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    lunes 17 de junio de 2024

    El “precio” de aplicar las políticas de Bukele contra la criminalidad es instalar “una dictadura” en el país, advierten analistas

    Uruguay tiene una oportunidad única en la región de construir “consenso políticos” para enfrentar los reclamos de seguridad, opina Tamara Taraciuk

    Nayib Bukele asumirá el 1° de junio su segundo período como presidente de El Salvador, después de haber ganado con más del 80% de los votos unas elecciones cuestionadas. Ese triunfo respondió en buena medida a las políticas de mano dura, también cuestionadas, que permitieron reducir los delitos y casi desarticular a las principales bandas criminales.

    El éxito de Bukele es una referencia para varios políticos de la región, una zona donde el crimen organizado llega a competir y hasta sustituir al Estado. Quizás por eso, las referencias al presidente salvadoreño dominaron el seminario Seguridad y Democracia organizado el viernes 24 por los think tanks El Diálogo, IDEA Internacional y Ágora en la Universidad Católica (UCU).

    Después de los discursos del secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas y del académico Juan Pablo Luna, quienes compartieron su preocupación por el avance del crimen organizado, el director de la carrera de Abogacía de la UCU, Julio Lens, abrió la mesa de discusión con la pregunta de si había “lecciones” para aprender de Bukele. Tamara Taraciuk, directora de Diálogo Interamericano, salió al cruce de esa consulta. Planteó que antes de pensar en cómo aplicar las políticas de Bukele en otro país, era necesario tener presente el contexto en El Salvador. “Hay un punto que es fundamental y es que Bukele pudo hacer lo que hizo en materia de seguridad, porque antes se llevó puestas a las instituciones democráticas en El Salvador”, dijo.

    Taraciuk recordó que al poco tiempo de asumir por primera vez, en 2019, ingresó con los militares al Congreso como para conseguir autorización especial para un programa. Después, tras conseguir una mayoría parlamentaria, copó “instituciones fundamentales que tienen como propósito controlar al Estado”, como la Sala Constitucional de la Suprema Corte y la Fiscalía General. “No hay nadie en el Salvador hoy que investigue los excesos de poder y de abuso que se cometen en la implementación de las políticas de seguridad”, dijo la experta, que antes dirigió la oficina para las Américas de Human Rights Watch. Taraciuk dijo que había dos datos más a tener en cuenta. Uno es que Bukele actuó con mucha velocidad, al punto que en sus primeros dos años de gobierno “hizo lo que a (Hugo) Chávez le llevó 10 en Venezuela en materia de copamiento institucional”.

    “Creo que eso es un factor fundamental y muy difícil de replicar en cualquier otro país que quiera venir con la fórmula Bukele en materia de seguridad”, dijo. Y agregó que “la otra cuestión que es fundamental” es que Bukele es publicista y llegó al gobierno con “ese know how y con una inversión enorme en comunicación estratégica”. Entonces, “no solo tiene los resultados, sino que lo sabe comunicar” dentro y fuera del país.

    La tasa de delitos en El Salvador bajó de 106 cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 cada 100.000 en 2023. Las maras, organizaciones criminales que dominaban amplios territorios del país, están casi desarticuladas. El gobierno de Bukele construyó una mega carcel que alberga a miles de personas y que ha expuesto a la prensa internacional como un modelo de control de pandilleros.

    Taraciuk recordó que hay “denuncias graves” de tortura y de violación al debido proceso. A modo de ejemplo, relató que la última cifra oficial indica que El Salvador liberó a 7.000 personas que metió en prisión y a las que nunca había llevado ni siquiera a juicio. Por otra parte, tampoco hay información precisa sobre las más de 70.000 personas todavía presas en el marco de las medidas de excepción dispuestas desde marzo del 2022.

    La representante de El Diálogo dijo que “es claro” que buena parte de una sociedad está dispuesta a “sacrificar garantías” cuando ve resultados, o cuando le prometen una solución a la seguridad. El problema, añadió, es que “lo que Bukele está haciendo, que es muy peligroso, es intentar redefinir el concepto de democracia”. “Bukele ganó ahora unas elecciones a pesar de múltiples cláusulas constitucionales que prohíben la reelección, se presentó, ganó y el tipo tuvo fue tan caradura que dijo públicamente que el Salvador es la primera democracia con un partido único”, ironizó.

    El secretario general de IDEA Internacional, una organización que monitoreo la salud de las democracias en todo el mundo con sede en Suecia, suscribió los argumentos de Taraciuk y agregó otros. Afirmó que los que quieren aplicar las políticas de El Salvador tienen que estar “dispuestos a pagar el precio”. ¿Cuál es ese costo? “La condición para que lo que está haciendo Bukele funcione es una dictadura”.

    “Hay que estar claro de lo que estamos pidiendo. No se pueden querer los fines sin querer los medios”, dijo Casas, que fue vicepresidente de Costa Rica. Sostuvo que el fenómeno Bukele y la creciente inseguridad en la región “ha dejado completamente descolocada a la izquierda, la centroizquierda” y a “casi todas las fuerzas comprometidas con la democracia”.

    “Hay una gran renuencia en las fuerzas más progresistas de aceptar que una parte inevitable de la respuesta frente a los fenómenos de criminalidad en América Latina pasa por la coerción”, explicó Casas. “No este estilo de coerción de Bukele”, aclaró. “Si vas en la batalla a las maras, tenés que usar coerción a través de instituciones del ejercicio de la cuestión legítima del estado reformadas y comprometidas con los derechos humanos. Pero el elemento coercitivo es inevitable”.

    Tanto Taraciuk como Casas dijeron que hay ejemplos de buenos resultados en materia de seguridad, como las políticas desarrolladas en San Pablo, Bogotá y Guatemala. Fueron procesos más largos, pero implicaron el respeto al “debido proceso” y combinaron estrategias de “coersión” y de “inclusión social”.

    Taraciuk, además, dijo que Uruguay tiene la “oportunidad” de seguir un camino distinto al de El Salvador, porque hay una “cultura de respeto a las instituciones” y a los partidos políticos muy superior a lo que ocurre en la región. Para lograrlo, incluso en ese contexto favorable, se requieren “consensos políticos”, negociaciones y hasta “tragarse sapos”, advirtió. “Si no se logra” en Uruguay, “estamos en muy malas condiciones para lograrlo en cualquier lugar de América Latina”.

    Información Nacional
    2024-05-28T16:38:00