Los tres decretos y el proyecto de ley con cambios impositivos promovidos por el Poder Ejecutivo son un paso inicial en dirección de aliviar la carga fiscal sobre la “clase media” y las empresas. Una etapa posterior podría incluir otras modificaciones tributarias y una revisión al régimen de promoción de inversiones, en las que todavía están trabajando los técnicos del Ministerio de Economía (MEF) con la intención de llegar con una propuesta este mismo año, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
Las rebajas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou el jueves 2 ante la Asamblea General involucran cuatro impuestos —el IRPF, el IASS, el IRAE y el Imeba— e implican un costo total estimado en US$ 150 millones anuales en resignación de recaudación. En su discurso, en las infografías que circuló en sus redes sociales y en el documento Camino al desarrollo en el que resumió, además, los “avances y logros” del gobierno en 2022, se enfatiza que se trata de un “primer paso” para que el IRPF sea un impuesto a la renta y no al salario. En su exposición de motivos, el proyecto de ley ratifica eso y agrega que se apunta a darle “cierto alivio tributaria a la clase media” y, proporcionalmente, beneficiar más a aquellos contribuyentes de menores ingresos y con un número mayor de hijos.
En cuanto a bajar impuestos “nunca es suficiente”, dijo Lacalle Pou entrevistado el viernes 3 en Radio El Espectador.
El lunes 6 en Subrayado, de Canal 10, el mandatario defendió las medidas —sobre las que se había especulado previamente en general de manera crítica— en cuanto a su magnitud y los sectores beneficiados. “Lo que se pensaba. Yo no sé lo que se pensaba. Porque el imaginario colectivo, o de algunos técnicos o políticos, fue enorme. (Desde) Escuchar decir que era demagógico, que era insuficiente o que no había que bajar impuestos, ahora se corrieron hacia la otra punta diciendo que es insuficiente”, afirmó.
“No hay cambios”
Mientras el Frente Amplio y el PIT-CNT cuestionaron por insuficientes los alivios anunciados, entre especialistas del sector privado fueron vistos en general como razonables desde una perspectiva fiscal, en el sentido de que tendrían un impacto acotado. Pero sus opiniones difirieron en cuanto al foco dado con estos cambios propuestos.
Varios elogiaron el camino elegido de aumentar la base de deducciones en vez de modificar las franjas. En el caso del IRPF, el proyecto de ley propone subir la tasa fija de deducciones de 10% a 14% para aquellos contribuyentes con ingresos nominales anuales iguales o inferiores a 180 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —equivalentes a $ 84.900 mensuales—. También plantea incrementar la deducción por hijo (de 13 a 20 BPC) y sube el límite máximo anual del costo de la vivienda para hacer uso de la deducción del crédito hipotecario (de 794.000 a 1 millón de unidades indexadas —UI— a la inflación). Según informó el mandatario en el Parlamento, con estas medidas 63.000 personas dejarían de pagar el IRPF, aunque beneficia por la vía de alivios a un total de 75% de trabajadores contribuyentes. Esto implica una resignación fiscal cercana a los US$ 80 millones.
En el caso del IASS, el proyecto eleva el mínimo no imponible anual de 96 a 108 BPC (de $ 45.280 a $ 50.940 mensuales); unos 20.000 jubilados o pensionistas (11% del total) dejarían de pagar el tributo. También propone aumentar el crédito por arrendamiento. Esto supone un sacrificio fiscal cercano a US$ 30 millones al año.
El abogado especializado en impuestos Leonardo Costa interpretó que la deducción por hijo a cargo, por arrendamientos, el aumento en el tope para el costo de vivienda a adquirir y la suba de la tasa general de deducciones son herramientas legítimas de política fiscal y “la continuación del alcance de niveles de justicia tributaria”.
Para Gustavo Viñales, un consultor privado que en la campaña electoral pasada fue asesor del candidato frenteamplista Daniel Martínez, en la propuesta del Ejecutivo “no hay cambios sustanciales, ni en definición de ingresos, ni nuevas deducciones” sino que “son cambios de parámetros. La discusión política sobre el IRPF/IASS queda saldada finalmente después de 16 años” de implementados ambos tributos.
Además, según ese contador, el actual período de gobierno cerraría con un efecto neto “próximo a 0”. A ese número llegó confrontando la resignación fiscal de las medidas anunciadas por Lacalle Pou (US$ 300 millones en 2023-2024) con US$ 305 millones que surgen de los “aumentos de IVA” (al haberse abatido la devolución a los pagos con medios electrónicos) y del cambio de indexador resuelto en 2020 para el IRPF y el IASS.
