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Las declaraciones tomaron a todos por sorpresa, por su osado contenido y porque apuntaron, sin insinuaciones, a instituciones muy concretas del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Fiscalía General de la Nación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Montevideo fueron responsabilizados, en parte, por la situación de inseguridad que vive el país. Y la acusación vino del propio director nacional de Policía, Mario Layera, en el cargo desde hace más de dos años, un funcionario de respetada experiencia y extrema confianza del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
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El tenor de las críticas de Layera determinó que el presidente Tabaré Vázquez pidiera que, más allá de la jerarquía del Ministerio del Interior, ningún integrante del gabinete opine públicamente sobre sus dichos. “Es correcto”, confirmó Vázquez a Búsqueda, al explicar que la decisión se debió a la necesidad del gobierno de “estudiar con calma y atención” el análisis sobre seguridad y delincuencia que hizo el director nacional de Policía el sábado 12 en una entrevista con El Observador. Ese estudio prevé, por ejemplo, buscar soluciones para mejorar el intercambio de información con organismos como el Mides, sostuvo Vázquez.
Como primer paso el presidente recibió el martes 15 en la residencia de Suárez a su hermano Jorge Vázquez (al frente del Ministerio del Interior ante la licencia de Bonomi), con quien concluyó sobre la necesidad de que el gobierno le brinde su respaldo a Layera para aquietar especulaciones acerca de un cese o pedido de renuncia. “Yo lo ratifico. Es una persona que ha trabajado de forma muy inteligente y muy eficiente en todos estos últimos años”, dijo después de la reunión Jorge Vázquez al canal de comunicación del Ministerio del Interior.
El subsecretario visitó luego al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en un encuentro que sirvió para acercar posiciones enfrentadas que la Fiscalía y el Ministerio del Interior mantienen desde hace meses por el Código del Proceso Penal (CPP), y que quedaron expuestas esta semana con las duras palabras de Layera y una respuesta igual de tajante por parte de Díaz.
No se animan.
En El Observador Layera señaló que en materia de seguridad “el gobierno está muy compartimentado”, lo que presenta barreras para la labor de Interior. “La Policía no accede a determinada información que tiene el Mides porque dicen que es reservada. No accedemos a información del BPS ni a la de Secundaria o Primaria que nos permitiría contextualizar y ver el perfil de la gente con la que estamos tratando. Saber cuántos estudian, cuántos están registrados en el BPS y podemos saber cuántos están afuera del sistema”, explicó.
También dijo que para la Policía “llevar una investigación a largo plazo es difícil porque hay un lío en la Fiscalía” que no se lo permite, y que ciertas autoridades “no se animan” a ejecutar el plan del gobierno de demoler viviendas para desactivar la violencia en Casavalle, que debe iniciarse con un censo para realojar a los vecinos del barrio. “El Ministerio del Interior ya se ofreció pero debe ser la intendencia o el Mides el que haga ese censo”, achacó, y agregó que “el problema es el temor del Estado de tomar decisiones difíciles”.
Como era de esperarse, lo expresado por Layera desencadenó una reacción inmediata en el oficialismo. El lunes 14 la dirección del Partido Comunista conversó del tema “con preocupación” durante un encuentro con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. “Yo no comparto los códigos de Layera, hay que tener otros códigos con sus compañeros. Creo que no debió decir esto públicamente. Nos separan 15 días de la última interpelación al Ministerio del Interior y no dijo estas cosas”, se quejó Juan Castillo, senador y secretario general del Partido Comunista, el lunes 14 en Monte Carlo. Tampoco esquivó el choque el fiscal Díaz consultado ese mismo día por TNU. “Todo el reportaje al inspector Layera está centrado sobre una premisa: nosotros hacemos todo bien, los demás hacen todo mal. Es decir, hay una falta de autocrítica muy importante a lo largo de todo el discurso. Esa es una de las falencias”.
El tenor de las críticas de Layera determinó que el presidente Tabaré Vázquez pidiera que, más allá de la jerarquía del Ministerio del Interior, ningún integrante del gabinete opine públicamente sobre sus dichos.
Para prevenir que las diferencias escalaran y se hicieran evidentes al más alto nivel del Ejecutivo, desde Presidencia se solicitó a los ministros que se abstuvieran de comentar públicamente las expresiones de Layera, lo cual no implicó que en la interna de las carteras se obviara el tema.
El martes 15 la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, mantuvo la reunión habitual con los directores de esa secretaría de Estado. Allí Arismendi y varios jerarcas expresaron su sorpresa por los dichos de Layera. Además, mostraron su malestar por algunas de sus críticas, dijeron a Búsqueda fuentes del Mides. Indicaron que las acusaciones de Layera son injustas, ya que, entre otras colaboraciones, el ministerio siempre aporta técnicos para trabajar con la policía para la atención de la situación de las personas más vulnerables. También aseguran que desde el Mides siempre se aclaró a Interior que la información que ellos manejan sobre las familias es confidencial y solo la pueden compartir en caso de un requerimiento de la Justicia.
Con la intención de suavizar esas diferencias con el Mides, el martes 15 Jorge Vázquez justificó que “todo el mundo es muy cauto con sus bases de datos y reserva mucho la información que tiene porque eso significa información de personas”. De todas formas añadió que “para la mejor resolución de los problemas vinculados al delito lo ideal sería que el ministerio tuviera un acceso mucho más rápido, más eficiente“.
A la vez que analiza tomar medidas para agilizar ese acceso, el Poder Ejecutivo ya envió el martes 15 un proyecto de ley al Parlamento con ciertos ajustes al CPP que buscan un trabajo más aceitado entre policías, fiscales y tribunales. Se pretende dotar a la Policía de una mayor flexibilidad y respaldo legal, ante los reclamos del Ministerio del Interior de que los policías están limitados por los fiscales. “Se han generado distintas interpretaciones en cuanto al accionar policial que debe cumplir en su rol de auxiliar de la Justicia. En este sentido, dicha función no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias”, afirma el proyecto.
El texto también modifica los requisitos para disponer la prisión preventiva, propone excluirla para casos de reincidencia, reiteración o habitualidad y armoniza el criterio de la preceptividad para la prisión preventiva en caso de pena de penitenciaría. Además, propone una serie de modificaciones al proceso abreviado y apunta a la tipificación legal del delito en sí mismo y no a la tipificación del Ministerio Público.
