En cuanto al impuesto sobre la renta de las empresas, destaca que la tasa en Uruguay del 25% “es competitiva en comparación con la de otros países de la región”.
Agrega que el país cuenta con una “extensa red de tratados impositivos, que ayudan a prevenir la doble tributación y facilitan las inversiones transfronterizas”.
Resalta como un rasgo distintivo el “secreto financiero”, que ha tenido cambios en tiempos recientes; “si bien Uruguay ha logrado avances en cuanto a la transparencia fiscal, aún ofrece un grado de privacidad financiera que atrae a algunas personas de alto patrimonio”.
Para el BM, en comparación con la fiscalidad que encuentran los argentinos en su propio país, “todas estas características representan fuertes incentivos para trasladarse a Uruguay”.
El caso de Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, que “se mudó de Argentina a Uruguay, muestra que las personas de cuantioso patrimonio neto pueden aprovechar las diferencias tributarias para reducir sus obligaciones impositivas” en América Latina.
Impuestos, equidad y crecimiento
Los atractivos para los argentinos del sistema tributario uruguayo no son el corazón de este documento, publicado a finales del año pasado bajo la coordinación de Guillermo Vuletin, economista senior en la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del organismo multilateral. En cambio, se enfoca en analizar cómo los diferentes instrumentos tributarios inciden en la inversión, la actividad empresarial, la oferta de mano de obra y los flujos de capital, en definitiva, en el crecimiento económico, “una dimensión tradicionalmente subestimada en debates que suelen priorizar los ingresos y la equidad”.
Desde esa perspectiva, el BM introduce una “desmitificación de la regresividad del IVA” y de las tasas estándar elevadas, a la vez que, en cuanto a la riqueza, propone poner énfasis en gravar aquella “tangible e inmóvil”, como los bienes inmuebles. “Dadas estas características atractivas, resulta un tanto paradójico que hoy en día los impuestos a la propiedad tengan tan poco protagonismo en la región. A diferencia de los impuestos a la riqueza aplicados a multimillonarios, que pueden ser difíciles de implementar y hacer cumplir debido a la cantidad limitada de personas ultrarricas, su gran movilidad y los importantes desafíos de gravar los activos financieros (lo que exigiría una coordinación mundial casi perfecta), los impuestos a la propiedad ofrecen una solución práctica y eficaz, reforzada por el hecho de que las plataformas digitales (...) están contribuyendo rápidamente a que la valuación de propiedades sea precisa y de bajo costo, convirtiéndola en un objetivo cada vez más alcanzable”, argumenta el BM, insistiendo con un enfoque que ya había planteado en 2024.
El IVA
De los casi $ 640.000 millones recaudados por la Dirección General Impositiva (DGI) en enero-noviembre del año pasado, un 48% provino del Impuesto al Valor Agregado-IVA, según datos de esa dependencia del Ministerio de Economía. Este tributo tiene una tasa básica de 22%, una mínima de 10%, y también hay rubros exonerados (0%).
El BM cita investigaciones a escala internacional según las cuales una alícuota de alrededor de 16% “puede ser un umbral clave. Por encima de este nivel, los nuevos aumentos del IVA podrían perjudicar cada vez más a la actividad económica”.
Los cambios tributarios prácticamente no tendrían ningún efecto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en países con tasas impositivas bajas, como Angola, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nigeria y Paraguay. Por el contrario, el mismo aumento (o una disminución) del impuesto provocaría una caída (o un incremento) de la producción en países con tasas de IVA “relativamente altas, incluidos mercados emergentes como Argentina y Uruguay y, especialmente, muchos países industriales europeos”.
Según los autores, mediante una reevaluación de las tasas reducidas del IVA —que en la situación actual pueden “favorecer desproporcionadamente a las personas ricas”— y la disminución de la “dependencia” de alícuotas básicas elevadas, los gobiernos de la región “podrían crear espacio para una estructura fiscal general más progresiva y, al mismo tiempo, minimizar las distorsiones y promover el crecimiento económico”.
