El tema derechos humanos “no fue prioritario” para los comunistas luego de 1985 y quedó “subordinado a otros objetivos políticos”

“A comienzos de los 90 el partido empezó a tener problemas para sostener su estructura de locales y de funcionarios. Desde fines de 1989 a fines de 1991, en apenas dos años, el PCU se desmoronó. A medida que se profundizó la crisis de sistemas sociales, se fue profundizando también la crisis del partido”, relata Garcé.

El PCU guiaba su accionar con la idea de que había que “avanzar en democracia” y eso implicaba evitar el “peligro de la desmovilización”. El primer mes del gobierno de Julio Sanguinetti, marzo de 1985, coincidió por ejemplo con una extensa huelga textil —gremio conducido por los comunistas— que tras su resultado victorioso para sus intereses derivó en la afiliación al PCU de varias decenas de textiles.

Pero así como impulsaba la movilización popular el PCU “luchaba en las organizaciones de masas para evitar que la radicalización pusiera en peligro la democracia reconquistada”.

Esa política de “regular los conflictos teniendo en cuenta las restricciones políticas impuestas por el periodo de la transición fue denominada en el Partido Nacional como el pacto ‘Co-Co’; Partido Colorado y Partido Comunista”. El entonces dirigente del PIT-CNT comunista Oscar Groba —actual diputado del Espacio 609— declaró para el libro que el ministro de Trabajo de Sanguinetti en su primer período de gobierno, Hugo Fernández Faingold, coincidía con la central sindical en que era necesario “consolidar la democracia y favorecer la negociación”.

“Él generó los Consejos de Salarios. Siempre tuvimos un ‘teléfono rojo’, una línea abierta para hablar. Usábamos esa expresión. Hablábamos mucho conflicto a conflicto. De todas maneras , tuvimos algunas confrontaciones muy fuertes (...). Pero ellos también le paraban el carro a los empresarios”, contó Groba. Garcé apuntó en su libro que “en realidad no había un pacto” sino que entre comunistas y colorados había desde antes “una relación profesional”, al decir del propio Sanguinetti en una entrevista con el periodista Alejandro Camino en la FM 98.7. Allí el dos veces presidente habló de Rodney Arismendi como su “amigo”. “El Partido Comunista siempre respetó al Partido Colorado y el Partido Colorado siempre respetó al Partido Comunista. Eramos sapos de pozos distintos pero sabíamos que teníamos que convivir. Y eso fue siempre así porque el Partido Comunista era muy influyente en la conducción sindical. Siempre se pactó con el Partido Comunista en el buen sentido de la palabra. No era ningún misterio”, recordó Sanguinetti.

“Crisis y reconstrucción” .

El sostenimiento y la proyección del PCU en 1992 era “una incertidumbre”, anotó el autor. En una entrevista que otorgó para el libro la intendenta de Montevideo y dirigente comunista, Ana Olivera, relató que en una reunión del Comité Ejecutivo partidario de aquel año Marina Arismendi comentó: “Bueno, ya no están los dioses del Olimpo, ahora tenemos que resolver nosotros”.

A juicio de Garcé “una de las razones por las cuales (el PCU) no ha podido recuperar su viejo potencial, es que, después del derrumbe de 1989-1992, ha vuelto a experimentar al menos otras dos escisiones importantes”. Opinó que una de ellas fue “por la derecha” en 1997 y otra en el 2003 “por la izquierda”.

En 1997, los que se retiraron fueron un grupo de dirigentes sindicales que conformaban el nuevo elenco de dirección en el PIT-CNT. “Se encontraban en una posición intermedia entre los que se habían ido y los que se habían quedado. No se sentían bien representados por las posiciones del CE del PCU. Consideraban que el derrumbe del socialismo real era un golpe demasiado fuerte como para mantener intocadas las definiciones teóricas y políticas de los años de (Rodney) Arismendi”, apuntó Garcé. Se agruparon —acotó— en lo que llamaron “Espacio Paraninfo”, por el recinto universitario estatal al cual convocaron a una reunión con sindicalistas que se alejaron anteriormente del PCU. Entendían que la estrategia comunista hacia la central obrera “era sectaria” y requería de una “política de alianzas distinta”. En el XXIV congreso de 1997 varios de ellos se fueron del PCU. Uno de los que se fue pero luego regresó fue Juan Castillo, quien resultó electo para el Comité Central. Con esa actitud, dijo Castillo para el libro, los gremialistas ganaron “respeto”.

“El Partido asimiló el cimbronazo” y luego le “resultó más fácil defender” sus puntos de vista. Entre quienes se fueron estuvieron Julio García, Daniel García, Milton Castellanos, Marcelo Abdala —que hace algunos años también retornó al partido—, Ismael Fuentes y María Suárez.

En el 2002-2003 el quiebre fue de otro tipo. ”A pesar de la crisis de comienzos de los 90, el PCU no había perdido uno de sus rasgos más característicos: la aversión al pluralismo interno heredada de su matriz ideológica inicial”, escribió Garcé. Sostuvo además que “la desconfianza genérica hacia la dirección, uno de los corolarios más importantes de la crisis de 1991-1992, había dejado al PCU en un estado de discusión continua. Pero seguía sin poder admitir corrientes de opinión diferentes”.

En ese marco, opinó que “la ruptura de los sindicalistas —en el 2007— no resolvió las tensiones internas”. Y añadió que a fines de la década de 1990 “la dirección del PCU empezó a experimentar una tensión muy fuerte en el sentido opuesto. Así como los sindicalistas habían querido desplazar el partido hacia posiciones más moderadas, desde el Comité Departamental de Montevideo, un grupo liderado por Ruben Abrines (un cuadro con trayectoria en el UJC y el PCU) ponía presión reclamando una línea política auténticamente ‘revolucionaria’. Invocando la prédica de Rodney Arismendi contra la ‘socialdemocracia’, el XXV congreso de 1998 fue ‘un momento decisivo’. Abrines logró desplazar a la dirección de Montevideo y con un nuevo elenco se hizo cargo de la secretaría de esa conducción clave. Además en aquel congreso, sostuvo Abrines, colocó a 33 en 61 miembros del Comité Central que respondieron a su tendencia. Pero no mucho tiempo después Abrines fue desplazado por Arismendi y otros dirigentes de todos los ámbitos de dirección acusado de ‘fraccionalismo’ y ‘oportunismo de izquierda’”.

Derechos Humanos.

Por encima de “renovadores” y “ortodoxos”, hubo un tema que marcó la peripecia del PCU posdictadura y fue el de la represión desatada por agentes estatales contra ellos. Pero así como la eclosión sindical de 1985 tuvo a los comunistas en la primera línea de conducción, el tema de los Derechos Humanos no fue inicialmente prioridad para Arismendi y los suyos. Precisamente Arismendi, el primer secretario del PCU, escribió en 1985 que su colectividad no era partidaria “de un velo de silencio ni de un revanchismo primitivo” y juzgaba erróneo hacer una división entre “pueblo” y “milicos”.

Entre 1985 y 1986, antes de la sanción de la “ley de caducidad”, “importantes dirigentes del PCU” efectuaron denuncias ante la Justicia contra jerarcas policiales y militares, indica Garcé, pero aclara: “No hay que concluir que el partido incentivó la realización de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”. Comentó que “quienes más claramente lamentaron esto fueron, como es natural, muchos de los que habían padecido prisión y tortura”.

El investigador del Instituto de Ciencia Política de la universidad estatal aseveró que “todo indica” que en el contexto de la “lucha por consolidar y avanzar en democracia” la cuestión de los derechos humanos “quedó subordinada a otros objetivos políticos”.