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Durante su cuarto de siglo de vigencia, el régimen de zonas francas fue “útil”, pero dio amparo a actividades distintas a las que pretendió favorecer cuando surgió dando exoneraciones en el pago de tributos nacionales. En base a ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo enviará en pocos días al Parlamento un proyecto que modifica la denominación de estos enclaves, estimulará su desarrollo en el interior mediante rebaja de aportes jubilatorios patronales a las empresas y habilitará a crear espacios francos para sectores específicos.
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La ley Nº 15.921, aprobada en 1987, es el marco actual para las zonas francas, que son áreas específicas del territorio nacional para que en las mismas se desarrollen, con exenciones impositivas, “toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios”. Esa norma habilitó la instalación de enclaves operados por privados (antes solo podían ser estatales) y creó la figura del usuario indirecto, que puede usufructuar los beneficios mediante un contrato con un usuario directo.
El último censo en el sector efectuado por el Instituto Nacional de Estadística reveló que en 2008 en las zonas francas se generó un valor agregado equivalente a algo más de 3% del Producto Bruto Interno del país. Actualmente están operativos o habilitados 13 enclaves.
En un evento conmemorativo de los 25 años de la ley organizado el martes 11 por la Cámara Uruguaya de Zonas Francas, su presidente, Daniel Carriquiry, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y la directora General de Comercio, Rosa Osimani, evaluaron positivamente los resultados del régimen.
Pero Lorenzo anunció cambios. El gobierno planteará durante el primer semestre del próximo año —cuando ejerza la Presidencia pro-témpore del Mercosur— una “renegociación” de la decisión del bloque que en 1994 y con vigencia hasta fines de 2013 equiparó el trato arancelario para los bienes producidos en las zonas francas con los que llegan a la región desde el resto del mundo.
El ministro también informó que el Poder Ejecutivo enviará “a la brevedad” al Parlamento un proyecto de ley que apunta a un “fortalecimiento” y “modernización” del régimen. La iniciativa actualizará los “objetivos” del mismo, dado que “la realidad desbordó ampliamente” los propósitos originales, alegó. Destacó en particular el crecimiento de los servicios no tradicionales, que en 2010 fueron exportados por unos U$S 400 millones.
Lorenzo dijo que se trata de “un régimen a promover” y adelantó algunos puntos que contendrá el proyecto de ley para su revisión, que incluso dejará de lado la denominación de zonas francas —que a su entender no las define adecuadamente— y la sustituirá por la de “zonas económicas especiales”.
Por un lado, se flexibilizará el requisito de que al menos 25% de la plantilla de las empresas que operan en los enclaves sea de uruguayos. Explicó que “la realidad es que muchos negocios son relocalización internacional de actividades” que requieren de extranjeros, sobre todo en una primera etapa. Dijo, no obstante, que con una “visión de largo plazo” se pedirá a las firmas que capaciten personal local.
Por otro, el proyecto habilitará la instalación de “parques temáticos” especializados, también en espacios delimitados y con beneficios fiscales. Se requerirá que el Parlamento los autorice.
Lorenzo puso como ejemplo un emprendimiento que impulsa un conglomerado de empresas del sector audiovisual y aseguró que será necesario permitirle, bajo el régimen modificado, que realicen las filmaciones fuera del territorio franco donde se pretenden instalar.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que se trata de un proyecto que involucra a largo plazo una inversión de entre U$S 50 y U$S 70 millones, que ya fue presentado a Economía, pero que deberá esperar a que se modifique la ley de zonas francas para darle andamiento. Una ubicación probable es en Maldonado.
El gobierno espera que tengan fuerte desarrollo los “parques temáticos”, que convivirán con las zonas francas tradicionales (o “zonas económicas especiales” si prospera el proyecto de ley).
Además, el Poder Ejecutivo prevé extender a los explotadores de las zonas francas del interior algunos beneficios que actualmente alcanzan exclusivamente a los usuarios y aliviar la carga de los aportes patronales a la seguridad social a las empresas que se instalen en ellas, dijeron las fuentes de Búsqueda.
