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El gobierno y la Intendencia de Montevideo no logran acordar una solución para familias desalojadas de asentamientos
“Es una tarea que no nos gusta hacer” porque “nos genera un enfrentamiento social gratuito”, dijo el ministro Heber: “Nosotros rezamos para que no nos venga una instancia de desalojo en el invierno”
El problema está planteado desde que comenzó el año y la solución continúa lejos. En la Intendencia de Montevideo (IM) sostienen que hay lugares ya definidos para ubicar a cerca de 150 familias que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, al oeste de Montevideo, pero que la decisión corresponde al Ministerio de Vivienda. En el Ministerio del Interior aseguran lo contrario: que no han recibido respuestas concretas de la comuna para reinstalar a esas personas, por lo cual la Policía queda como responsable de dejar a las familias en la calle al desalojarlas de los terrenos que ocupan.
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Son 36 hectáreas en la zona de Santa Catalina que se ocuparon a inicios del año pasado. Los propietarios presentaron denuncias penales por usurpación y por conexión ilegal a la red de luz y agua. Y los desalojos policiales ante las denuncias pusieron el tema en el debate público por reclamos de abusos a los residentes del asentamiento: fueron operativos al “estilo de películas: pateando puertas, con las armas largas, empujando y con las criaturas mirando”, relató Yesika Delgado, una de las vecinas.
En junio el presidente Luis Lacalle Pou se acercó a la plaza Independencia para conocer de primera mano la protesta de los ocupantes y les prometió una solución de vivienda para evitar los procedimientos de la policía. Paliar el crecimiento de asentamientos es uno de los objetivos de la Presidencia, que incluyó en la Rendición de Cuentas un fideicomiso destinado a financiar programas que atiendan la creación de inmuebles.
Lacalle Pou ordenó al ministro Luis Alberto Heber encontrar un punto común con la intendencia, pero el acercamiento no tuvo resultados positivos. De acuerdo a Heber, la municipalidad argumentó que hay otros asentamientos por contemplar antes de conseguir una solución habitacional para quienes viven en Nuevo Comienzo. “Dicen que si tienen que hacer un esfuerzo, empezarían con los que ya tienen varios años de historia antes de atender a estos. Esto nos genera un problema, porque si la intendencia nos dice que tiene otras prioridades porque tienen mayor antigüedad, podemos determinar que no está dentro de sus prioridades”, afirmó el ministro el 7 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
Agregó que tampoco tuvo frutos el intento del Ministerio del Interior por crear una comisión multidisciplinaria junto con la comuna, el Ministerio de Vivienda, el Poder Judicial y los dueños de los terrenos para consensuar una respuesta global al problema. “Es la solución multidisciplinaria que buscamos, que a muchos les encanta por eso de reunir gente que trabaje en procura de una solución. Hay mucha gente a la que le gustan este tipo de reuniones, pero no hemos podido lograr hacer eso”.
En diálogo con Búsqueda, el director de Tierras y Hábitat de la IM, Sebastián Moreno, dio una versión distinta del contacto que mantuvo la administración capitalina con el Poder Ejecutivo. Afirmó que “la competencia en tema de vivienda es del gobierno nacional” y que la intendencia comunicó que tiene en Montevideo zonas para ubicar a los vecinos y un equipo de gestión listo para actuar cuando el Ministerio de Vivienda lo decida.
“Nosotros lo que planteamos desde el principio es que tenemos disposición de tierra en la zona para poder empezar a trabajar el tema de Nuevo Comienzo, para que el ministerio pueda llevar adelante los realojos en el marco de la ley de vivienda. Y a partir de ahí firmar un convenio con ellos, para nosotros ceder los terrenos, que cumpla con lo que establece la ley respecto a lo que debe cumplir una vivienda financiada públicamente. Los terrenos nosotros ya los tenemos, pero hay que ver con ellos en qué medida se puede empezar a construir, cuándo…”, señaló.
Según Moreno, las reuniones con el gobierno para definir el tema “se suspendieron o se pasaron para adelante” y la única certeza que les brindaron es que los acuerdos de relocalización serían a través del Plan Juntos. “No se qué nos planteará el Plan Juntos, pero nuestro planteo sigue siendo el mismo desde el principio”, dijo.
Cambio de tesitura
Aunque sin acuerdo a la vista en el corto plazo, parte de los involucrados entienden que la participación directa del presidente puso al menos un poco de calma a un contexto tormentoso. Para el abogado Juan Ceretta, que asesora a las familias del asentamiento como director del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho estatal, “hubo un cambio de tesitura en Fiscalía en la manera de llevar adelante los procedimientos” después de que Lacalle Pou escuchara a los vecinos que protestaban en la plaza Independencia. “Desde entonces no se volvieron a realizar procedimientos violentos como si fuera un operativo contra el narcotráfico. Las siguientes citaciones a la Justicia fueron formalmente. Algo pasó, porque cambió la actitud de la Policía y cambió la actitud de la Fiscalía”, dijo a Búsqueda.
Semanas atrás algunos medios informaron que la Justicia resolvió la prórroga hasta marzo de 2022, tanto de los operativos policiales como del expediente penal en la causa que involucra a ocho personas que viven en Nuevo Comienzo y fueron formalizadas por usurpación. Sin embargo, el fiscal de la causa, Diego Pérez, dijo a Búsqueda que esa fecha no es correcta; sí se dispuso una prórroga, pero solo por un “plazo prudencial, nada más”. Tampoco se fijó ese plazo “para la presentación de un eventual juicio contra los ocupantes”, aclaró el fiscal de Flagrancia de 5º turno de Montevideo.
Inquieto, Heber intenta desligar a su ministerio como el responsable estatal de una situación incómoda que se prolonga. En el Parlamento explicó que los operativos no son “a cuenta” de la policía, sino que “todo fue armado por la Fiscalía”, las actuaciones “las determina el fiscal” y las fuerzas de seguridad quedan como “los malos de la película” cuando no tienen “más remedio que actuar” ante una orden de allanamiento por acción de usurpación de propiedad privada que reciben del fiscal y del juez.
“No está fácil para nosotros. Estamos muy preocupados por esta situación porque nos van a dar esa tarea para los próximos meses. Nosotros rezamos para que no nos venga una instancia de desalojo en el invierno. ¿Con estos fríos vamos a dejar a 200 familias en la calle porque la Justicia lo determina? No”, criticó. “Esto, para nosotros, es un gran problema; es una tarea que no nos gusta hacer. Hay muchas tareas de las que hacemos en el Ministerio del Interior que no nos gusta hacer. Pero esta es una de las más odiosas porque nos genera un enfrentamiento social gratuito. No queremos ser un factor de enfrentamiento con la población. Nos ponen entre el hueso y el perro. Si uno se pone entre el hueso y el perro, normalmente sale mordido”.
