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    El debate sobre los indigentes en Ciencias Sociales provocó un duro enfrentamiento entre las autoridades de la facultad

    Gerardo Caetano, al igual que otros docentes, se negó a asumir el decanato durante la licencia de su titular, Diego Piñeiro, si no se adoptaba una posición más restrictiva sobre el ingreso al edificio

    “Realmente, consejero, me ha decepcionado”, dijo el decano Diego Piñeiro. “Usted me ha decepcionado, infinitamente”, respondió Gerardo Caetano. Ese diálogo cerró el jueves 30 la última sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), que durante varias horas debatió sobre cómo responder a la situación generada por el uso de las instalaciones del centro por parte de personas en situación de calle.

    Todo eso llevó al cierre temporal de la sala de informática —para evitar su uso por personas ajenas a la institución—, la elaboración de una encuesta, reuniones con otras instituciones y la creación de un equipo de trabajo para definir un plan de acción.

    La propuesta de 12 puntos que elaboró el grupo de trabajo, en el cual participó el decano Piñeiro y que planteaba la reapertura de la sala de Informática, elevó la tensión el jueves entre las máximas autoridades de la facultad. Al punto de que el consejero Caetano, profesor grado 5 y primer suplente del decano, llegó a plantear su negativa a ocupar el decanato de la facultad durante la licencia de Piñeiro, del 10 al 30 de setiembre, por considerar que no estaban dadas las condiciones para asumir el cargo.

    El decano aseguró que los funcionarios de vigilancia detectaron a “una veintena de personas conflictivas” a quienes se les prohibió la entrada. Pese a que la sala de Informática permaneció cerrada en las últimas dos semanas, han circulado “de siete a diez indigentes” por el primer piso del recinto universitario.

    “Mi primera responsabilidad es como docente, pero ni que hablar en el cargo de sustituto de un decano. Es una responsabilidad que está por encima de todas: por la vida y por los derechos de los estudiantes, de los trabajadores y de todos los que transitan por la facultad. Realmente, no creo que estén dadas las condiciones”, afirmó.

    Caetano agregó que su decisión respondía a una “convicción personal” y dijo sentirse “un poco agraviado” durante la discusión en sala, si bien defendió “el debate ideológico” en el seno del cogobierno. “De hecho, debato todas las semanas sobre temas que exceden a mi núcleo de investigación y tengo que soportar el rechazo explícito de medios de derecha que desde hace cinco o seis años, con una saña absolutamente personalizada, viven atacándome”, dijo el historiador y politólogo. Y agregó: “Nunca tuve el respaldo de la Universidad ni de la facultad, cuando el diario El País o Búsqueda, o todos ellos, por cuestiones ideológicas, me agraviaron”.

    A medio metro lo escuchaba el decano, quien dijo que estaba “sorprendido”, “decepcionado” y “descolocado” por la decisión de Caetano. Según Piñeiro, el consejero “usó la herramienta de la renuncia” al decanato para “introducir un elemento de presión” en la discusión y dejarlo en una posición “realmente muy compleja”. “No lo esperaba de usted”, aseguró.

    La posición de Caetano fue emulada por otros docentes grado 5 que también se excusaron de asumir el decanato. Ante este panorama, Piñeiro se planeó dos opciones: cancelar su viaje o “dejar la facultad acéfala”.

    Tras un intenso cuarto intermedio, Piñeiro resolvió ceder en su posición, según explicó luego, para evitar “una situación institucional complicada”.

    Así, el consejo resolvió no votar las propuestas que el decano y los órdenes de estudiantes y egresados se disponían a aprobar por mayoría, y decidió nombrar a una comisión con representación de los tres órdenes para buscar una propuesta alternativa a definir en octubre, cuando regrese el decano de su licencia. También se acordó que hasta entonces la sala de Informática permanecerá cerrada.

    Tras eso, el consejero Caetano aceptó asumir el decanato y así lo ratificó oficialmente el lunes 3.

    El debate.

