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El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ernesto Agazzi, presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores, sostuvo que es necesario debatir sobre una regulación en el sistema de arrendamientos de tierras en el sector lechero, aplicando un criterio del derecho de propiedad en función del interés general, partiendo de la base de que la lechería es una actividad considerada estratégica a escala nacional.
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El ex ministro de Ganadería durante la primera administración de Vázquez afirmó a Campo que “acá lo que está pasando es que hay alguien que no produce leche, ni organiza un tambo ni nada, y está recibiendo un beneficio en función de que es el propietario de la tierra”, y que “quizás” sea un tema que requiera de acciones legislativas por lo que representan las rentas en la estructura de costos del 50 % de los productores lecheros del país.
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado de la República ha trabajado durante los últimos meses en temas vinculados con las cadenas suina y avícola, recibiendo exclusivamente información de las distintas gremiales, pero sin ingresar en iniciativas legislativas, “al menos por el momento”. Pero donde más ha puesto el foco es en la problemática de la cadena láctea, generando reuniones con las gremiales de productores, con el Instituto Nacional de la Leche (Inale) y con las autoridades del MGAP.
Agazzi relató que se crearon algunas leyes, como la que alimentó el fideicomiso del fondo de fortalecimiento de la lechería y que en general se está haciendo un “seguimiento” de la lechería y sus “problemas”. Sostuvo que la actual coyuntura de crisis en el sector permite visualizar con mayor claridad los problemas que tiene. Dijo que los momentos de crisis son “muy importantes” porque “cuando baja el agua aparecen las piedras que están en el fondo del río, aparecen los problemas”.
“Socio invisible”
El senador consideró que el análisis de la cadena láctea por parte de la comisión les da la posibilidad de “ayudar a mejorar” los puntos críticos que tiene el sector, y que uno de ellos, “sin dudas”, es el referido a los costos de producción de la materia prima. En ese sentido, sostuvo que uno de los aspectos de mayor incidencia en la estructura de costos tiene que ver con el pago de arrendamientos, considerando que el 50 % de la producción lechera se realiza sobre campos arrendados. “Cada productor de leche tiene un socio invisible para el cual tiene que trabajar”, dijo con relación al vínculo entre propietarios de la tierra y arrendatarios, por el cual estos últimos deben abonar unos U$S 145 por hectárea por año, “que es más que los impuestos que paga la lechería”. Dijo que frente a esta situación, en la comisión estudiaron el costo total de los arrendamientos agropecuarios, que abarcan unos seis millones de hectáreas en total.
Hizo referencia al trabajo de la consultora Apeo sobre la rentabilidad de la soja publicado por Campo (ver Campo N° 64) donde se demuestra claramente la variación de la rentabilidad entre un productor con campo propio contra otro que paga un alquiler por el uso de la tierra y sostuvo que un productor que con su familia explota un tambo de 200 hectáreas parte en campo propio y parte arrendado, está pagando a otro socio, que es solo el dueño de la tierra “y que no hace nada”, una cifra que representa un porcentaje muy alto de sus costos.
Agazzi señaló que a él personalmente es un tema que le preocupa y que estuvo estudiando cómo solucionar el problema los países europeos y cuál es la legislación que aplican en ese sentido. Señaló que en Uruguay la ley de arrendamientos permite que se haga un alquiler por un año, y que es inviable que un tambero que invierte, que planta pasturas, que diseña una rotación, que instala salas de ordeñe, haga un contrato por un año, cuando está haciendo una inversión que tiene que tener una previsión de por lo menos seis, siete u ocho años.
Derecho de propiedad
Otro aspecto considerado por el legislador es el referido al valor de la renta, regulado por el mercado y por tanto sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, que cuando aparece una actividad que demanda más tierra, como lo fue la agricultura en su momento, sube de valor y encarece también las rentas de los lecheros.
“¿Está bien eso para una producción como la lechería que en Uruguay hasta legalmente está considerada como estratégica y tiene su propio instituto?”, se preguntó Agazzi, y afirmó que “acá lo que está pasando es que hay alguien que no produce leche, ni organiza un tambo ni nada, y está recibiendo un beneficio en función de que es el propietario de la tierra”.
Dijo que “quizás”, respetando el derecho de propiedad, es un tema que puede llevar a acciones legislativas porque es un componente muy importante de los costos de producción, que cobra mayor dimensión en este momento con los precios internacionales de los lácteo muy bajos.
Propiedad privada
Señaló que no tiene la solución elaborada, pero que debería estudiarse la legislación al respecto en España, Francia e Inglaterra, donde están regulados el monto de los arrendamientos, los plazos y las responsabilidades.
Consultado sobre la posibilidad de que una legislación en ese sentido pueda lesionar el derecho de la propiedad privada, el senador Agazzi categóricamente dijo: “No, de ninguna manera”, y estableció diferencias con el alquiler de propiedad de una vivienda urbana. “Cuando nosotros queremos aumentar la producción de leche en el país y tenemos familias que se dedican a la producción, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para darle estabilidad y cuál es la consideración entre el interés que tiene la sociedad entre el que produce con su familia y el dueño de la tierra?”, reflexionó. Y afirmó que “en realidad, hay dos derechos” y es necesario determinar cómo son respetados cada uno de ellos. Dijo que la legislación francesa “es bien clara” en cómo consideró el derecho del dueño y cómo el derecho del productor.
Agazzi sostuvo que el tema debería ser debatido internamente, y que ello va a llevar a la discusión entre el derecho de propiedad absoluto y el derecho de propiedad en función del interés general como lo establece la Constitución, al igual que en el caso de las viviendas urbanas abandonadas.
Dijo que “normalmente” las demandas y los reclamos de los productores lecheros están referidos a bajas de impuestos o postergación de plazos de vencimiento, pero que “nunca nadie pidió un poquito de misericordia al dueño de la tierra que le cobra la renta. Ellos cobran bien todos los años”, afirmó.
Costos industriales
Se refirió también a aspectos relacionados con la eficiencia en la transformación de la leche en los productos finales. Dijo que la eficiencia industrial y los costos de la industria son “capaz” que hasta más importantes que los costos de la producción primaria, y sobre lo cual “nunca hubo mucha información”.
Afirmó que se puede tener muy buena eficiencia en la producción primaria, y que de hecho, Uruguay ocupa el cuarto puesto en el ranking de países productores con menores costos, pero que poco se sabe de la eficiencia industrial, de cuáles son las inversiones, del nivel de transformación, “porque la leche en polvo tiene un costo energético y nada más, solo se le saca el agua”, pero qué pasa con “los costos de elaborar yogures, quesos, y otros productos con transformaciones más avanzadas”. Para Agazzi es necesario “mirar un poco” la eficiencia desde la vaca hasta el producto final que se exporta.
Ley de Riego
La comisión de Ganadería se aboca ahora al tratamiento de la Ley de Riego remitida por el Poder Ejecutivo a iniciativa del ministro Tabaré Aguerre. Agazzi comentó que ya se reunieron con el secretario de Estado en dos oportunidades, y que tienen planeado recibir a organizaciones e instituciones relacionadas con el tema. Dijo que no se han fijado plazos para la aprobación de la iniciativa y que “hacerlo bien es más importante que hacerlo rápido; tenemos que conversar bastante para hacerlo bien”.
Indicó que la Ley de Riego es una modificación de una ley anterior que tiene como objetivo promover con mayor impulso el uso del riego, en el entendido de que la anterior iniciativa no tuvo los efectos buscados en cuanto a la inversión en los predios. Se trata —señaló— de lograr “más inversiones en la materia y de establecer una administración diferente del agua para que se use más”.