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Una metáfora sobre una locomotora fue el ejemplo utilizado por los productores rurales para explicar sus sensaciones previas a la cadena nacional que el martes 27 emitió la Presidencia de la República. “Para que la locomotora funcione no solo es necesario que ande bien el motor. Se necesita el chasis, las ruedas y muchas otras partes que componen el todo. Fraccionar, dividir y no mirar el todo no hace más que tener una locomotora que tarde o temprano se va a parar”, afirmó el movimiento Un Solo Uruguay en un comunicado de nueve páginas y 27 puntos que se anticipaba al discurso del gobierno sobre la situación agropecuaria.
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La conclusión de los productores, casi prediciendo la cadena nacional, ratificó tanto su falta de expectativas como de avances en las conversaciones que han mantenido con el Poder Ejecutivo, estancadas más allá de la mesa de diálogo que se instaló entre ambos y ya manifestada con episodios como la discusión pública que algunos de sus integrantes mantuvieron la semana pasada con el presidente Tabaré Vázquez.
En la transmisión del martes 27 por cadena nacional, de casi media hora de duración y encargada al periodista Fernando Vilar, la administración de Vázquez buscó transmitir su mirada de la situación: describió las políticas que permitieron el desarrollo agropecuario en los últimos 15 años, explicó las razones para las dificultades que viven algunos de sus sectores y destacó las medidas que se tomaron para solucionarlas. Hizo referencia, por ejemplo, a la influencia de los precios en la rentabilidad del negocio agropecuario y al “crecimiento sostenido” que la economía ha tenido desde 2005.
Aunque esos dos argumentos fueron luego criticados públicamente por distintos productores y dirigentes rurales, fueron otros dos los que más molestaron: los conceptos sobre trazabilidad y aftosa.
En su discurso Presidencia valoró que “Uruguay es el único país del mundo donde la trazabilidad es obligatoria para todo el rodeo vacuno, lo que abrió los mercados más rentables a la producción”, para lo cual “el Estado invierte por año US$ 12,5 millones”. Resaltó que desde 2003 Uruguay está calificado como país libre de aftosa con vacunación y que “en 2017 el Estado invirtió US$ 13 millones para la compra de vacunas que se distribuyen gratuitamente a los productores”.
Las palabras y cifras manejadas enojaron a los productores, ya que en ambos casos hay aportes de los ganaderos, que fueron establecidos por normas legales para el financiamiento correspondiente. Para la compra de las vacunas contra la fiebre aftosa se cobra una tasa de control sobre la faena del ganado que está en US$ 3,80 por cada res faenada, luego de dos incrementos fijados por decreto en 2006 y en 2009. Esa misma tasa rige para la exportación de ganado. Según datos del Ministerio de Ganadería, la recaudación por el cobro de esa tasa pasó de US$ 3,4 millones en 2004 a US$ 10,3 millones en 2013 y luego bajó a algo menos de US$ 9 millones.
El expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), y actual representante de esa gremial en la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Ricardo Reilly, escribió en su cuenta de Twitter: “El gobierno pretende transmitir que el sector agropecuario en Uruguay es una actividad subsidiada al estilo europeo. Cada cosa que afirman es peor que la anterior”.
También en Twitter reaccionó el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago. “En esta relación Poder Ejecutivo-gremiales del campo y Un Solo Uruguay, donde el gobierno decía buscar la construcción del diálogo y el trabajo en conjunto por el bien común, empecé creyendo, luego se generaron dudas de verdadera intención, hoy me confirma que he sido un gran crédulo ingenuo”, dijo.
“Racconto muy prolijo”.
A lo largo del mensaje, el Poder Ejecutivo reiteró algunos datos divulgados en las últimas conferencias de prensa que realizó el presidente Vázquez y algunos ministros respecto a que la Dirección General de Desarrollo Rural apoyó con US$ 40 millones a los productores de menor escala para aumentar la productividad. También hizo hincapié en el Fondo Agropecuario de Emergencia, que desde 2008 destinó unos US$ 16 millones para enfrentar emergencias como sequías e inundaciones. Recalcó además, “el impulso al uso responsable y sostenible del suelo” como una “prioridad” para evitar la pérdida de este recurso por erosión.
Por otro lado, valoró el incentivo otorgado por el gobierno a proyectos de riego asociativo de más de 750 productores con US$ 3 millones, y a que 400 productores fueron respaldados por el Ministerio de Ganadería con US$ 2 millones que acompañaron ese tipo de inversiones que los privados efectuaron como contrapartida por el mismo monto.
En cuanto a los proyectos de inversión en el sector agropecuario que fueron promovidos mediante el esquema de incentivo de inversiones, el gobierno indicó que desde 2008 fueron impulsados 727, por unos US$ 1.000 millones, que “impactan en la productividad del sector y en su capacidad de posicionarse” en los mercados del mundo.
Todos esos números fueron rápidamente difundidos en distintos artículos publicados en la web de Presidencia, pero tampoco convencieron a los productores.
“Para el sector agropecuario no aportó mucho. Fue un racconto muy prolijo, muy completo de las cosas que se han conseguido y las políticas que se han llevado adelante, pero hoy tenemos un diagnóstico de preocupación que es la razón fundamental de la movilización que ha terminado en el movimiento”, analizó en Teledoce el presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino.