    El documento con las propuestas del “grupo de trabajo sobre población externa”, firmado el 28 de agosto, incluye, además de la reapertura en un horario restringido de la sala de Informática —cerrada desde el 20 de agosto por ser el principal “llamador” de estas visitas—, medidas para “el uso de espacios de tránsito comunes”, como el hall, baños y cantina de la facultad, y “la contratación de un/a educador/a social” para “orientar” a los usuarios sobre las normas de convivencia” en la institución.

    Los autores también proponen el dictado de talleres de capacitación en informática y en empleabilidad, y “jornadas de debate” académicas sobre “la problemática” de los sin hogar.

    El plan de acción comprende además un “protocolo y campaña de convivencia en la facultad con énfasis en las situaciones de acoso”, el diseño de “propuestas diurnas” con otras instituciones para personas que viven en la calle, y reforzar la vigilancia con la instalación de cámaras de seguridad.

    Desde el orden estudiantil mantuvieron que cerrar la sala “no es una solución para una sociedad que intenta o debería formar profesionales comprometidos con la sociedad y con estas poblaciones”.

    Desde el orden estudiantil mantuvieron que cerrar la sala “no es una solución para una sociedad que intenta o debería formar profesionales comprometidos con la sociedad y con estas poblaciones”.

    Los estudiantes pidieron atender a una “población históricamente vulnerada” y reafirmaron que “el debate es ideológico”, en defensa de “un modelo de universidad de puertas abiertas”.

    A su turno, los docentes expresaron sus reparos a varias de las propuestas. Algunos hasta consideraron “una falta de respeto” que parte de la población indigente “tenga que fumarse una charla sobre cómo comportarse, cuando son contados con los dedos de la mano los que generan problemas” en la facultad. Además, cuestionaron si realmente corresponde a la universidad asumir “tareas de inclusión socioeducativa” ante “la evidente falta de respuesta de las instituciones del Estado”.

    “Adviertan que nosotros también queremos una universidad libre, que no queremos expulsar a nadie, que encaramos nuestra vocación desde la adhesión más firme a la causa de los más pobres. Pero que tenemos una visión distinta, y que eso es respetable”, sostuvo Caetano, al suscribir la posición del orden docente.

    Las poblaciones.

    Desde 2011 la población en situación de calle aumentó 53%. En ese período creció 26% la cantidad de gente que duerme a la intemperie y 59% los usuarios de refugios; un total estimado de 556 en calle y 1.095 en centros nocturnos, según datos de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social.

    En la encuesta que realizó la facultad a un total de 97 usuarios externos de la sala de Informática, la gran mayoría (80%) declaró vivir en refugios. El resto dijo que lo hacía en pensiones o albergues compartidos, entre ellos cuatro extranjeros residentes en el país.

    La mayoría usó las computadoras de la facultad para buscar trabajo o para recrearse, y otros generaron problemas con el personal por discusiones y falta de hábitos en los espacios públicos del edificio: desde personas dormidas en los salones hasta gente que orinó y defecó en la sala de Informática, y que vomitó sobre las computadoras.

    En la encuesta que realizó la facultad a un total de 97 usuarios externos de la sala de Informática, la gran mayoría (80%) declaró vivir en refugios.

    El decano aseguró que los funcionarios de vigilancia detectaron a “una veintena de personas conflictivas” a quienes se les prohibió la entrada. Pese a que la sala de Informática permaneció cerrada en las últimas dos semanas, han circulado “de siete a diez indigentes” por el primer piso del recinto universitario, según supo Búsqueda.

    Sin embargo, “la respuesta integral” al problema aún no ha sido resuelta en el consejo. El debate sigue centrado en cómo acompasar el discurso de “puertas abiertas” con el que se sostiene de puertas afuera.

    “Las personas en situación de calle es un tema que está viviendo el país y hay que darle una respuesta. Nadie quiere la expulsión de estas personas. Pero a la facultad le corresponde, como a toda la ciudadanía, asumir su parte de responsabilidad en esto. No podemos mirar para el costado, y menos en una facultad de Ciencias Sociales”, dijo el decano a Búsqueda.

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