—Con la nueva administración habíamos estado dialogando acerca de las prioridades, pero vino la pandemia. Desde Washington se tomó la decisión de poner en el hielo las nuevas estrategias país porque, evidentemente, los gobiernos estaban muy ocupados con lo urgente, que era dar respuestas sanitaria y social frente al Covid. Así que durante año, o año y medio, seguimos trabajando bajo el marco anterior, y ahora que volvimos a la normalidad nos sentamos con el gobierno para ver cuáles son sus prioridades de política pública y cómo encajan con lo que nosotros pensamos que son las prioridades para Uruguay en términos de desarrollo económico y social. Es una fecha rara (para la aprobación), porque estamos a mitad del período, pero no es un problema porque cada estrategia tiene un botón de reset que con Uruguay tendrá lugar en 2024-2025, después de las próximas elecciones, para conversar sobre cómo va y hacer ajustes.
—¿Es de las que elogia al gobierno por la gestión de la crisis del Covid?
—Me consideré muy afortunada de estar aquí porque fue de los mejores sitios donde se podía estar en el mundo. Hubo una gestión muy responsable de la pandemia, y el no hacer mandatorio el quedarse en casa y cerrar las escuelas lo menos posible funcionó muy bien; la pérdida de tiempo escolar fue la menor en América Latina.
Luego miras atrás y dices: ¿por qué Uruguay pudo tomar estas decisiones correctas? Porque se apoyaba en inversiones en bienes públicos hechas anteriormente. En conexión digital y un Plan Ceibal que permitió trabajar y estudiar desde casa; un buen sistema de salud; un sistema de protección social que permitió darles más transferencias a las personas en situación de vulnerabilidad porque el instrumento de la tarjeta ya estaba y no hubo que hacerlo de la noche a la mañana.
—También había un déficit fiscal relativamente alto y una clase media frágil, parte de la cual pasó a ser pobre para las estadísticas cuando se frenó la economía con la emergencia sanitaria.
—Uruguay tiene también la informalidad más baja de América Latina. Cuando una persona trabaja formalmente, le puedes seguir pagando beneficios para que trabaje desde casa y darle determinada protección. Pero es cierto que muchas personas que estaban en situación de vulnerabilidad cayeron en la pobreza y todavía no se han recuperado. Esto nos preocupa: hay personas que pasaron a la pobreza por un tema de ingresos, pero luego hay pobreza incrustada, que responde a dimensiones más serias.
—En su momento, el sistema político polemizó acerca de si el gasto público para apoyar a los sectores afectados por esta crisis era o no suficiente. ¿El gobierno también acertó en este aspecto?
—Desde los multilaterales, el Fondo Monetario y nosotros, estábamos diciendo: “Es el momento de ser expansivos y de gastar sin mirar, para salir de esta crisis”. ¡Y en Uruguay estaban haciendo lo contrario, con lo cual teníamos dudas! El hecho es que el déficit hoy es menor al que había antes de la pandemia. La verdad, esto no lo esperaba nadie. Nos sorprendió y felicitamos a la ministra porque fue algo muy bien manejado; también el no cerrar completamente (la economía) favoreció muchísimo. De hecho, hay medidas de apoyo que se han ido sosteniendo más allá de lo que ha sido la crisis. Y, por otro lado, el Fondo Covid dio transparencia a este gasto.
Ha sido un manejo inteligente que miramos como un caso de estudio.
—¿Cuál es el foco del Marco de Alianza con el País?
—La competitividad. Una cosa que me sorprende siempre de Uruguay es que cuando se habla de competitividad, se habla de cómo está el cambio del dólar y cómo está el precio del gasoil. ¡Es muy cortoplacista y limitado! Hay que mantener el nivel de desarrollo del país; fíjese que el nivel de ingreso per cápita ha bajado desde que hicimos la estrategia hace cinco años, ¡y eso que la demografía también va hacia abajo! Si se quiere mantener el nivel de vida e incluso subir el nivel de ingreso —es a lo que aspiramos—, se debe adaptar la economía a la nueva economía verde para poder sacar partido en los mercados de la potencia que es el país como productor de alimentos. Segundo, se necesita un capital humano muy robusto, y no solo pienso en la educación en los primeros años: ¡es de por vida que hay que readaptarse! En países donde es tan caro operar, como en Uruguay, la decisión de invertir aquí y no en Argentina o Brasil, hace necesario contar con un capital humano top, top, top.
