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Pensado para que sea leído por los legisladores pero también por los analistas e inversores que miran a Uruguay, el Informe económico-financiero entregado junto con el proyecto de Rendición de Cuentas el último día de junio al Parlamento plantea una visión ambigua sobre la economía local: mejorará, pero el contexto internacional es incierto y llama a la cautela. El mensaje del Poder Ejecutivo pone énfasis en que, si se cumplen sus proyecciones, la deuda pública irá en una “trayectoria sostenible en el mediano plazo”.
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En dos cajas cargadas en un carrito de mano, el proyecto presupuestal —el articulado más los libros referidos a la ejecución del gasto en 2017— fue entregado por la cúpula del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la mañana de este sábado 30. El día anterior se habían conocido dos datos que van en dirección contraria a lo que esperan las autoridades económicas: el déficit fiscal continuó ampliándose, lo mismo que la deuda pública.
El informe macroeconómico gubernamental destaca que Uruguay aceleró su crecimiento en 2017 y “siguió desacoplándose” de los vecinos, lo que estuvo acompañado por “avances en el plano social” (baja de la pobreza, de la desigualdad y de la mortalidad infantil). Eso mientras la economía mundial muestra “signos” de “mayor dinamismo” pero en un marco de “importantes incertidumbres” derivadas del “giro más proteccionista” del gobierno de Estados Unidos y las “tensiones políticas” en Europa.
Con ese contexto, para Uruguay “es crucial reconocer la importancia del orden macroeconómico y las políticas de diversificación”, subraya el documento. Agrega que por ello la propuesta presupuestal busca “seguir mejorando gradualmente el resultado fiscal” y así “converger al nivel necesario para estabilizar la deuda” como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), un mensaje dirigido a los inversores y analistas de las calificadoras de riesgo.
De acuerdo con las nuevas proyecciones en las que se basa la Rendición de Cuentas, el déficit fiscal global bajará a 3,3% del PBI al cierre de 2018, a 2,8% un año después y a 2,5% a fines de 2020. Habrá superávit primario (sin considerar los pagos de intereses de deuda) desde 2019.
El Ejecutivo sostiene que el gasto adicional que propone está financiado (con más ingresos tributarios asociados a un mayor crecimiento de la economía y ganancias esperadas del Banco República). En concreto, con la Rendición plantea aumentar el presupuesto en $ 3.030 millones tanto en 2019 como 2020, y redistribuir otros $ 387 millones en cada uno de esos años para poder financiar la totalidad de las asignaciones ($ 2.557 millones en educación; $ 335 millones en el Sistema de Cuidados, el INAU y el Inisa; y $ 310 millones para Interior y Defensa, entre las principales). Otras erogaciones vinculadas con el plan del Ferrocarril Central, se financiarán con el excedente del Fondo de Estabilización Energética de UTE.
A pesar del incremento del gasto, el Poder Ejecutivo entiende que la trayectoria de la deuda será manejable (si bien estima que subirá como porcentaje del PBI hasta casi 66% en términos brutos y a 41,6% descontados los activos y encajes hacia fines de 2020).
Déficit y deuda.
Pero los últimos indicadores referidos a la situación financiera del sector público suponen un punto de partida complejo para la discusión presupuestal que inicia ahora.
Por un lado, el último día de junio el Ministerio de Economía (MEF) informó que el déficit fiscal en los 12 meses cerrados en mayo subió a 4% del PBI; es de unos US$ 2.441 millones según los cálculos de Búsqueda. Fue el tercer dato mensual que muestra un deterioro, en este caso tanto debido a peores números del gobierno central —por la caída de los ingresos y el incremento de sus gastos en términos reales— como de las empresas estatales. En un comunicado, el MEF atribuyó el incremento del déficit “casi totalmente por acumulación de existencias de crudo de Ancap”; por esa razón el ministro Danilo Astori le restó trascendencia al dato cuando habló con periodistas al entregar la Rendición de Cuentas.
Por otro lado, el Banco Central divulgó las estadísticas del endeudamiento público al cierre del primer trimestre. Respecto a diciembre, la deuda bruta aumentó en US$ 1.559 millones y alcanzó a US$ 40.302 millones, lo que representa 68,1% del PBI. Si se descuentan los activos de reserva, el endeudamiento —neto— creció algo menos y se ubicó en US$ 19.883 millones (33,6% del Producto).
La progresión de dicha relación entre la deuda y el PBI ha sido ascendente en los últimos años: en términos netos pasó de 23,4% a fines de 2015, 30,6% un año después y 31,6% al cierre de 2017.
