El gobierno considera un “éxito” cambio de régimen de sociedades

El cambio de régimen habilitó a transformar las sociedades en nominativas y obligó a aquellas que se mantuvieran al portador a proporcionar los datos identificatorios de sus dueños, así como su participación en el paquete accionario. Esa información quedó en custodia de un registro en el BCU y según dispone la ley, a la misma podrán acceder solamente la DGI con fines inspectivos de sujetos determinados, administraciones tributarias de otros países al amparo de tratados de intercambio de datos fiscales, organismos que combaten el lavado de activos, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y la Justicia si estuviera en juego una obligación alimentaria.

Teniendo en cuenta un universo de 39.000 sociedades anónimas existentes según la DGI, algunas de las cuales pueden estar inactivas, “habría que considerar como un éxito del proceso que 12.500 hayan pasado a nominativas. En realidad, el objetivo del proyecto tenía que ver con el hecho de nominativizar a los accionistas; todavía falta un tiempo y seguramente pueda haber algunas más que lo hagan”, valoró el presidente del BCU, Mario Bergara, al comparecer el 24 de abril ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. “Sobre las restantes sociedades que no pasaron a nominativas aún, hasta anteayer (22 de abril), 10.600 era el número que figuraba en el registro”, amplió. De esas últimas, 5.400 se registraron en las primeras semanas de abril, dijo.

La última información que recogió Búsqueda es a la tarde del martes 30, a pocas horas de vencer el plazo. El director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Fernando Serra, dijo que el registro de sociedades se produjo “a gran ritmo” ese día y se incribieron por vía electrónica un total de 19.000, aunque proyectó que al final del día serían 20.000. El BCU evalúa dar un plazo extraordinario, de no más de diez días, para “convalidar” el registro de aquellas empresas que tuvieron alguna complicación administrativa para hacerlo y que pueden quedar expuestas a un multa de hasta $ 181.300.

Serra precisó que las sociedades que se transformaron en nominativas alcanzaron a 13.500, que se suman a unas 7.000 preexistentes.

De esa forma, dijo, se está “muy cerca del universo total” y se alcanza una cobertura “muy importante”. Informó que una vez que se tengan las cifras definitivas se hará un análisis para “estar completamente seguros de que no queda ninguna brecha al descubierto”.

Dejala “que se muera”.

El director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, afirmó ante la misma Comisión que, tras vencer el plazo de inscripción de datos, se analizará “hasta dónde se llegó”.

También planteó “generar ámbitos de discusión para analizar no solo cómo se actúa sobre la diferencia entre las 39.000 que figuran en la DGI y las que efectivamente se registren”, sino también cómo se soluciona “el resto de los problemas” y cómo “hacer para que los registros” den certificados sobre “ese conjunto enorme de sociedades, que en este país se creaban muy fácilmente y que luego nadie liquidaba o cerraba. La expresión habitual era: ‘Dejala ahí que se muera’. Este es un problema que tenemos, y que quizás sea la segunda etapa de la discusión”.

En un reporte dirigido el 19 de abril pasado a los gobiernos del Grupo de los 20 países más avanzados, el Foro Global de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales de la OCDE reafirmó que, tras los ajustes hechos para “mejorar su marco jurídico” a partir de las observaciones que había realizado en 2011, Uruguay está en condiciones de ser sometido en el primer semestre de 2014 a una segunda fase de evaluación. Jurisdicciones y países como Belice, Curaçao, Dominica, Islas Marshall, Naurú, Arabia Saudita, Islas Cook, Aruba y Polonia, entre otras, pasarán en esos mismos mese por una revisión similar acerca de su efectiva transparencia fiscal.