Tercero, los servicios públicos deben ser de calidad. Es estupendo tener casi 100% de cobertura eléctrica, pero para una empresa un corte del suministro tiene un costo muy importante en su producción. Entonces, hay que enfatizar más en cuanto a la calidad y también en el acceso, porque no es el mismo aquí, en el Centro de Montevideo, que estando en un asentamiento o estando en Artigas.
—¿La agenda del gobierno encara estas cuestiones?
—Sí, pero podría ser más ambicioso. Es cierto que cuando estás en el gobierno hay que elegir ciertas batallas, y todos lo hacen. Pero habría que tener una conversación sobre productividad a todos los niveles —incluidos los sindicatos, las empresas públicas y privadas—, porque es imposible alcanzar esos niveles de crecimiento que todos queremos sin mejorar la productividad. Y es una conversación que yo no estoy escuchando demasiado.
—Los tres ejes del nuevo Marco de Alianza apuntan a eso que usted señala: incrementar la capacidad de gestión de los riesgos climáticos; a elevar el nivel educativo de la gente y las oportunidades laborales, y a mejorar el acceso a los servicios públicos. ¿Qué acción prevista destaca en cada área?
—En economía verde, el tema de los shocks es muy importante. Cuestan casi un punto del PIB; la emergencia hídrica, reconstruir infraestructuras, compensar a personas. Y sabemos que serán cada vez más recurrentes y con mayor dimensión. Entonces, hay que pensar en blindar un poco las cuentas públicas en términos de previsión o sistemas de seguro agrícola frente a la escasez hídrica para que el riesgo lo asuman los privados.
—¿Cómo sería ese blindaje fiscal?
—Nos gustaría poder empezar a hablar de un fondo de compensación contracíclico, pero es una conversación que todavía no está planteada. Ahora estamos trabajando con el nuevo Departamento de Economía Verde del Ministerio de Economía para ver las herramientas que permitan calcular escenarios de stress: si ocurre determinado shock, cuánto costaría reponer determinada infraestructura.
Con estos fondos ahorras en las épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas, así funcionan en general. Pero no estamos ahí; estamos todavía con el diseño de las herramientas y ver qué amplitud podría tener el impacto fiscal y los compromisos internacionales ambientales que está tomando Uruguay.
—¿Qué está previsto en el Marco de Alianza en materia educativa?
—Es el punto que personalmente me interesa más, porque realmente es una tragedia lo que tenemos aquí. Es algo que cuando viene gente de afuera es lo primero que le sorprende. No solo las cifras, le sorprende que cualquier persona con la que hablen —de cualquier partido, de la calle— todos dicen: “educación”. Es muy palpable que es un tema extremadamente importante, y lo que nos gustaría es que fuese más urgente. No se siente urgencia, probablemente porque con los que hablamos tenemos todos a nuestros niños en colegios privados y no son los que salen en la estadística. Cuando te dicen que solamente 42% de los niños es capaz de leer un texto simple y entenderlo, evidente ellos no están ahí. Y ese 42% es del total, ¡así que los quintiles más bajos imagínese lo que es! Es terrible, porque siempre la educación ha funcionado para la movilidad y la integración social, y esa escalera es la que se está rompiendo.
—El gobierno propuso una reforma. ¿Cómo la ve?
—Eso está bien. Ya que se empiece a mover es importante; esperamos que se haga más. Dicen: “Más gasto sin reforma no da resultados”, pero también una reforma sin inversión… Nosotros, como Banco Mundial, estamos invirtiendo allí, pero son necesarias más escuelas de tiempo completo. El gasto en educación realmente en este momento ha bajado y es un poquito regresivo. Hay universidades públicas estupendas, ¿pero quiénes son los que llegan a la universidad? Ahí hay una criba importante: no son de los segmentos más bajos. Solamente el 3% de los niños afrodescendientes llegan a la universidad.
Por otro lado, hay pensiones para gente mayor que son de las mejores del continente, y queremos preservarlas, pero los niveles de pobreza infantil son terribles. Si queremos invertir en el futuro de este país hay que hacerlo sobre todo en su capital humano, en infancia y en educación.
—Los sindicatos de la educación y la oposición política cuestionan el plan reformista del gobierno. ¿Cómo ve esas posturas?
—No he visto una reforma educativa sin resistencia. No me llama la atención. Y no es por nada, pero en Francia y en España, con las reformas que han tenido, llegaba el fin de curso y los profesores no sabían cómo poner las notas porque desconocían el nuevo sistema. Es un horror. ¡Pero qué le vamos a hacer, es así! Hay que empezar.
