El listado de los bienes usufructuados por la administración central declarados al Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE), ya sea como propietaria o arrendadora, ocupa casi una centena de páginas. Son miles de propiedades ubicadas en capitales departamentales, ciudades más chicas y en localidades perdidas en el interior del país, con diferentes usos. Conforman un activo público sobre el cual el nuevo gobierno pretende saber más para, después, proceder a su “racionalización”.
Es una intención que reaparece cada tiempo. Por ejemplo, hubo impulsos en esa dirección en la ley de Presupuesto del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y, más recientemente, en la última administración de Tabaré Vázquez, cuando se elaboró un inventario. Ahora, en tiempos de “shock de austeridad” —como prometió durante la campaña electoral el hoy presidente Luis Lacalle Pou—, el propósito de ahorrar en alquileres y mantenimiento edilicio se reactiva; el documento programático que firmó con sus socios de la coalición multicolor lo enuncia como un “plan de aprovechamiento y evaluación del estado de conservación de inmuebles” públicos.
En concreto, el artículo 64 del proyecto de Presupuesto a estudio en el Parlamento ordena a los incisos de la administración central, los entes autónomos y los servicios descentralizados informar al RUIE —que lleva la Contaduría General de la Nación— sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión, a cualquier título. Lo deberán hacer en un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia de esa ley y, en adelante, en los primeros 60 días de cada año civil. Deberán detallar su “uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración, debiendo informar en forma fundada si considera a dicho inmueble imprescindible o no”.
El mismo artículo crea el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado en la órbita de la Presidencia de la República, que identificará “aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el artículo 415 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente”. El Ejecutivo procederá a la venta de “todos los inmuebles estatales” que declare innecesarios, salvo los “bienes y propiedades de los organismos estatales que presten función social o recreativa de sus funcionarios”.
El producido de la enajenación de los inmuebles prescindibles, luego de deducidos los gastos de la transacción, irán hasta en un 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios y el resto al inciso al cual estuviera afectada la propiedad, pero exclusivamente para financiar inversiones.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, defendió el cambio de esquema de venta cuando el 29 de setiembre visitó la comisión de la Cámara de Diputados que trata el proyecto presupuestal. “Hemos encontrado que, en general, los incisos van enajenando sus activos inmuebles de a uno. Si analizamos el costo de enajenación individual, veremos que, en muchos casos, una proporción muy importante, diría más del 50%, la absorben los gastos de administración, de las publicaciones, del armado de las licitaciones, etcétera. En este artículo, proponemos pasar todo a un programa específico, para el que seguramente vamos a contratar a una o dos personas —no más— que entiendan cómo funciona el mercado, que puedan empaquetar los inmuebles en función de especificidades y sacar a la venta varios juntos, en función de características comunes, de lugares comunes, etcétera. De esta manera, evitamos que en el medio se nos pierda una parte importante de lo recaudado”. Además, según Alfie, se da “flexibilidad al decir: ‘Hasta el 75% puede ser un refuerzo para el Programa de Mejoramiento de Barrios, y el resto va para el inciso’. Eso se va a definir en cada oportunidad y en función de las necesidades de unos y otros programas que se quieran aplicar”.
La “joya de la abuela”
Ante la pregunta de un legislador, Alfie aclaró que, para los organismos del artículo 220 de la Constitución, será “a voluntad de ellos estar incluidos en este artículo y hacer un acuerdo con el Poder Ejecutivo a efectos de vender mejor sus bienes, pero no están obligados. En realidad, podríamos obligar a los servicios descentralizados, de acuerdo a lo que establece la ley, pero no vamos a hacerlo. Por lo tanto, si quieren mejor vender sus bienes, pueden hacer un acuerdo o pueden seguir vendiéndolos de a uno y perder la mitad o más de la mitad de su ingreso”.
