política de persecución penal eficiente?”, inquirió. Y de inmediato agregó: “Hay que cambiar los ejes, porque lo que se ve hoy es a una Justicia encerrada en sí misma, con un autismo social muy grande y enredada en trámites que nadie entiende. Por lo tanto, la reforma del proceso penal es uno de los caminos para empezar a tomarse en serio el combate a la criminalidad”.

De este modo, según Binder —quien ha sido asesor de la reforma procesal penal en Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador y otros países de América Latina— se está enfrentando a la delincuencia del siglo XXI con herramientas del siglo XVI.

“Reingeniería”.

A su juicio, la reforma debe comenzar por una “reingeniería completa” del Ministerio Público que debe ser el “pivot alrededor del cual comienza el proceso de modernización” del Estado en el área.

De acuerdo con su experiencia, esto no supone una pérdida de poder del juez sino de un nuevo rol al que los magistrados tendrán que acostumbrarse, más vinculado al cuidado y al respeto de las garantías.

“Es un mito más que un problema real que los jueces no quieren las reformas”, apuntó el experto.

“No ha sido un resultado de las reformas un papel más deslucido de los jueces. Al contrario. En este aumento de la capacidad de intervención del Estado en la vida privada de la mano de un papel más activo de la Policía y de la Fiscalía —todas cosas absolutamente necesarias pero que también aumentan los riesgos de abusos sobre la sociedad— se necesita un juez que proteja al ciudadano”, reflexionó.

Según su experiencia, ese rol de tercero imparcial del juez “se ve bien” por parte de la sociedad. Lo que “desorienta” a la gente son los magistrados actuales que están “entretenidos en trámites insulsos o en tratar de actuar como fiscales la mitad del día”.

De hecho, para este experto la reforma del proceso penal no es más que “un proceso de diferenciación de funciones” en la que cada uno de los actores cumple un rol determinado.

En ese sentido es clave el papel de los defensores que tendrán que aggiornarse también a las características de los juicios orales y públicos.

“La sociedad comprende claramente que hoy en día el imputado tiene que tener un defensor. Lo que la sociedad no comprende es por qué no podemos ser eficientes en este juego” del combate a la delincuencia, apuntó.

“¿Mágicamente?”

. Con respecto a este tema, el experto no ve ninguna dificultad en que el imputado espere el final del juicio en libertad. De acuerdo con los postulados de la reforma, la prisión preventiva pasará a ser la última alternativa y no una suerte de condena anticipada como sucede hoy en día. Según su experiencia eso no produce irritación en la opinión pública.

“Generalmente cuando ha habido grandes protestas populares es por casos de abusos policiales o por casos de impunidad muy evidentes. La prisión preventiva se vuelve algo abstracto, porque lo que la sociedad no quiere es que haya impunidad”, aseveró.

Binder, quien también es asesor del Centro de Justicia de las Américas de la Organización de Estados Americanos, indicó que la reforma no debe llamar a engaños porque no necesariamente va a implicar una disminución en los delitos que más preocupan a la población como las rapiñas.

“¿La reforma mágicamente va a mejorar los números? No, nadie lo ha hecho. Ni siquiera los países desarrollados, algunos de los cuales tienen esto desde hace 200 años y con muchos más recursos que nosotros. Pero son las herramientas básicas para dar la pelea”, dijo.

“Hoy en día estamos en el peor de los negocios, porque no tengo las herramientas para enfrentar la criminalidad y al mismo tiempo lo hago a un costo de las libertades públicas inadmisible”, agregó.

Según el experto, “obviamente” en el Uruguay de hoy se violan los derechos humanos porque según los parámetros modernos “no te pueden condenar si un acusador no lleva la prueba a un juicio oral y público donde un examinador imparcial lo vea y vos te puedas defender”.

“¿Eso sucede en el Uruguay? No”, concluyó.