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El Poder Ejecutivo considera que una parte de la población venezolana enfrenta las “mismas condiciones” que vivieron los uruguayos durante la última dictadura, por lo que “seguirá insistiendo” para que el gobierno de Nicolás Maduro permita que la Cruz Roja Internacional ingrese a ese país y elabore un informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos contra manifestantes y dirigentes de la oposición.
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“Desde el punto de vista del panorama interno (de Venezuela), por supuesto que vemos con mucha preocupación algunos acontecimientos que suceden en ese país y que no condicen con la excelencia democrática”, declaró el canciller Rodolfo Nin Novoa el lunes 6 durante una entrevista en el programa “En Perspectiva”.
El ministro cuestionó también las decisiones “bastante torpes” adoptadas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. “Haber declarado a Venezuela como una amenaza extraordinaria para los intereses americanos es un exceso a todas luces. Eso se podría haber hecho de una manera administrativa, porque al fin y al cabo cada país tiene el derecho de decir quién entra y quién sale de ese país, y si quería sancionar a siete funcionarios no era necesario hacer la declaración que se hizo”, añadió.
El vicepresidente Raúl Sendic declaró el martes 7 que la opinión de Nin Novoa refleja la posición del gobierno uruguayo.
Democracia.
En la tarde del jueves 19 de febrero agentes del servicio de Inteligencia de Venezuela llegaron a las oficinas del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, para detenerlo. Horas después, el presidente Maduro dijo en cadena nacional que la medida respondía a que el político opositor estaba detrás de la preparación de un golpe de Estado.
Durante la entrevista con Emiliano Cotelo, el canciller uruguayo mencionó ese episodio como un ejemplo de los acontecimientos que generan preocupación al Poder Ejecutivo y que no se “condicen con la excelencia democrática”. En Uruguay, dijo, “sería impensable que un día un gobierno se llevara a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta poco menos y a los empujones. Se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá, si hay algún problema con la Justicia, se lo cita a un juzgado, va y declara y se cumple con las garantías del debido proceso”. Y concluyó: “La prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto”.
El periodista planteó a Nin Novoa que los problemas no se reducen a la detención de dirigentes opositores, ya que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado todo tipo de violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por agentes del Estado venezolano contra manifestantes.
El canciller respondió que la decisión del gobierno de Venezuela de reprimir las manifestaciones de la oposición con armas de fuego “es un exceso a todas luces”.
El reportero le leyó al ministro el testimonio de un estudiante venezolano, recabado por Amnistía Internacional, en el que denuncia haber sido víctima de torturas en un centro de detención estatal.
“Eso es enormemente preocupante, por cierto”, respondió Nin Novoa. “Sobre todo para un país que hace 30 años o más de 30 años vivió las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora y tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda… Porque los derechos humanos son la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos no es válido. Los derechos humanos se defienden todos en todas partes del mundo. Uruguay hizo advertencias y tomó posición sobre esos temas en la cumbre de Unasur”.
El ministro recordó que ese organismo regional aprobó dos resoluciones durante su última reunión. En una pedía a Estados Unidos que diera marcha atrás en las medidas adoptadas contra Venezuela, mientras que en la otra expresaba su “preocupación” por el “respeto de los derechos humanos” en el país sudamericano. “En la discusión se llegó a pedir a Venezuela que dejara entrar a la Cruz Roja a las cárceles para que hiciera un informe”, añadió.
Consultado acerca de por qué no se le exigió a Maduro que mejore las condiciones de reclusión de los opositores presos, Nin Novoa dijo que no le consta que esas violaciones a los derechos humanos estén ocurriendo en las cárceles de Venezuela. “Por eso es que pedimos que la Cruz Roja Internacional” ingrese, añadió.
“El silencio fue la respuesta” a ese planteo, dijo el ministro. “Pero seguiremos insistiendo sobre eso”.
Las posibilidades de que la gestión del gobierno uruguayo tenga éxito parecen difíciles, a juzgar por un comunicado emitido el martes 7 por 28 organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
“Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país”, sostienen las organizaciones latinoamericanas e internacionales. Entre los firmantes del comunicado se encuentran Human Right Watch, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Organización Mundial Contra la Tortura. “Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos”, advierten.
