Para el presidente de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain, la primera etapa de trabajo de ese grupo conformado para preparar una reforma del sistema concluyó sin sorpresas y con un resultado que lo reconforta. La votación “no conforme” de cinco delegados —los representantes del Frente Amplio, el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu)— “se dio de la forma en que era previsible”, dijo a Búsqueda. Pero, según él, “todos” los capítulos “recibieron muy amplio apoyo, incluso de los que no votaron”.
El documento de diagnóstico quedó aprobado el viernes 19 por la CESS con el voto “conforme” de 10 de los 15 miembros —los representantes de los partidos de gobierno y el empresarial— y el miércoles 24, las casi 300 páginas fueron entregadas al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés y a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. Para Saldain, “el no voto es un posicionamiento político derivado de valoraciones que, obviamente, están más allá de lo técnico. De hecho, son valoraciones que a nosotros nos llegan vía declaraciones de la Mesa Política del Frente (Amplio), y está bien. Esa es su forma”.
El diagnóstico surgió tras más de 50 audiencias con organismos previsionales, asociaciones civiles, gremios y agrupaciones de todo tipo. Fueron unos tres meses y medio de trabajo, más otros 45 días de prórroga; antes de llegar al documento definitivo, el grupo discutió un total de cuatro borradores que se fueron ajustando.
“Tenemos un informe de una profundidad que no existía en Uruguay, comprendiendo la integralidad del sistema”, destacó el presidente de la CESS.
Con respecto al contenido, destacó un anexo vinculado a la educación. Expresó su preocupación respecto a que en Uruguay hay “cada vez menos jóvenes para financiar cada vez más personas mayores, y ya con un nivel de gasto previsional que está igual o por encima del de países más envejecidos”. Agregó que “eso pone una presión muy fuerte sobre la necesidad de productividad de las futuras generaciones”.
En ese capítulo el documento final remarca la “clara tendencia de contracción” del estrato joven en la población total a largo plazo y el hecho de que los resultados educativos no están acompañando los “desafíos del futuro del trabajo”.
Los “no conformes”
En las semanas finales del plazo otorgado a la CESS para elaborar el diagnóstico, desde el Frente Amplio ya adelantaban que veían improbable acompañar con su voto el documento. Uno de sus tres delegados, el exministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, veía “más discrepancias fundamentales” que “acuerdos” (Búsqueda N° 2.113). La Mesa Política de esa coalición reafirmó su disenso después de la votación del viernes 19, mediante una declaración. “Así como se nos dice que no hay sostenibilidad social sin sostenibilidad financiera, la sola sostenibilidad financiera no asegura sostenibilidad social. Uruguay se reconoce como un país con altas preferencias por la justicia social”, planteó. También cuestionó que en el informe final elaborado por la comisión “no se aborda el persistente cobro de comisiones excesivas por parte de las AFAP privadas, entre otros aspectos”, y que respecto de la llamada “Caja Militar” se “suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar, más aún al momento de realizar una reforma integral del sistema”.
El documento incluye un capítulo sobre los “regímenes especiales” de las cajas paraestatales (notarios, demás profesionales universitarios y bancarios), así como los sistemas de retiro policial y del personal de las Fuerzas Armadas. Sobre la “Caja Militar”, en particular, el integrante de la CESS en representación del PIT-CNT, Hugo Bai, dijo a Búsqueda que “el diagnóstico hace un buen resumen, descriptivo, de cómo funciona, pero le falta subrayar con mucho más énfasis que tiene problemas y desafíos de una entidad totalmente diferente, mucho mayores a los del resto, de cualquier otro subsistema”. Ese fue uno de los motivos por los que la central sindical no acompañó con su votación el diagnóstico.
Otro punto de discordancia refiere al capítulo sobre el régimen de ahorro individual. Sobre esto, Bai sostuvo que el pilar de las AFAP “fracasó” en “muchas dimensiones importantes”. Entre ellas, destacó la “competencia de actores privados” que, cuando se creó en 1996, “supuestamente iba a ir en beneficio de los afiliados”. Pero “eso nunca ocurrió, esa competencia nunca existió”, opinó, y añadió que eso no queda expresado en el diagnóstico.