Como una inquietud, el diputado por Río Negro Constante Mendiondo (Frente Amplio) planteó, a partir de su mirada “desde el pago chico”, que existe una “cantidad enorme de bienes del Estado abandonados o semiabandonados en lo mejor de la trama urbana (…). A mí me preocupa que esos lugares que son un tesoro —que vendidos como ruinas no tienen mucho sentido— no se aprovechen, ya que podrían ser un gran aporte para densificar ciudades, incluida Montevideo, si se pusieran al servicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este sería un aporte que parte de la base de cómo funciona esto en la realidad; me parece que sería regalar la joya de la abuela vender esas cuestiones como ruinosas cuando tienen un gran valor dentro de la trama urbana, ya que hay ciudades que se extienden ilimitadamente, con un costo enorme para el Estado”.
Hay 369 inmuebles estatales en desuso en todo el país, informó El Observador el 5 de setiembre con base en la información entregada por el Ministerio de Economía (MEF) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública del periodista Diego Cayota.
En el programa Séptimo día, de Canal 12, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo el domingo 4 que son “muchísimos, muchísimos” los inmuebles en desuso, y aludió a algún caso “insólito”, que no detalló.
Un caso reciente de virtual abandono de una propiedad, que tomó connotaciones políticas, fue el de la “Casa Anaya”, un monumento histórico nacional ubicado en la Ciudad Vieja. Después de que en agosto El País y otros medios de comunicación publicaron fotos del interior del inmueble registradas por el Ministerio de Educación, el titular de esa secretaría de Estado, Pablo da Silveira, denunció públicamente un estado ruinoso del edificio y su uso como depósito para “basura tecnológica”, libros y mobiliario “sin inventariar”. Su ministerio “estaba alquilando espacios de oficinas al mismo tiempo que tenía espacios disponibles en otros bienes que eran de su propiedad”, dijo el jerarca en Radio Universal, y anunció la mudanza de algunos servicios para “ahorrar una cantidad importante de dinero que se gastaba que era innecesario”.
En 2019 se pagaron alquileres de inmuebles dentro del país por el equivalente a US$ 15,6 millones, calculó Búsqueda a partir de la Rendición de Cuentas.
El RUIE
La creación de un inventario de los inmuebles del Estado, así como la venta de aquellos que fueran declarados prescindibles, fue prevista en la Ley 16.736, de enero de 1996. Un decreto del año siguiente le dio vida al RUIE, con alcance sobre la Presidencia y los ministerios.
Al amparo de la ley de acceso a la información pública Búsqueda pidió al MEF datos del RUIE sobre la cantidad de inmuebles declarados por cada inciso, a fin de cada año y desde el año que se dispusiera de información hasta 2019. La respuesta, notificada la semana pasada, aclara que la base “no cuenta con fecha de ingreso de cada bien declarado, por lo que es imposible especificar los inmuebles declarados año a año”. La ausencia de ese dato impide estudiar la evolución en el tiempo de la cartera de propiedades de la administración central. Por otro lado, la información fue entregada en papel y no en planillas de cálculo, lo que hace más engorroso el análisis de las propiedades por incisos, así como por departamentos, ciudades o localidades. Por ejemplo, en Montevideo son unos 1.000 inmuebles propios registrados, más 103 alquilados. Y en Flores, uno de los departamentos más chicos, no llegan a 100 aquellos que pertenecen al Estado y ocho los arrendados, todos ubicados en Trinidad.
En la respuesta se incluyó un comentario de la Asesoría Jurídica de la Contaduría General de la Nación en el que aclara que la información contenida en el RUIE refiere a lo que efectivamente reportaron los incisos 2 al 15, y el 36, de la administración central, por lo cual “lo no declarado no consta” en el registro. El listado incluyó también algunos inmuebles que “se tiene del Poder Judicial y de los organismos del artículo 220 de la Constitución, en todo el territorio de la República”, ya sea en propiedad o en carácter de arrendador. La ANEP, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y algunos ministerios, como Interior, Educación, Economía y Transporte, son de los que figuran con mayores cantidades.
Mantener en condiciones los edificios ocupados por las reparticiones de la administración central no es un gasto menor. En “limpieza, aseo y fumigación” fueron US$ 73,7 millones el año pasado (sin incluir los centros hospitalarios de ASSE). Ese monto es más, por ejemplo, que los presupuestos totales sumados de los ministerios de Industria y Trabajo (US$ 30,6 millones y US$ 29,9 millones).
