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Viktor Orbán es el primer ministro de Hungría y lidera un Estado que, pese a ser miembro de la Unión Europea (UE), está en permanente tensión con este conglomerado que le congeló años atrás casi 30.000 millones de euros a modo de sanción por los “retrocesos democráticos” que la Comisión Europea observó en ese país. Unos de los factores preocupantes observados por el bloque fueron los ataques que Orbán dirigió al Poder Judicial casi desde el inicio de su gestión.
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En diciembre de 2023 se le desbloquearon 10.200 millones de euros ante la promesa del primer ministro de reforzar la independencia de los jueces y cesar en la interferencia que ejercía sobre ellos. En 2025 la Comisión informó que no veía progreso alguno en ninguna de las recomendaciones de cambios legislativos exigidos de los que dependía el acceso al resto de los fondos. Orbán acaba de declarar hace unos días que los europeos deberían temer más a Bruselas, sede del gobierno de la Unión, que a Moscú, en referencia a su aliado Vladímir Putin, que está atacando militarmente Ucrania, que es parte de Europa.
El 12 de abril próximo Orbán, que está en el poder desde 2010 (antes fue también primer ministro de 1998 a 2002), enfrentará una difícil prueba electoral, pues su partido, el Fidesz, está ahora 10% por debajo del Tisza, de centroderecha, que lleva como candidato a Péter Magyar.
Al igual que lo que hizo con Javier Milei en la campaña electoral por las legislativas de medio término en Argentina, el presidente norteamericano, Donald Trump, acaba de expresar su respaldo a Orbán para las elecciones de abril. Si bien no puede rescatarse nada positivo del gobierno del húngaro en una década y media, hay algo que aquellos que creemos en la democracia constitucional podríamos agradecerle: nos ofreció la definición más clara de su proyecto político y el de muchos de sus aliados en otras naciones cuando afirmó que su aspiración era construir una democracia no-liberal o “iliberal”, que combina la elección popular del líder del Poder Ejecutivo con la erosión del Estado de derecho, los derechos civiles, los controles judiciales al poder político, la separación de poderes, y los ataques a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a las universidades libres.
Cuando Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, Orbán fue uno de los invitados más prominentes al evento en Buenos Aires y ocupó un lugar de honor en el escenario oficial. Algunos hemos leído en esa participación un mensaje del nuevo presidente acerca de su propio proyecto político. Este mensaje era consistente con muchas de sus acciones y dichos durante la campaña electoral, como, por ejemplo, la decisión de que lo acompañara en la fórmula presidencial una mujer que cobró su notoriedad pública en las décadas anteriores por sus expresiones en favor de la dictadura militar que gobernó el país de 1976 a 1983 y por sus visitas a miembros de las Juntas que se encontraban en prisión por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Otros indicios encendieron algunas alarmas en la misma dirección, como cuando durante la campaña electoral una periodista le preguntó a Milei si creía o no en la democracia y este evitó responder en forma directa eludiendo manifestarse al respecto. El candidato primero dijo que “la democracia tiene muchos errores” (sic) y frente a la insistencia de la periodista reaccionó con una pregunta de él a ella: “¿conoce el teorema de la imposibilidad de Arrow?”. Pese a las nuevas insistencias de la periodista, el candidato jamás se pronunció en favor del sistema político que establece la Constitución.
Ya en el gobierno, las señales se siguen acumulando. Otro de los líderes políticos extranjeros que han manifestado un profundo desprecio por la democracia liberal es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ganó las elecciones con el claro mandato popular de terminar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que convertía la vida de los ciudadanos en un infierno cotidiano. Su política de seguridad basada en un permanente estado de excepción fue “exitosa” en términos de reducción de delitos y aceptación popular, pero a un altísimo costo en cuanto a la vigencia del Estado de derecho. El temible Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que tiene capacidad para albergar unos 24.000 internos, tiene hoy más de 80.000, la mayoría detenidos sin atravesar procesos penales respetuosos de garantías constitucionales. Como indica el manual de los demócratas iliberales, Bukele también atacó la independencia del Poder Judicial, restringió casi totalmente el acceso a la información pública y atacó a los medios de comunicación críticos y a las organizaciones de la sociedad civil que impugnan sus “métodos”.
La ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, hoy senadora nacional, se trasladó a El Salvador apenas asumió su cargo para transmitir un mensaje: se fotografió con una sonrisa en la puerta del Cecot y prometió aprender del “método Bukele”. Vale destacar que el salvadoreño fue otro de los invitados de honor a la asunción del presidente Milei en 2023.
Son ya muchas las decisiones de Milei que presentan similitudes con los gobiernos de sus amigos de Hungría y El Salvador, tales como el intento de designar dos jueces de la Corte Suprema por decreto en lugar de hacerlo por medio del procedimiento establecido en la Constitución, que requiere el acuerdo de los 2/3 del Senado; la renuencia a nombrar jueces para cubrir las vacantes del Poder Judicial que ya llegan al 40% de los cargos; las modificaciones por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública que hacen más restrictivo el ejercicio de este derecho (como reacción a un pedido de información relacionado con sus perros); la habilitación por decreto de poderes de arresto a agentes de inteligencia encubiertos; los ataques permanentes a la prensa crítica (llegó a afirmar que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”); las restricciones (selectivas) al ejercicio del derecho a la protesta, etcétera.
Una de las últimas decisiones en esta secuencia fue la creación hace unos pocos días de la Oficina de Respuesta Rápida para reaccionar a lo que el gobierno considere que serían operaciones políticas en su contra por medio de la transmisión de falsedades, generalmente provenientes de medios críticos y opositores políticos. Pero como si esto no fuera suficiente, esta decisión también encerró otra definición respecto de la adhesión al proyecto democrático iliberal: la persona designada para liderar esta nueva agencia es un conocido “tuitero” libertario al que se le atribuye la cuenta “Juan Doe” y que luego de las elecciones legislativas de medio término el año pasado nos regaló otra prístina definición del proyecto político del que forma parte: “Más vale que el Congreso se convierta en la escribanía de las ideas de la libertad porque los argentinos ya votaron dos elecciones seguidas que quieren las reformas más profundas y libertarias posibles. No puede ser más clara la expresión popular” (sic). (27 de octubre de 2025). ¿Corre peligro el Congreso?
Las luces de alarma están encendidas, pero, como sucedió en otros países acuciados con problemas urgentes y angustiantes, esas señales son ignoradas o subestimadas por parecer poco relevantes. Ojalá no las consideremos seriamente cuando ya sea demasiado tarde.
Roberto Saba es profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (UBA y Palermo)
