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    El gobierno modificó normativa para emprendimientos de microgeneración eléctrica al detectar “lucro y especulación”

    La idea original era que los proyectos ayudaran a reducir gastos de consumo de luz; hoy hay decenas de microgeneradores que le venden a UTE hasta 100 veces más electricidad de la que usan

    No es un tambo cualquiera. En Kiyú, San José, a unos kilómetros de la Ruta 1, el emprendimiento Rincón Blanco tiene algunas particularidades. Es que al lado de la zona donde el ganado se alimenta a diario hay un sistema de drenajes, tubos, piscinas y colectores que recoge los efluentes de las vacas y los procesa para capturar gas metano. Ese gas luego es utilizado para la generación de energía eléctrica, que le permitirá al tambo ahorrar ese gasto y al mismo tiempo vender el excedente a UTE.

    El proyecto, que está en pleno desarrollo, es uno de los emprendimientos de microgeneración eléctrica que son promovidos por el gobierno desde 2010, en el marco de su política de diversificación de la matriz energética.

    Ya fuera mediante la biomasa, un molino de viento o paneles solares, la idea original de estos proyectos consistía en impulsar el autoconsumo y, en caso de que tuvieran algún excedente de energía, UTE la compraría. Así quedó establecido en el decreto de junio del 2010 que reglamentó esta iniciativa. Otro aspecto positivo de estos proyectos es que eran una solución eficiente para varios residuos contaminantes.

    Sin embargo, las autoridades detectaron que la iniciativa no se está usando con los fines preconcebidos: hoy los emprendimientos de microgeneración le venden a UTE, en promedio, siete veces más energía eléctrica de la que consumen y hay 17 casos en los que los usuarios le venden hasta 100 veces más de la electricidad que consumen.

    Incluso, los datos oficiales revelan que el caso más extremo es un microgenerador que le ha llegado a vender a UTE hasta 1.500 veces más electricidad de la que consumía.

    “La idea fue que los clientes de UTE pudieran autoabastecerse a partir de energías renovables. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que muchos de estos proyectos estaban especulando con el precio y se hicieron para obtener un lucro, que no era la intención”, dijo a Búsqueda el director del ente, Walter Sosa.

    A julio de este año había 329 proyectos de microgeneración que representaban una potencia instalada de 10.3 megavatios (MW). Más del 90% de estos proyectos se basan en energía solar fotovoltaica.

    Para tener un proyecto de este estilo el cliente de UTE tiene que firmar un convenio con el ente. El contrato es a 10 años y puede tener instalada hasta 40 kilowatts (kW) de potencia. En el contrato UTE se compromete a comprar toda la energía excedente.

    Según Sosa, la intención “era comprar un excedente” o incluso “que el cliente redujera su tarifa de luz”, pero “hecha la ley, hecha la trampa: aparecieron personas que empezaron a especular con los incentivos que daba este decreto”.

    En el contrato se estableció que UTE compraría la energía al mismo precio al que el ente la vende en su pliego tarifario al resto de sus clientes. Así, UTE terminó pagando entre US$ 180 y US$ 200 el kilovatio hora (kW/h) cuando esa energía se generaba a un costo aproximado de US$ 30 kW/h.

    “Hoy les pagamos a los parques eólicos unos US$ 70 el megavatio hora, los precios que se pagan en microgeneración son extremadamente elevados. Varios especularon para lucrar con este proyecto y no nos pareció justo que el resto de los clientes pagáramos este sobrecosto”, dijo Sosa.

    Muchos de estos usuarios, explicó, se pasaban a la tarifa general simple y solicitaban un aumento de potencia hasta su tope: 40 kW. Después que UTE les aumentaba la carga, iniciaban el trámite para la microgeneración.

    Para lograr amplios márgenes de ganancia, varios clientes que firmaron el convenio colocaban una lámpara abastecida por un panel fotovoltaico de grandes dimensiones, volcando así una cantidad muy alta de energía a la red de UTE, dijeron otras fuentes del ente a Búsqueda.

    “Vimos un crecimiento exponencial de estos proyectos año a año y nos dimos cuenta de que era por esta situación y no por un proyecto real. Fue por eso que resolvimos cambiar las reglas para los futuros proyectos”, dijo Sosa.

    Cambios en la normativa.

    Así las cosas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió una resolución el 12 de mayo que establece nuevos requisitos y limitantes al régimen de microgeneración, “siendo su finalidad evitar la instalación de emprendimientos cuyo destino principal no sea el autoconsumo”, explicó a Búsqueda la abogada del Estudio Ferrere especializada en temas energéticos, Agustina Pérez Lete.

    Entre esas limitantes se establece que “la inyección de energía eléctrica anual del suscriptor a la red del distribuidor deberá ser menor o igual al consumo anual de energía eléctrica tomada de la red”.

    Asimismo, y antes de celebrar el contrato, UTE debe verificar si la generación estimada de energía eléctrica anual de la instalación de microgeneración es menor o igual al consumo anual de energía eléctrica del usuario, tomando en cuenta los consumos históricos y si es un nuevo suscriptor se le solicitará una declaración jurada.

    “El incumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos y de los demás establecidos en la regulación de microgeneración puede dar lugar a la aplicación de penalidades, e incluso la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato por parte de UTE”, dijo Pérez.

    Sobre el crecimiento de este tipo de proyectos, Pérez señaló que en el estudio están recibiendo “cada vez más consultas” de clientes interesados en instalar nuevos emprendimientos.

    Actualmente cuentan con un cliente que ya está en proceso de inaugurar un proyecto de ese estilo en San José: la ONG Global Sustainable Electricity Partnership (GESP) está financiando un proyecto de microgeneración a partir de biomasa para granjas vinculadas al sector lácteo.

    Para el director de UTE los cambios “eran muy necesarios” pero no son suficientes. “Los cambios no modificaron lo que se paga por la energía, y para mí eso es un pendiente”, dijo.

    Tambo con biomasa, casas con paneles.

    Mientras esto sucede, algunos emprendimientos de microgeneración “reales” ven afectada en parte su operatividad debido al cambio de normativa. Guillermo Zinola, fundador de la empresa de gestión de residuos Netum y que inició el proyecto prototipo en un tambo de Kiyú, dijo a Búsqueda que comparte la decisión del gobierno de modificar el decreto para evitar esos casos pero que se debería contemplar “algunas excepciones”.

    “Hay casos, como pueden ser los tambos u otros emprendimientos agrícolas, donde hay una gran producción de residuos y un bajo consumo de energía”, sostuvo.

    Zinola explicó que para este emprendimiento “hay una inversión aproximada de US$ 120.000” y que puede ser escalable “a varios tambos u otros negocios” agrícolas.

    Zinola, que es químico de orientación agrícola y de medioambiente, dijo que aún están negociando con el gobierno para ver posibilidades que “contemplen” estos emprendimientos.

    “Entendemos la postura del gobierno pero también sabemos que ellos buscan promover y ayudar en casos como estos”, señaló.

    Por su parte, y con las nuevas reglas del juego que “no matan” al objetivo inicial, el gobierno promueve la instalación de paneles solares térmicos (para generación de calor y no de electricidad).

    El 8 de agosto, UTE, el MIEM y Mevir (Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre) firmaron un convenio mediante el cual los complejos habitacionales de Mevir cuenten con estos colectores solares.

    Información Nacional
    2017-08-24T00:00:00