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Confiado en que está logrando una gestión satisfactoria de la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19, la administración del presidente Luis Lacalle Pou pretende poner en marcha aspectos de su agenda de reformas. Terminar con el “Estado paralelo” que conforman algunos cientos o miles de contratados por fuera de la carrera administrativa, es una primera línea de acción.
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Son contratos a cargo de dinero de organismos internacionales, préstamos o fundaciones que en un primer relevamiento superan largamente el millar y conforman el corazón de algunas áreas gubernamentales, informó a Búsqueda el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. Es el caso de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), donde no menos del 80% de su plantilla tiene ese tipo de vínculo laboral. También la de algunos especialistas del Ministerio de Transporte, los “cerca de 300 contratos por fuera” en la cartera de Medio Ambiente o el casi medio centenar ligados a la Secretaría de Cuidados, por ejemplo. A priori, las nuevas autoridades no asocian este tipo de contratos “con cosas indebidas” sino al hecho de “no poder pagar distinto, lo distinto”, explicó el jerarca. Un primer problema es que hoy estos perfiles funcionales no tienen un salario determinado e ingresan en la categoría de “profesional A4” cobrando entre $ 25.000 o $ 30.000 mensuales, a lo que se suma un “fragmentado al infinito de compensaciones sin criterios objetivos en cada lugar” de la administración central que “limita la carrera” funcional.
Pero, aclaró, la dimensión real de ese “Estado paralelo” no está afinada. “Nunca se hizo un relevamiento completo. Ahora les pedimos a absolutamente todos los incisos que tengan contratos por afuera que lo informen, para calcular” cuán extendidos están y su impacto fiscal. Por estos contratados se paga un costo de administración del vínculo laboral.
Ramos informó que se deberá definir laudos mínimos para unas 350 o 400 ocupaciones, desde informático a experto en ciberseguridad. Ya se empezó a armar un equipo de trabajo para desarrollar una “metodología propia”, con la colaboración de una consultoría del especialista inglés Malcolm Green financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se enfocará, en una primera etapa, en la “administración civil interior”, dejando por fuera a policías, militares y el servicio exterior que ya tienen establecidos sus propios grupos ocupacionales. Ya había cierto trecho recorrido en, por ejemplo, la Dirección General Impositiva y en el Instituto del Niño y el Adolescente, aseguró el jerarca.
Luego se propondrá una “norma programática” para la administración central en el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal. “La idea es que para las futuras vacantes se pueda hacer entrar a la gente con este nuevo diseño de la carrera” funcional, adelantó el director de la ONSC. Hoy, “en la práctica, la carrera está muerta, sin sangre”, y eso atenta contra la “autonomía” y la “memoria institucional”.
El jerarca admite que algunos contratos por fuera de la estructura de la administración central posiblemente deban subsistir aun después de esta reforma, pero si se trata de alguien que vaya a actuar en un “proceso muy puntual, por un tiempo”, o es un especialista de mucha categoría; “deben ser excepciones y no la regla”.
“Botín político”.
Para el director de la ONSC, hubiera sido mejor encarar este tipo de reformas “hace 10 años, y no con una restricción fiscal muy grande” como la actual. Pero en cualquier caso, reconoce que su eventual éxito o fracaso depende de cuánto se logre “involucrar” a los diferente actores políticos y sociales. “La dificultad es que no entre en el botín de la política”.
“Hay varias condiciones necesarias para avanzar: fuerte apoyo político, del presidente y del Consejo de Ministros”, y un alineamiento de las tres reparticiones centrales en el tema —la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ONSC y la cartera de Economía—, que, según él, se está concretando. “Tenemos luz verde para trabajar en esta línea. Primero vamos a hacer todos los estudios y ver hasta dónde llegamos. Pero será un proceso de 15 años, como mínimo. Si lo hacemos bien, algo se podrá ver en este quinquenio”, declaró.
“Estamos en un nivel mayor de institucionalidad para dar este paso decisivo. Y hay que involucrar a otros partidos para conseguir consensos, también a la pata sindical”, agregó.
La agenda de reformas en el Estado respaldada por la coalición “multicolor” apunta a aumentar la eficiencia en el gasto público e incrementar la transparencia.
