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La comisión investigadora parlamentaria que indaga sobre el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos finalizó su trabajo y el jueves 27 la Cámara de Representantes trató los informes del Frente Amplio y la oposición. Hubo tres documentos en consideración: uno del Frente Amplio, otro del Partido Colorado y otro del Partido Nacional.
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En el oficialismo la bancada tomó la decisión de que la investigadora culmine su labor y su informe indicará que hay casos como el de la empresa Cambio Nelson y el del vínculo entre la senadora blanca Verónica Alonso y la Iglesia Misión Vida que arrojaron resultados que debe tomar en cuenta la Justicia y la Corte Electoral.
A nivel político, el otro análisis que hacen los legisladores oficialistas es la falta de oportunidad que tendría ingresar al año electoral con una investigadora abierta. Varios diputados lo verían como un “error garrafal”, dijeron legisladores oficialistas a Búsqueda.
En la oposición también tienen acordado continuar con las denuncias y así lo indicarán en sus informes. Pasarán la información a la Justicia para que sea ella la que indague con mayor profundidad y herramientas si hubo algún tipo de irregularidad. Comparten los casos que requieren más investigación, aunque discrepan en los énfasis.
El diputado colorado Adrián Peña fue el promotor de la comisión investigadora. Luego de un año y medio de trabajo, el legislador pasó raya y aseguró a Búsqueda que quedó claro el vínculo entre decisiones de gobierno que favorecieron a determinados empresarios que apoyaron económicamente al oficialismo en las campañas electorales.
La discusión sobre los resultados de la investigadora se dará apenas siete días después de que el oficialismo no lograra aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que pretende cambiar el financiamiento de las campañas electorales.
Peña mencionó el caso de la empresa Fripur, propiedad de Alberto Fernández, quien apoyó la candidatura de José Mujica y fue uno de los que financió la confección de la banda presidencial que recibió el tupamaro el 1º de marzo del 2010.
“Los servicios técnicos de Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) recomendaron multas, pero la dirección política del Ministerio de Ganadería aplicó multas menores. O el crédito sin explicaciones que le dio el Banco República en 2011 multiplicando su deuda de US$ 350.000 a US$ 35 millones”, relató. “A eso se suma que la esposa del director de la Dinara es contratada por Alberto Fernández en otra de sus empresas.
Otro de los casos sobre el que apuntarán los colorados es el de Cutcsa. El legislador sostuvo que constataron no menos de ocho decisiones que beneficiaron a la empresa o perjudicaron a sus competidoras. También identificó el caso de la agencia de comunicación La Diez, que trabajó para Ancap y que fue investigada en la Justicia sin que hubiera consecuencias penales. “Su dueño, Pablo Álvarez, no asistió nunca a la comisión, pero sabemos cómo fue todo y lo que aquí se comprobó es que Pablo Álvarez participó en la organización de la Fundación 2030”, vinculada a Raúl Sendic, agregó.
Y por último, Peña señaló el caso de la empresa Tenfield, propiedad de Francisco Casal. “Está confirmado el perdón de los US$ 10 millones del presidente de la República en base a un único informe jurídico no vinculante hecho por alguien que no es tributarista, en contra de todos los servicios técnicos de Economía y Finanzas”, cuestionó.
En otros casos Peña consideró que “faltó información y no se avanzó nada”, como con la empresa Aire Fresco, intermediaria en los negocios con Venezuela y vinculada al Movimiento de Participación Popular.
El legislador colorado descartó el tema de la Iglesia Misión Vida porque no involucraban una decisión de gobierno que la beneficiara a cambio de apoyo electoral. “Puede estar bien o mal, pero no estaba en el objeto de estudio de la investigadora, que era ver si hubo beneficios a los aportantes”, dijo Peña.
La discusión sobre los resultados de la investigadora se dará apenas siete días después de que el oficialismo no lograra aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que pretende cambiar el financiamiento de las campañas electorales.
Ninguno de los cinco partidos de la oposición en Diputados (Partido Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Unidad Popular) apoyaron la propuesta presentada por el Frente Amplio, que tampoco contó con el voto del líder de la Liga Federal, Darío Pérez.