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    El gobierno combate la influencia de narcotraficantes desde el Penal de Libertad

    Once personas fueron detenidas el mes pasado en la Operación Titanes luego de que la Policía Nacional desbaratara una organización que acopiaba droga en una casa de Cerro Norte para venderla a Europa. Casi 300 kilos de cocaína, con un valor aproximado de 9 millones de euros en destino, fueron incautados en tablones de madera que iban a ser exportados vía el Puerto de Montevideo. Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), habló con quienes lideraron el procedimiento. Consultó sobre los antecedentes, las relaciones y la peligrosidad de los arrestados para determinar adónde los enviaba. La mayoría terminaron en el Penal de Libertad, formalmente denominado Unidad N° 3.

    Allí, desde el inicio del actual gobierno funciona un sector especial en el módulo 2, acondicionado para reunir a los narcotraficantes presos más importantes que hay en el sistema carcelario, con la intención de tenerlos más controlados y separados del resto de la población. Se busca evitar que continúen con su negocio, lo enseñen a otros y capten nuevos integrantes. El objetivo se ha complejizado con el crecimiento de las personas privadas de libertad: más de 3.000 en tres años y medio para alcanzar un total de 15.000 presos en todo Uruguay. El módulo en Libertad no es la excepción y recibe cada vez más reclusos.

    “Tenemos a personas que están formalizadas y están en privación de libertad por traficar con las drogas, por enriquecerse. Son personas que ganan mucho dinero con la comercialización nacional y principalmente internacional. Eso hoy ha aumentado significativamente por los grandes procedimientos que ha hecho el Ministerio del Interior. En la Unidad N° 3 no había, había pocas personas por narcotráfico internacional y por procedimientos grandes. Hoy ellos caen presos pero siguen manteniendo el poder económico, y ese poder económico significa poder dentro del sistema carcelario”, afirmó Mendoza el jueves 17 durante una actividad en el Parlamento.

    Consultado por Búsqueda, Mendoza señaló que cada persona a la cual la Justicia le dicta prisión es evaluada en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR. A presos de relevancia como narcos con operaciones en el extranjero se les dispone su alojamiento en el Penal de Libertad o en la Unidad N° 25, la cárcel de máxima seguridad creada dentro del ex-Comcar, donde el monitoreo policial es mucho más severo y los internos son menos pero más violentos. Mendoza es quien tiene la última palabra en todos estos casos.

    Aunque en el módulo 2 del Penal de Libertad se han acumulado más empresarios de la droga, las autoridades siguen derivándolos hacia allí para cumplir con la idea original de mantenerlos aislados y asegurar cierta paz en el sistema penitenciario. Fuentes policiales explicaron que la presencia de un narco con dinero en un sector común suele desatar peleas entre bandas que pretenden brindarle protección.

    Ante esta situación, el Ministerio del Interior quiere quitarles poder con la introducción en la Rendición de Cuentas de la figura de extensión de dominio, que permite proceder contra el patrimonio total de los condenados por narcotráfico y lavado de activos. El ministro Luis Alberto Heber ha defendido la eficacia de esta nueva estrategia de “perseguir y atacar el dinero”, que también fue elogiada por Mendoza en el Parlamento. “Hay que afectarles el dinero. Es la manera de combatirlos”, dijo. Los malos resultados del combate al blanqueo de capitales en Uruguay quedaron reflejados en la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado que elaboró un experto contratado por el gobierno.

    En el ámbito policial el enfoque es reforzar la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP). Dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, su función principal y habitual es prevenir, reprimir e investigar los delitos cometidos en las unidades penitenciarias.

    En marzo, con la llegada de José Manuel Azambuya como director de la Policía, a la UIAP se le designó un nuevo jefe, recibió más personal y se le ordenó que se centrara en el estudio y el seguimiento de los presos, su entorno fuera de las cárceles, los grupos de crimen organizado para los que operan y con quienes tienen relación y las actividades y los delitos en los que estas personas participan, sucedan dentro o fuera del sistema penitenciario. Básicamente, la unidad está más dedicada a la inteligencia y la producción de información.

    “Existe un cambio de gestión. Se trata de una visión estratégica actual. En nuestra visión de trabajo de inteligencia en el aspecto criminal resulta fundamental el conocimiento que tengamos de la actividad delictiva dentro de las cárceles. Lo que sucede dentro de las cárceles nos preocupa día a día en la calle. Entonces, con esa intención, hemos tratado de fortalecer la unidad con un enfoque más vinculado a la inteligencia criminal que a la investigación”, afirmó Juan Rodríguez, director de Investigaciones de la Policía, el lunes 21 en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.

    Rodríguez valoró que entre la Dirección de Investigaciones y el INR exista mejor coordinación, lo que determina abastecerse de información “sobre los integrantes de los grupos criminales que están operando afuera, especialmente en materia de drogas”.

    “Estamos intentando generar el camino para que las generaciones venideras tengan una línea trazada a los efectos de incursionar más en materia criminal dentro de las cárceles, que es una de nuestras fuentes fundamentales de información para combatir el crimen organizado y los grupos criminales que operan tanto en el área metropolitana como en el interior”, añadió.

    El trabajo de inteligencia tiene uno de sus puntales en los allanamientos policiales a cárceles pesadas del sistema como Libertad, el ex-Comcar y Canelones, usualmente llevados a cabo entre el INR, la UIAP y la Guardia Republicana. La Operación Titanes, por ejemplo, estuvo apoyada en la Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario, que mediante el análisis forense de celulares requisados a dos reclusos logró diagramar parte del esquema de negocio de la organización narco.