El gravamen sobre las rentas
América Latina y el Caribe es la región del mundo que menos recauda, en promedio, por concepto del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF): alrededor del 2% del PIB o el 10% del total de ingresos tributarios. En el otro extremo, en Estados Unidos y Canadá aporta aproximadamente la mitad del total de la recaudación impositiva global. Dentro de ese panorama, Uruguay está en torno a un punto medio: en los primeros 11 meses de 2025, el IRPF contribuyó con 18% de los ingresos totales de la DGI.
“Aunque gravar a los más ricos resulta políticamente atractivo, centrarse únicamente en tasas máximas altas dentro de una base estrecha es ineficiente”, sentencia. Teniendo en cuenta la historia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe “puede generar mayores ingresos y lograr un sistema tributario más sostenible ampliando moderadamente la base, sin incluir a las poblaciones vulnerables e informales. Este parece ser un camino más prometedor para mejorar la capacidad fiscal”, según el estudio.
El impuesto a la riqueza
El BM señala que, en la región, el interés por este gravamen “se está extendiendo”, y postula que la “eficacia de los impuestos a la riqueza depende de que se reconozcan con claridad los activos que se gravarán”.
Menciona que, en Uruguay, el Impuesto al Patrimonio se aplica a las personas físicas sobre los activos que posean en el país y es progresivo: va del 0,1% al 0,4% para los residentes y del 0,7% al 1,5% para los no residentes. Según datos de la DGI, en 2025 —hasta noviembre—, este tributo contribuyó con alrededor del 4% de la recaudación total.
El documento plantea que los impuestos a la riqueza han sido cuestionados por requerir gran capacidad administrativa, por desalentar la inversión y por conducir en ocasiones a la fuga de activos y a una baja recaudación. No obstante —acota—, estas críticas dependen del tipo específico de riqueza al que apuntan estos tributos. Por ejemplo, puede resultar difícil gravar los activos “líquidos”, como los depósitos u otras inversiones financieras. En cambio, los tributos sobre la propiedad “generan menos comportamientos negativos y cargas administrativas más manejables”. Por naturaleza, los inmuebles son un activo relativamente fijo y fácilmente identificable y, por lo tanto, menos proclive a la fuga. Además, estos bienes son el principal tipo de riqueza en América Latina y el Caribe, pero las “bajas valuaciones han tenido como consecuencia” su “subutilización” como fuente de ingresos para los gobiernos.
Para alentar a buscar obtener mayores recursos fiscales a través de estos impuestos que alcanzan los patrimonios inmobiliarios, el BM argumenta que “es menos probable (...) que obstaculicen el crecimiento” económico. Por lo general, las propiedades “contribuyen menos al dinamismo” en lo que respecta al “fomento de la innovación, la creación de sinergias positivas con otros sectores productivos estratégicos o el desarrollo del capital humano. De este modo, los impuestos a la propiedad podrían crear empleos y acelerar el crecimiento. Por el contrario, las tasas marginales excesivamente elevadas en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades, y otros impuestos distorsivos, como los que gravan los ingresos brutos y las transacciones financieras, penalizan a los inversionistas y emprendedores, que pueden estar generando innovación y empleo en la economía”.
Asimismo, conforme con la publicación, la doble tributación implícita —debido a que la riqueza suele ser la acumulación de ahorros a partir de ingresos ya gravados— puede desalentar la inversión y la innovación o impulsar a los empresarios productivos a trasladarse a jurisdicciones con tasas impositivas más bajas. La reducción de los tributos sobre los “individuos calificados” y de “alta rentabilidad” podría dar lugar a una “reasignación del capital; a su vez, el aumento de los rendimientos podría generar mayor ahorro”. Teniendo en cuenta eso, acota, “en la última década, numerosos países europeos han derogado o reorientado los impuestos a la riqueza”.
