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El gobierno autorizó nuevos transgénicos para investigación, pero algunos ministerios “trancaron” otros destinados a la comercialización de granos
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El miércoles 19, el Gabinete de Bioseguridad aprobó tres eventos transgénicos con destino a la investigación y a la realización de ensayos en el Instituto Nacional de Semillas, pero no hubo nuevas autorizaciones de ese tipo de productos genéticamente modificados para su producción y comercialización en el mercado de granos. Sin que exista una resolución u otra normativa que lo establezca oficialmente, en los hechos existe una “moratoria” en cuanto a los transgénicos de ese tipo, que en parte se debe a las diferencias entre algunos ministerios que integran ese gabinete del gobierno, informaron a Campo fuentes oficiales.
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Las fuentes comentaron que en años anteriores algunos eventos fueron autorizados sin la firma del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y sobre fines del año pasado ese secretario de Estado transmitió su posición contraria a las aprobaciones de otros productos, debido a la falta de información científica suficiente y considerando que en algunos mercados relevantes, como la Unión Europea, los productos transgénicos son fuertemente cuestionados.
Pero no solo el canciller ha “trancado” las autorizaciones de nuevos eventos sino también otros ministerios plantean cuestionamientos en esa misma línea, como el caso de las carteras de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la de Salud Pública, dijeron las fuentes.
Un técnico del gobierno consultado sobre este tema resumió esta situación así: hay dos bloques, uno integrado por Ganadería (que preside el Gabinete de Biodiversidad), Industria y Economía, que están a favor y generalmente facilitan el proceso de aprobación de los transgénicos, y otro en el que están Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Salud, con una postura contraria. El canciller Almagro y el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, pertenecen al Movimiento de Participación Popular, y la ministra de Salud, Susana Muñiz, integra el Partido Comunista.
Mientras que el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quien es un empresario agropecuario, ha declarado ser un frenteamplista independiente, el ministro de Economía, Mario Bergara, pertenece al Frente Líber Seregni, y el de Industria, Roberto Kreimerman, es socialista.
Las últimas autorizaciones de eventos genéticamente modificados para uso comercial fueron en setiembre de 2012, según registros del Gabinete de Bioseguridad.
Luego de varios meses de análisis y estudios previstos en la normativa vigente sobre este asunto, el miércoles 19 la Comisión para la Gestión de Riesgo terminó de recabar las posiciones de todos los ministerios mencionados, en las que manifestaron su decisión de dar el visto bueno a los transgénicos pero para los vinculados a investigaciones y ensayos: uno para soja (DAS44406-6) tolerante al uso de herbicidas y que pertenece a la empresa Dow AgroSciences, y otros dos para maíz (MON89034XNK603XT1507DAS40278-9 y BT11XMIR162XMIR604XGA21) con resistencia a insectos lepidópteros y a tolerancia a herbicidas; el primero fue desarrollado por la firma Monsanto y el segundo por Syngenta.
En setiembre de2013, dos eventos genéticamente modificados —uno de soja, de BASF, y otro de maíz, de Monsanto— avanzaron a la “etapa final” en su proceso de autorización por parte del Gabinete de Bioseguridad. (Búsqueda Nº 1.732).
El objetivo de esos permisos era la producción y comercialización de semillas que contengan esos eventos transgénicos con destino al “consumo directo o su procesamiento” en Uruguay, según las presentaciones de las empresas.
Luego de las instancias previas que involucran una serie de evaluaciones de riesgos e impactos ambientales, económicos y comerciales, además de la consulta pública obligatoria, la Comisión para la Gestión de Riesgo elevó al Gabinete de Bioseguridad los informes técnicos “sin incluir una recomendación” respecto a la liberación o no de los dos eventos: maíz (MON 89034 x MON 88017, resistente a aplicación de glifosato y protector de insectos lepidópteros) y soja (CV 127, resistente a ciertos herbicidas utilizados para combatir las malezas en el campo), explicaron los informantes.
Dijeron que en los últimos tiempos esa instancia gubernamental resolvió modificar algunos aspectos del proceso, y uno de ellos fue eliminar las recomendaciones de aprobación o no por parte de la Comiisón de Riesgo a los ministros. Se les presentan los resultados de los estudios y la información correspondiente a cada evento y luego ellos deciden qué hacer, indicaron.
Millones de transgénicos
En los últimos años el gobierno liberó más de una docena de eventos genéticamente modificados, que en su mayoría están vinculados a la producción y comercialización local de soja y maíz, en algunos casos para ensayos de investigación y en otros para su producción y exportación a Estados Unidos en régimen de contraestación.
De hecho, la expansión agrícola de la última década se sustentó en las plantaciones de granos transgénicos y actualmente Uruguay cuenta con 1,5 millones de hectáreas de ese tipo de semillas, que en su mayoría son de soja y el resto de maíz, según un reciente informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAA, por su sigla en inglés). El primer evento genéticamente modificado que fue autorizado en el país fue la soja RR en 1996, que es resistente al herbicida glifosato.
A nivel mundial, en 2013 más de 18 millones de agricultores, en 27 países, plantaron 175 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, lo que significó unos cinco millones más de hectáreas que el año anterior, conforme a la ISAA.
Esa organización, que es patrocinada por las grandes compañías del sector, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y algunos centros de investigación de diferentes partes del mundo, destaca en su informe algunas de las ventajas de la utilización de semillas transgénicas en la agricultura. Entre ellas menciona la disminución de los costos de producción, el aumento de la productividad de los cultivos, la disminución en la aplicación de fitosanitarios (497 millones de kilos menos), la reducción de emisiones de CO2 (27.000 millones de kilos en 2012, el equivalente a sacar de circulación 12 millones de autos por año) y la conservación de la diversidad biológica (evitando que 123 millones de hectáreas sean usadas para la producción agrícola entre 1996 y 2012).
