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Posiblemente el secreto bancario en la plaza uruguaya esté camino a su defunción, aunque no a corto plazo. También las sociedades anónimas al portador. Pero en lo inmediato el Poder Ejecutivo prioriza otras cosas, como disolver las miles de sociedades de responsabilidad limitada (SRL) que detectó inactivas.
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“(…) Así como había 80.000 sociedades (anónimas) inactivas —que no tenían razón de ser y, por lo tanto, hubo que disolverlas de hecho—, tenemos una situación más o menos similar con 70.000 u 80.000 sociedades de responsabilidad limitada que están inactivas. En un orden de prioridades, disolver esas sociedades estaría antes que volver todas las sociedades anónimas a nominativas, porque nos aseguramos un control incluso más férreo, dejando que sean al portador, pero obligándolas a registrarse en el Banco Central”, explicó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al comparecer la semana pasada en la comisión legislativa creada a partir de los “Panama Papers”.
¿Cuál es la razón para no eliminar el secreto bancario definitivamente en lugar de proponer flexibilizarlo mediante un proyecto de ley que entró al Parlamento en julio?, preguntó un legislador. Entre otras cosas, esa iniciativa obliga a las instituciones financieras a pasarle a la Dirección General Impositiva la información de saldos e intereses a fin de cada año de las cuentas de residentes y no residentes en el país.
“El secreto bancario está enmarcado dentro de esa lógica que entendemos es gradual”, respondió Ferreri. Dijo que con este proyecto se cumple con la necesidad de adecuación de cara al compromiso de intercambiar automáticamente información financiera desde 2018 y agregó: “Estamos yendo más allá de los estándares internacionales y entendemos que en este momento ese es el mejor escenario en el cual Uruguay hoy puede posicionarse, en tanto es una acción puntual dentro de una película, que no comienza ni termina en esta acción, sino con un secreto bancario cerrado a cal y canto, que se va flexibilizando y horadando en el tiempo. Ese lapso le permite generar mejores condiciones de adecuación a la plaza local, que de una manera abrupta”. Planteó que esto es algo que los ejecutivos del sistema financiero “lo dan como algo natural, que ocurre prácticamente sin problema alguno. Entonces, quizá dando este paso hoy, en algún momento, no muy lejano, dar otros pasos también sea algo que ocurra sin mayores inconvenientes”, añadió el jerarca.
Con fecha del lunes 1º, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, a la que adhirió el gobierno uruguayo en junio pasado. A la fecha son 98 las jurisdicciones firmantes.
Uruguay adhirió a este protocolo para colaborar en el combate a la evasión tributaria pero con ciertas reservas, como que la DGI no prestará asistencia para la notificación o traslado de documentos ni de cobro de créditos o sanciones administrativas para una oficina recaudadora extranjera, entre otras.
“Cambio de rumbo”. ?
El proyecto de ley que obliga a los bancos a proporcionar la información bancaria al cierre de cada año a la Impositiva y a identificar a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas “generará, al menos a nivel doctrinario, un nivel muy importante de debate que determinaría en caso de aprobación, un definitivo y significativo cambio de rumbo de nuestro país en materia jurídico-tributaria”, opinó el estudio Rueda Abadi Pereira en un comentario a página completa publicado el jueves pasado en “El Observador”.
Para Mauricio Silva, gerente del Departamento Tributario del estudio BDO, el gobierno debería “proceder con mayor cautela” en este asunto. En un espacio contratado, el martes 2, en el mismo diario, señaló que con el proyecto de ley “se están modificando principios básicos” del sistema impositivo “como son la igualdad entre nacionales y extranjeros, la territorialidad y el secreto bancario y tributario. Estas circunstancias generan cambios muy importantes en las reglas vigentes que pueden afectar la inversión y que según diversos constitucionalistas pueden ser considerados en algunos casos como inconstitucionales”.
A su vez, el Colegio de Abogados manifestó la semana pasada en un comunicado su “radical oposición” a algunos artículos del proyecto, dado que “acentuarán las limitaciones al derecho fundamental de la privacidad ya establecidas por normas anteriores y se declaran inoponibles a la DGI todas las disposiciones que consagran un deber de secreto, reserva o confidencialidad” de los abogados en el ejercicio de su profesión.
