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La información vinculada con el medio ambiente y el impacto de las actividades productivas en el suelo, como la extracción de recursos naturales, es importante para la sociedad, que a través de diversas organizaciones reclama datos sobre su evolución y su impacto. Pero hay algunos sectores productivos poco dispuestos a difundirlos.
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El sector minero es “extremadamente cerrado”, dijo Daniel Talliant, coordinador del Programa Minería del Centro de Derechos Humanos y Ambiente en Argentina, durante su disertación en la Conferencia Regional de Datos Abiertos. “En Argentina la información minera es comercializada. Es una de las grandes barreras”, sostuvo. Dijo que “la información biológica y económica” se compra y vende.
Durante la Conferencia Regional sobre Datos Abiertos hubo “una aceptación generalizada del open data como algo simple y natural pero se habló solo de temas como infraestructura, tránsito, restaurantes. Cuando uno empieza a hablar de temas sensibles como los recursos naturales” la respuesta nunca es tan unánime porque son temas muy susceptibles, comentó Talliant.
En países como Perú hay algunas iniciativas para difundir información minera pero en otros como Brasil, Chile y Argentina el compromiso es dispar.
“Hay que usar los datos abiertos para acabar con la división de lo público y lo privado, lo del gobierno y lo de la sociedad civil”, señaló Alejandro Rossi, director ejecutivo de Ecojure, un “think tank” —“laboratorio de ideas”— formado por un grupo de especialistas que trabajan en investigación, docencia y asesoramiento tanto a gobiernos como al sector privado en la protección del ambiente.
A las empresas y al gobierno “les debería dar mayor credibilidad en la sociedad” revelar indicadores sobre el sector productivo y del impacto ambiental, aunque “muchas veces en el corto plazo lo que generan es un poco más de conflicto”.
“Usar datos abiertos no es una garantía de que los conflictos, en este caso los ambientales, vayan a disminuir porque la gente maneje información”, opinó Rossi.
Talliant señaló que los “grandes reclamos mineros” vienen de sociedades “que no se sienten partícipes” en las decisiones del sector.