Para Marcos Soto, consultor y director de la UCU Business School, “hubiera sido prudente identificar fuentes de financiamiento permanente para estas medidas”. En su opinión, el gobierno debió usar los recursos en otras cosas “más urgentes o acuciantes”. Pero, una vez tomada la decisión de rebajar impuestos, una mejor opción hubiera sido abatir el peso de los impuestos indirectos (regresivos) en la recaudación. “En su lugar se opta por legislar para un tercio de los trabajadores más pudientes” en términos relativos y un cuarto de los pasivos, afirmó. Reconoció como algo positivo que el alivio se conceda a través de deducciones porque van en el “sentido de profundizar la individualización” de la capacidad contributiva de las personas.
El economista de izquierda Braulio Zelko hizo un hilo en Twitter explicando el alcance de la rebaja del IRPF. Según su análisis, por ejemplo, para un trabajador sin hijos cuyo salario nominal es de entre $ 50.000 y $ 85.000 mensuales el beneficio va de $ 350 a $ 630. Los alivios son “moderados, consistentes con una renuncia fiscal de US$ 80 millones” en el caso de ese tributo, evaluó.
Cuestionó el impacto “regresivo” que tiene esta medida, ya que alivia al 30% de trabajadores que hoy pagan IRPF cuyo ingreso supera el mínimo no imponible. Desde esa perspectiva distributiva, para Zelko, de haber margen fiscal, el gobierno debiera rebajar el IVA o incrementar el gasto social en niños, adolescentes o mujeres jóvenes. Una opinión similar planteó en el programa radial En perspectiva el socio de la consultora Exante Pablo Rosselli.
Hernán Bonilla, quien al inicio de la actual administración trabajó para el Ministerio de Economía y hoy preside el Centro de Estudios para el Desarrollo, ponderó la rebaja anunciada por su “buen diseño” y por ser “fiscalmente responsable”. En ese sentido, a su entender, quedaron “en offside los que se adelantaron a criticarla”.
Uno de los que en las semanas anteriores había advertido que los alivios fiscales podrían ser complicados para las finanzas públicas fue el economista Javier de Haedo. Sus tuits en la noche del jueves 2 tuvieron otro tono. Consideró positivo que la reducción de impuestos se dé por la vía de mayores deducciones y que el costo de las medidas sea “considerablemente menor” al que, dijo, se había manejado en algunos ámbitos, computando incluso la novedad de los alivios para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Para ese sector Lacalle Pou decretó, por un lado, una medida que beneficiaría a unas 26.600 empresas: el régimen de IRAE ficto pasa de un esquema de tasas fijas según el nivel de ingresos a uno de tasas progresivas, similar al vigente para el IRPF. Por otro, cuando en un ejercicio los ingresos de una mipyme superen las 305.000 UI —y, por tanto, deba tributar IRAE e IVA— ya no tendrá que permanecer en el régimen general en los siguientes dos ejercicios; esto favorece a unas 2.700 empresas. Asimismo, el Ejecutivo incrementó el tope de ingresos para ser contribuyente del Imeba a 2,5 millones de UI y condonó las deudas generadas desde marzo de 2020 a los monotributistas Mides que hayan sido suspendidos de oficio por el Banco de Previsión Social. “Hay que reengancharlos”, justificó Lacalle Pou en Subrayado.
Este conjunto de medidas tiene un costo anual estimado en US$ 40 millones anuales.
En Radio Uruguay, el gerente de análisis económico de la consultora CPA/Ferrere, Nicolás Cichevski, consideró el paquete de rebajas impositivas como “razonable” desde el punto de vista fiscal. Rosselli, en la misma línea, afirmó que la resignación de recaudación es lo “suficientemente pequeña” como para no poner en riesgo la situación estructural de las cuentas públicas.
Los consultores Aldo Lema y Alfonso Capurro, que junto con la académica Ana Fostel integran el Consejo Fiscal Asesor creado en el marco de la regla fiscal vigente, dieron una “opinión colegiada” en El País del sábado 4. Señalaron que las medidas finalmente anunciadas fueron por un equivalente a 0,2% del Producto Bruto Interno. Agregaron que en la exposición de motivos de la iniciativa de ley el Poder Ejecutivo explicitó que ese costo “ya estaba incorporado en las proyecciones de Rendición de Cuentas de 2021 y que el financiamiento estaría dado por un aumento de los gastos estructurales que crecen en menor medida que los ingresos estructurales”.
En febrero, el consejo había advertido que va “agotando” la “holgura fiscal”, que es conveniente “tener criterio de mayor prudencia” y que las medidas que impliquen resignación permanente de recaudación debían tener sustento en ahorros u otras de financiamiento estructurales.
Desde las calificadoras de riesgo, un analista consultado por Búsqueda se excusó de hacer una valoración acerca de estos anuncios tributarios, pero indicó que para ellos se trata de “un tema importante” que continuarán “monitoreando”.
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