Un tercer aspecto objetado respecto al documento entregado al Poder Ejecutivo tiene más que ver con una cuestión de formato y jerarquización de sus contenidos. Para Bai, hay un “énfasis demasiado marcado en la sostenibilidad económico financiera” de la seguridad social, que si bien el PIT-CNT entiende “que es un aspecto relevante, es un requisito de cualquier sistema, pero que está un poco desbalanceado respecto a los avances en materia de cobertura y suficiencia que se han registrado en los últimos años. Es decir, nos parece que está muy enfocado en ordenar las cuentas, sin hacer un adecuado balance en cuanto a lo que son otros objetivos del sistema de seguridad social”.
Tras la elaboración del diagnóstico, la etapa que sigue para la CESS será la de hacer propuestas, aunque todavía no está definida la metodología de trabajo. Saldain informó que están previstas algunas actividades para analizar experiencias de reforma en Canadá y otros países, y que seguramente propondrá otras al grupo. Tampoco está claro cuándo comenzarán a discutirse las propuestas. Fuentes de la comisión dijeron que de conversaciones informales surgió que se dará “unos días como para que el documento circule” y “la gente lo conozca”. También hablaron de tomarse algunos días de descanso para luego retomar el trabajo.
El texto final
El prólogo del diagnóstico hace un repaso histórico —incluidos algunos “hitos previsionales” del presente siglo, como las leyes que habilitaron las desafiliaciones y reformas de las cajas especiales— y señala que el país debe ir “hacia un nuevo acuerdo entre generaciones”, en términos de protección social.
Describe que la seguridad social uruguaya “tiene muchas fortalezas que se han ido consolidando en un proceso de construcción histórica, en el que tuvo incidencia el aporte de gobiernos de diverso signo político”. Pero también identifica algunos “desafíos que deben encararse más temprano que tarde”.
Agrega que si bien Uruguay tiene niveles de protección social en la vejez “buenos” en comparación con otros países de la región, también presenta ciertas “deficiencias y, sobre todo, enfrenta algunos riesgos derivados de cambios que se están produciendo en la población, la tecnología y el mundo del trabajo”.
Además, “varios programas de seguridad social insuficientemente integrados y, algunos de ellos, pobremente regulados y supervisados (…), contribuyen a generar inequidades, rigideces, fallas o lentitud en la detección de problemas y vulnerabilidades” en estas políticas.
Un aspecto reclamado desde el Frente Amplio fue incorporado, cuando señala que los procesos de envejecimiento, la redefinición de las familias, la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y la redefinición de los roles domésticos tradicionales “hacen aconsejable seguir avanzando en la agenda de cuidados”.
La síntesis ejecutiva cierra con la afirmación de que “la sostenibilidad financiera es un requisito de cualquier propuesta seria de reforma. El adecuado balance entre los objetivos de un sistema de seguridad social es un elemento de fundamental importancia a la hora de evaluar el diseño del sistema. Una cobertura tendiente a la universalidad, niveles de beneficios adecuados y la sostenibilidad del sistema, constituyen objetivos que deben atenderse en forma conjunta”.
Si bien el propósito de esta etapa del trabajo de la CESS es el diagnóstico, su documento final insinúa algunas posibles líneas de reforma. Uno alude al hecho de que la edad mínima de retiro por el Banco de Previsión Social “resulta baja” en la comparación con la de países de similar situación demográfica y nivel de desarrollo, y que en algunos sectores de actividad —militares, policías y docentes— ronda los 50 años. “El prolongado período de sobrevida que supone una edad mínima de retiro a los 60 años le impone una fuerte tensión al sistema y hace sumamente difícil establecer un vínculo equilibrado entre aportes y beneficios de los individuos a lo largo del ciclo de vida”, sentencia.
Desde el punto de vista institucional, también menciona que hoy no existe una entidad que tenga a su cargo la supervisión y regulación del sistema como tal, con capacidad operativa adecuada a la función. Como consecuencia, “la rendición de cuentas es débil en amplios segmentos”.