Y la verdad que hay temas muy interesantes del proyecto que tiene en marcha el gobierno. Uno es la autonomía escolar y que cuenten con un pequeño presupuesto para que los centros educativos tengan un buen resultado. También es sabido que la parte principal de la educación es el docente y gran parte del éxito de que tu hijo aprenda es el maestro que le ha tocado. Entonces, la formación del docente es tremendamente importante, debe estar motivado y bien pago. Es clave poner atención máxima a los docentes.
El tema del currículum se está hablando mundialmente, de cómo pasar de uno del siglo XIX que enseña a leer y escribir, a otro adaptado a lo que es el trabajo hoy o cómo será dentro de cinco o 10 años. No soy experta en educación, pero entiendo que es algo sobre lo que se deben seguir actualizando, sobre todo cuando no podemos retener a los estudiantes en el sistema. Todo esto es muy importante para un comienzo de transformación; hablar de transformación me parece ambicioso por el momento. Lo que está planteado va en la línea correcta, ¡pero tendremos 10 años de transformación!
Fernando Filgueira acuñó una frase que me quedó grabada: “Si la educación no está al nivel del PIB, el PIB estará al nivel de la educación”. Para mí, eso es inevitable: si no mejoramos la calidad de los aprendizajes y que los niños salgan preparados para el mundo que se viene, es un problema serio. Muy serio. Los números de Uruguay, para el nivel de ingreso que tiene el país, nos chocan muchísimo. No se explican.
—¿A qué se apuntará en materia de servicios públicos, el tercer eje de la Alianza con el país?
—Es una historia bien uruguaya. UTE tiene 115 años. OSE también; creo que fue la primera empresa pública de la región que tuvo pipas de suministro de agua. Eran los líderes. Pero luego hay un tema de mantenimiento, que requiere inversión, y se quedaron atrás comparado con los que vinieron atrás y pusieron líneas más modernas, con menos roturas. Uruguay tiene que invertir mucho en estas empresas públicas para que tenga buena gestión y calidad de servicio.
Las pérdidas son preocupantes: OSE tiene cerca del 50% del agua tratada, cuando sabemos que el agua es un bien escaso. En Paraguay es 32%. Choca, ¿no? Y en UTE las pérdidas son de 19%, de las más altas de América Latina, y están costando casi US$ 200 millones; Silvia (Emaldi, su presidenta) está haciendo un trabajo estupendo con un plan piloto al que ayudamos con asistencia técnica, con la intención de llevarlo a todo el país.
—¿La inversión en las empresas públicas está siendo insuficiente? ¿No mejoró la gestión de los entes?
—Se está haciendo, pero creemos que hay una asignatura pendiente y se debe hacer más. En sistemas internos, en tecnología, en recursos humanos. Son grandes animales, son paquidermos del siglo pasado y estamos en el siglo XXI. Falta un proceso de modernización, ser más ágiles y más transparencia.
—¿La cuestión de la propiedad de los entes debería volver a ser puesta en discusión?
—Hay cosas que se pueden hacer sin tocar ningún tipo de tema tabú. Simplemente modernización de una empresa: todas las empresas en el mundo invierten en software y en mantener a sus ejecutivos mejor formados. Estas son administraciones públicas que siempre van más despacio, pero hay un salto que dar, porque no hacerlo tiene un costo. Y el costo lo paga el ciudadano, y eso nos preocupa: si los servicios son caros se genera otro tipo de pobreza y de exclusión. ¡Qué maravilla la conexión a Internet! Pero muchas familias no pueden pagar $ 1.800 por la conexión en casa. Estos costos también tienen que ver con la competitividad.
—Para aprobar un programa y dar créditos a los países, organismos como el BM evalúan los distintos riesgos de implementación, entre ellos los institucionales y políticos internos. ¿El caso de corrupción investigado en torno al exjefe de seguridad presidencial afecta la visión que se tiene de Uruguay?
—No. Lo que vemos siempre a nivel de riesgo cuando se propone la estrategia es que los cambios en Uruguay van despacio. A nosotros nos gustaría avanzar un poquito más rápido y ser un poquito más osados. Pero es parte de la idiosincrasia del país y ahí está la belleza del consenso; cambia el gobierno pero no se deshace lo que hizo el anterior. Eso de estar haciendo y deshaciendo es algo terrible en otros países.
Lo que ocurre, ya a medio y largo plazo, es que si no se consigue crear los empleos decentes y de calidad necesarios para las nuevas generaciones, la cohesión social sobre la que se basa en gran medida la estabilidad del país se puede resentir. No a corto plazo, pero es muy importante tenerlo en el radar, por supuesto para el desarrollo y el bienestar, pero también para la calidad democrática.
Economía
2022-12-14T18:03:00
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