Esta nueva redacción es “más abarcativa y nos deja mejor cubiertas las espaldas, ya que se han tenido en cuenta otras formas jurídicas”, dijo el ministro interino de Ganadería, Enzo Benech, al acceder al planteo de legisladores del Frente Amplio de “no otorgar excepciones” a empresas de Estados extranjeros que pretendan ser titulares de inmuebles rurales en Uruguay, lo que figura en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Pardiñas, que fue uno de los autores del proyecto junto con otros integrantes del denominado Grupo Agro del Partido Socialista, dijo: “Estamos preocupados por lo que establece el artículo 3 del proyecto de ley que estamos analizando, que genera excepciones que reconocemos que están basadas en temas importantes para el país, como por ejemplo los lineamientos de desarrollo, la aplicación de tecnologías innovadoras, la generación de empleo o la suba de la productividad.
Luego, el presidente de la Comisión, Mario Perrachón, leyó la nueva redacción dada al proyecto, basándose en lo conversado en esa oportunidad: “El Poder Ejecutivo no podrá disponer, al amparo de lo establecido por el inciso final del artículo 1 de la ley 18.092 de enero de 2007, en la redacción dada por el artículo 349 de la ley 18.172 de agosto de ese año, que la titularidad de los inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias pueda ser ejercida por entidades, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos titulares sean Estados extranjeros, entidades o fondos soberanos de los mismos, con independencia del porcentaje de participación que posean (en acciones)”.
Benech, que también es socialista, respondió: “Revisamos todo el material y creemos que lo que se propone es correcto, ya que se plantea eliminar el artículo 3 y dar una nueva redacción al 2”.
“Estamos de acuerdo con la propuesta”, dijo.
Los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas fueron el director de Asesoría Tributaria, Fernando Serra, y el asesor Gabriel Papa. Ambos reafirmaron la posición del titular del MGAP.
Serra dijo que “en la redacción anterior de ese artículo solamente se hacía referencia a las sociedades anónimas con acciones al portador y no se contemplaban otras situaciones que pueden presentarse en la práctica, como que la titularidad pueda estar representada por sociedades anónimas con acciones nominativas, por fideicomisos, por fondo de inversión e, inclusive, por sociedades de tipo personal, por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada, cuyos titulares fueran este tipo de entidades”.
“No se quiere que el Poder Ejecutivo tenga esa discrecionalidad”, manifestó. Y consideró que con la nueva redacción “se cubrirían todas las posibles formas de titularidad de los inmuebles rurales que pudieran adoptarse”.
Papa opinó que “se debe dar una doble señal, que incluye acoger la inversión extranjera, tal como lo hemos hecho en este período, pero estableciendo algunas limitaciones, como las que alude el proyecto de ley en estudio de esta Comisión”.
A partir de un planteamiento de directivos de la Asociación Rural (ARU), que concurrieron a esa misma Comisión al día siguiente (14 de mayo), con relación a eventuales excepciones a la norma en estudio, legisladores frenteamplistas manifestaron que “la única alternativa que tendrá el gobierno cuando exista un proyecto (de inversión en compra de tierras) que se considere de interés general, será remitir una iniciativa (legal) para autorizarlo”.
El anteproyecto de ley que envió el Ejecutivo en noviembre de 2013 al Parlamento establece en el artículo 1: “Declárase de interés general la preservación de defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y la tierra en particular”.
El embudo de la agroindustria
Tras aclarar que “en esta etapa era engorroso entrar a una regulación más estricta o más restrictiva en lo que tiene que ver con la propiedad de la agroindustria” en manos de extranjeros, Pardiñas advirtió “posibles conflictos cuando los dueños de ese tipo de empresas en la cadena agropecuaria tienen intereses que no coinciden con los del país”.
“Este es un sector bastante complejo y debemos seguir estudiando y analizando políticas de Estado de protección a la producción primaria, que cae, sin lugar a dudas, en un embudo que es la agroindustria. Es ahi donde se regula el precio”, dijo, y mencionó que eso pasa con la carne y el arroz.
El vicepresidente de la Asociación Rural, Gerardo García Pintos, diferenció lo que está pasando con las agroindustrias de lo que ocurre en el mercado de tierras, en cuanto a las características de las empresas que operan en cada uno de esos ámbitos. “En la agroindustria como la leche, los cereales, la forestación, existen firmas globales y Uruguay no jugaría en primera división a escala internacional en caso de no aceptar ese tipo de compañías”, opinó.
García Pintos consideró que “la ARU está preocupada más por la concentración que por la extranjerización por sí misma, porque a veces la concentración es de empresas nacionales”.
“La cédula de identidad de la empresa es independiente del comportamiento en el mercado”, dijo.
Otro aspecto cuestionado por esa gremial, que tiene un perfil ganadero, fue el interés del gobierno en legislar cuando se trata sólo de tierras de uso agropecuario y no para los predios urbanos en manos de Estados extranjeros. En ese caso, “¿no es estratégico?”, planteó García Pintos.
Señaló en ese sentido que le preocupa la participación de gobiernos foráneos en la construcción de puertos o en inversiones en minería cuando las concesiones tienen plazos largos.
El mismo día que comparecieron los directivos de la ARU también participaron los de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que nuclea a productores que en su mayoría son pequeños y medianos agricultores de una amplia variedad de rubros, con fuerte énfasis en la hortifruticultura, entre otras actividades.
El titular de la CNRF, Mario Buzzalino, dejó en claro el respaldo de esa organización al proyecto de ley, pero consideró que enfoca sólo una parte del problema y que debería extenderse a todos los propietarios de empresas extranjeras que no residen en Uruguay.
“Siempre se nos dijo que somos todos hijos de extranjeros; la diferencia está en que nuestros abuelos y bisabuelos están enterrados en Uruguay; no vinieron con fines especulativos sino a trabajar”, expresó.
Compartió la idea del gobierno, de los legisladores y de la ARU de eliminar las excepciones a la ley.
Y advirtió: “No debemos ser ingenuos, porque no siempre el comprador (de la tierra) va a venir con la bandera de China o de Arabia Saudita; puede venir un señor rubio y de ojos azules, con dinero chino, de Qatar o de los árabes, a comprar” campos.
