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Las autoridades de Ancap elaboraron un código de conducta y ética para su subsidiara Alcoholes del Uruguay (Alur). El código está listo para ser aprobado y ya comenzó a ser firmado por la plana gerencial de Alur, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa.
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La idea, explicaron los informantes, es que este código sea firmado por todos los funcionarios de Alur y para ello comenzarán reuniones informativas con el sindicato. El documento prevé sanciones que van desde la observación hasta el despido del funcionario, según el texto al que accedió Búsqueda.
La creación del código forma parte de una estrategia de las nuevas autoridades de “poner la casa en orden” y aumentar los controles y regulaciones de toda la empresa, dijeron las fuentes. La necesidad del código se explica en la sucesión de irregularidades que encontraron, algunas de las que terminaron en la Justicia, como el caso del pago de US$ 100.000 a un proveedor que debía cobrar $100.000.
Las autoridades de Ancap adoptaron otras medidas de ajuste. Eliminaron las cuentas bancarias que tenía Alur en Paysandú y Bella Unión, y se centralizó todo el movimiento financiero en Montevideo. Esto hace perder agilidad a la empresa, pero “se gana en control”, explicó una fuente.
Denuncias y chapas.
Las fuentes comentaron que las denuncias sobre conductas presuntamente irregulares de los funcionarios han sido “múltiples” y que algunas de ellas llevaron al despido de jefes de planta y mantenimiento de Paysandú. Este último, por ejemplio, trabajaba como asesor de uno de los principales proveedores de Alur.
Varios de los puntos del código se hicieron “casi a dedo” para responder a las irregularidades encontradas, dijeron las fuentes.
Un ejemplo fue la prohibición a los funcionarios de contratar “proveedores o productores con los que tengan vínculo familiar directo”, algo que sucedió en el pasado.
También se prohibió “recibir gratificaciones, regalos o ser objeto de invitaciones o atenciones desproporcionadas a las relaciones normales de clientes”, otra situación que fue denunciada en Paysandú.
Un punto del capítulo del código sobre “conflictos de interés”, está vinculado a una investigación administrativa que pretende dilucidar si un contratista que trabaja para Alur se hizo parte de la casa con chapas que eran propiedad de la planta de Paysandú.
Abogados de la empresa fueron hasta la vivienda del propietario y sacaron fotos de las chapas en cuestión, y si bien no han podido confirmar que hayan sido retiradas de allí, las mismas “son idénticas” a las que hay en varias partes de la planta, dijeron las fuentes.