El fiscal Raúl Iglesias asumió la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno el lunes 9 de mayo. Ese mismo día archivó 22 denuncias. Al día siguiente archivó 19, al otro, 32. Y siguió. El 27 de mayo llevaba archivadas 177 denuncias.
El fiscal Raúl Iglesias asumió la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno el lunes 9 de mayo. Ese mismo día archivó 22 denuncias. Al día siguiente archivó 19, al otro, 32. Y siguió. El 27 de mayo llevaba archivadas 177 denuncias.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáPara entonces, el fiscal había dado entrevistas a medios de comunicación hablando del archivo de “unos 300 casos”, aunque todavía estaba lejos de esa cifra. El domingo 24 de mayo en el programa de Canal 10 Polémica en el bar, contó que al llegar a la sede de Delitos Sexuales se encontró con “casos muy viejos”, en los que “no había evidencia”. Eran unos 300, dijo, y reconoció que se trataba de una situación “preocupante porque son personas que no recibieron justicia”. Pero lo justificó alegando que se encontró con una Fiscalía colapsada, con 900 denuncias, y que el número necesitaba ser depurado.

Los días siguientes, el 30 y el 31 de mayo, archivó, solo en esas 48 horas, 123 causas. Así cerró el mes con 299 archivos. Algunas de esas denuncias no eran “viejas”, sino que fueron presentadas en 2022. Otras databan de 2020 y 2021.
Los detalles sobre la actuación de Iglesias surgen de la respuesta de Fiscalía General a un pedido de acceso a la información pública, a la que accedió Búsqueda.
Fuentes en conocimiento del caso plantearon inquietud por lo que revelan los números del fiscal. “Si archivó 120 denuncias en dos días, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos dedicó a analizar cada una?”, se preguntó una fuente.
Las actuaciones de Iglesias, que fueron denunciadas por la Intersocial Feminista, motivaron que el fiscal de Corte, Juan Gómez, solicitara al Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía un informe sobre los archivos. Ese estudio ya finalizó y está ahora a estudio de la oficina de Jurídica, que será la que recomiende a Gómez qué acciones tomar respecto a Iglesias (Búsqueda Nº 2.177).
“Es un archivo fundado, no es automático”, dijo Iglesias en Polémica en el bar. “Se tienen que leer los casos. Son muchas horas fuera del horario de oficina. Viendo, leyendo, pasaron dos años, tres años, no hay ninguna evidencia, no puedo interrogar a nadie, las personas no se encuentran —porque llamamos a las víctimas telefónicamente muchas veces—, las buscamos, las rastreamos…”, añadió.
No obstante, los números de la Fiscalía General muestran una realidad diferente.
Consultado por El País sobre el archivo de casos, Iglesias argumentó que de acuerdo a los artículos 98 y 99 del Código del Proceso Penal, “cuando no hay evidencias y no se pueden conseguir hasta el momento porque pasó mucho tiempo, porque las personas no se encuentran, porque no se hicieron los informes médicos en el momento oportuno, porque no lo vio el equipo multidisciplinario, y distintas razones de hecho”, lo que corresponde “es archivar sin perjuicio la causa”.
El martes 14 El Observador informó que Iglesias continuó archivando denuncias en junio y llegó a la cifra de 440.
No solo los archivos generaron polémica. Apenas asumió la nueva sede, Iglesias anunció que pediría cambiar la prisión preventiva de los imputados por un presunto caso de violación grupal en el barrio Cordón por arresto domiciliario. Además, en sucesivas entrevistas, criticó el trabajo de la Fiscalía y de algunos de sus colegas, e incluso invitó a periodistas que lo criticaron a decirle las cosas “en la cara”.
Esto provocó molestia y preocupación en distintos ámbitos. La defensa de la víctima que denunció la violación grupal presentó un escrito a la Fiscalía General acusando a Iglesias de revictimizar e intimidar a la joven.
Mientras tanto, la Asociación de Fiscales resolvió pasar a su Tribunal de Conducta las declaraciones de Iglesias. La decisión se tomó luego de que la expresidenta de la asociación y fiscal de Homicidios, Mirta Morales, enviara una carta a la Directiva solicitando que se trate el tema. En la nota, a la que accedió Búsqueda, Morales afirmó que la actitud del fiscal fue “denigrante” y “repudiable”.
Por otra parte, los archivos de las causas penales causaron preocupación entre las defensoras de víctimas de abuso y las activistas que trabajan por los derechos de mujeres y niños. No solo debido al cierre de casos que no llegaron a investigarse, sino también a la consecuencia que ello tiene para la protección de las víctimas. Si bien las medidas de protección, como las órdenes de alejamiento del presunto agresor, se adoptan en los juzgados de Familia Especializada, el archivo de la investigación penal puede dar pie a que los abogados de los denunciados pidan el cese de las medidas.
“Los defensores estamos preocupados por lo que va a pasar con las medidas cautelares de esas causas que se archivaron, más aún cuando se archivan sin haberse investigado”, dijo a Búsqueda la abogada de oficio de Familia Especializada, Andrea Olariaga.