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El sábado 9 de junio las cosas se pusieron un tanto caóticas en Santa Clara de Olimar. En el mismo día que había un raid de caballos, en la estación de servicio La Cataluña, del sello Ancap, un grupo de trabajadores sindicalizados llevaron adelante un encuentro para analizar la situación de un empleado que había sido despedido. La reunión era liderada por dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), que discutían los pasos a seguir ante lo que consideraban un despido sin fundamento de uno de sus asociados. Sostenían, además, que era antisindical, pues el funcionario en cuestión es un dirigente gremial.
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Mientras se desarrolló la asamblea, la estación permaneció cerrada al público, se bloqueó a los clientes el acceso a los surtidores y se les impidió hacer sus tareas a los trabajadores que no quisieron formar parte del encuentro. El ambiente estaba tenso. Para el dueño del establecimiento se trató de una ocupación; para el sindicato fue una instancia más.
“La estación de servicio nunca estuvo ocupada”, diría luego la Untmra en un comunicado. En el mismo escrito, el sindicato denunció que mientras esto ocurría en la estación de servicio, en un bar cercano, en la zona, estaban reunidos “integrantes del movimiento de ‘autoconvocados’ Un Solo Uruguay que organizaban una “concentración violenta” y “contra el legítimo derecho de los trabajadores” con el objetivo de desalojarlos. Según la Untmra, este grupo estaba encabezado por Brea Sanabria, que es un ruralista identificado con el movimiento Un Solo Uruguay. Y entre esos pobladores que preparaban una supuesta asonada para liberar la estación, también había “miembros del Partido Nacional”, denunció el sindicato.
Pero lo cierto es que más allá de esto, los vecinos de Santa Clara se molestaron por la asamblea en la estación y muchos de ellos exigieron cargar combustible para participar en el raid. La estación estuvo fuera de servicio desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, aproximadamente.
El dueño de la estación La Cataluña, Elio González, fue a su comercio con una escribana pública para certificar lo que ocurría. González lo explicó en declaraciones a Radio Carve. “La gente del sindicato me tomó la estación. Me la cerraron con los vehículos de ellos. Llamé a una escribana para que tomara nota. Dijeron que no estaban ocupando y vino un cliente, lo fui a despachar y me patotearon”.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón, también habló en Radio Carve. “Lamentablemente, iba a pasar este tipo de reacción. Si el gobierno, que es el que tiene que tomar medidas, no las toma, lamentablemente las empieza a tomar la gente”.
La Untmra mantuvo su versión. Insistió en que lo que hubo fue una asamblea para analizar la situación de un trabajador despedido “sin causal ni fundamento alguno” y enviaron un mensaje cargado de reproches. “Nuestra organización, que ha pagado un precio altísimo en presos políticos-sociales, en asesinados y en desaparecidos en defensa de la convivencia democrática, no está para dar manija ni promover falsos enfrentamientos entre orientales”, se escribió en el comunicado y se reafirmó “el derecho a la manifestación pacífica y a la huelga en el marco de las libertades democráticas y sindicales”.
La inspección sobre la mesa.
Unas semanas después del incidente en Santa Clara, la situación del empleado despedido llegó hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). La reunión tripartita fue el 21 de junio. La convocó el director de Trabajo, Jorge Mesa. Allí, el gobierno planteó la posibilidad de que el trabajador sea reintegrado. Mesa dijo que no quería enmarcar la situación en un despido antisindical, propuso una sanción grave e incluso el envío a seguro de paro para descomprimir la situación. También pidió un compromiso de las tres partes —gobierno, empresa, sindicato— para trabajar junto con Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) en un plan para mejorar el relacionamiento entre empleado y patrón.
Mesa dijo que no quería enmarcar la situación en un despido antisindical, propuso una sanción grave e incluso el envío a seguro de paro para descomprimir la situación.
La Unvenu, que representó al empresario en esa negociación, se mantuvo en sus trece. Se afirmó que la relación laboral había llegado a un nivel de deterioro que volvía complejo mantener el vínculo. Se habló de insultos hacía el propietario y que increpaba a clientes.
En ese momento, según pudo saber Búsqueda, el representante del gobierno manejó la posibilidad de canjear el reintegro del trabajador a cambio de no mandar una inspección de trabajo a la estación. Tampoco fue de recibo por la parte empresarial.
Este planteo fue confirmado después por la dirigente de la Untmra Ana Silva ante la Justicia. Porque el asunto llegó también al Juzgado Letrado de Treinta y Tres. El sindicato fue por la vía judicial con una acción de amparo para una solicitud de reinstalación, ya que considera que el despido fue antisindical. La audiencia fue el 28 de junio.
Según consta en la versión taquigráfica, a la que Búsqueda tuvo acceso, Silva reconoció allí que Mesa “no quería enmarcar” el caso en un “despido antisindical”, aunque su intención, la del gobierno, era lograr que el empleado sea reincorporado a sus funciones. También dijo que se habló de “evitar la clausura de la estación con la buena voluntad de las tres partes”.
“Es más, plantearon hablar con la inspección, reunión que llevamos a cabo”, señaló Silva, en referencia a un encuentro que habían mantenido por esas mismas horas con el inspector de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey.
La inspección.
Los trabajadores de la estación de Santa Clara habían denunciado a través de la Untmra que las condiciones de trabajo eran “malas”. En el comunicado público, el sindicato detalló que hasta principios de 2018 los empleados “no disponían de agua potable”, que el espacio donde están los surtidores de combustible “no es techado”, y que “el patrón obliga a los trabajadores a que en su horario de trabajo hagan tareas en otras empresas agropecuarias de su propiedad, constituyéndose esto en un claro abuso patronal”.
Según pudo saber Búsqueda, el representante del gobierno manejó la posibilidad de canjear el reintegro del trabajador a cambio de no mandar una inspección de trabajo a la estación.
También se reclamó ropa de lluvia y botas para enfrentar el invierno, la posibilidad de tener un resguardo y denunciaron que la pista se inunda cuando llueve.
El 4 de julio, semanas después de las reuniones tripartitas en la Dirección de Trabajo, llegó finalmente la inspección a la estación. Búsqueda accedió al acta firmada por un inspector del Ministerio de Trabajo. La primera observación es que “falta completar” el botiquín de primeros auxilios. Otra es que “falta un comedor que disponga de elementos para conservar y calentar alimentos” y que también faltan “mesas y sillas”. Asimismo, observaron la falta de agua caliente en las duchas. No hay observaciones puntuales sobre las denuncias del sindicato.
La situación del empleado depende ahora de la decisión de la Justicia.
