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El debate político del año pasado tuvo como uno de sus focos el financiamiento de las campañas electorales y los vínculos entre los empresarios y los partidos. Así, los dueños de varias compañías terminaron desfilando por una comisión investigadora parlamentaria y la falta de acuerdo entre los partidos sobre cómo debe ser ese financiamiento impidió que se aprobara una nueva ley que lo regule.
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Y esa discusión tuvo su efecto entre los empresarios que comenzaron a recibir planteos de dirigentes políticos para que les donen dinero para financiar sus campañas.
Según dirigentes blancos y colorados consultados, en los últimos tiempos se encontraron con empresarios que miran con recelo la posibilidad de volver a poner dinero en una campaña electoral.
Una fuente del Partido Colorado dijo que en conversaciones con dirigentes observó que, a raíz de la comisión investigadora de Diputados sobre las campañas electorales, se nota “cierta reticencia a colaborar”. “Algunos no quieren verse expuestos luego en investigaciones parlamentarias”, explicó el informante.
Según dirigentes blancos y colorados consultados, en los últimos tiempos se encontraron con empresarios que miran con recelo la posibilidad de volver a poner dinero en una campaña electoral.
Desde el Partido Nacional, un dirigente comentó que hay empresarios a los que les preocupa estar envueltos después en conflictos que se dan entre los partidos.
Hoy los empresarios están esperando que salga el ganador de las elecciones internas para no tener que “poner plata dos veces”. En muchas ocasiones sucede que el dirigente le pide dinero al empresario para financiar la campaña de la interna primero y luego la que se hará en octubre.
Búsqueda consultó a algunos empresarios sobre esta situación y varios prefirieron no hacer comentarios. Otros, que pidieron el anonimato, aludieron a varios factores que pueden estar incidiendo en la postura a dar menos dinero a los partidos políticos.
Comentaron que a partir de los casos de corrupción, sobornos y demás que acontecieron en los últimos años en Latinoamérica, especialmente en Brasil, algunas firmas se comprometieron por contrato con sus clientes —que a menudo son firmas multinacionales— a no hacer contribuciones a los partidos políticos.
Además, señalaron que los ejecutivos están con la “guardia más alta” y tratando de “no exponerse” en tiempos donde las normativas de lavado de dinero, controles y regulaciones financieras suman exigencias y recaudos a considerar.
Añadieron que más allá de eso, el enfriamiento de la economía puede estar “jugando en contra” del ánimo empresarial a efectos de realizar aportes.
Hoy los empresarios están esperando que salga el ganador de las elecciones internas para no tener que “poner plata dos veces”.
Entre blancos y colorados, además, se genera el problema de que en muchos casos se va a pedir dinero a las mismas empresas. Fuentes del Partido Nacional comentaron que hoy eso se da con más frecuencia debido a los perfiles y los contactos con el mundo empresarial que tienen Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi.
Además, hay empresarios que están más interesados en poner dinero en fundaciones u organizaciones afines a los partidos políticos dedicadas a realizar estudios, comentaron las fuentes.
En el Frente Amplio, el candidato Daniel Martínez comenzó a buscar dinero de empresarios. El fin de semana pasado realizó una cena en la que participaron empresarios como Giuseppe Cipriani (el nuevo inversor del Hotel San Rafael de Punta del Este), y Jorge Stighetti, de la Banca de Quinielas. Los asistentes a la cena pagaron un ticket de US$ 1.000.
Proyecto financiamiento
En las elecciones nacionales de 2014, los partidos políticos tuvieron ingresos por más de US$ 29 millones y los gastos llegaron a casi los US$ 27 millones, según una investigación de Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña de la Universidad Católica. El 79,6% del ingreso declarado por los partidos provino de fondos públicos. Pero la cifra se reparte de manera distinta entre los partidos. En el Frente Amplio y el Partido Independiente, los subsidios públicos superaron el 80%, mientras que blancos y colorados declararon que casi el 60% de sus ingresos vino de donaciones privadas.
Saman, los frigoríficos Schneck, San Jacinto, Tacuarembó; Aguada Park, Zonamerica, Laboratorio Roemmers, Abitab, Red Pagos, son algunas de las empresas que figuraban en las declaraciones de los partidos en la elección pasada.
El financiamiento de las campañas es tema de debate en el Parlamento. El Frente Amplio fracasó a fin de año con su intención de votar un proyecto que modifica la actual ley de partidos políticos, debido a que no contó con el voto 50 de su diputado Darío Pérez, a lo que se sumó la negativa de toda la oposición.
El proyecto establece la obligación de presentar balances de todo el período electoral; plantea que las transacciones se hagan por medios de pago electrónicos; prohíbe el financiamiento anónimo o de empresas; establece topes a los montos que el propio candidato puede poner en su campaña, y plantea que haya publicidad electoral gratuita.
El Movimiento de Participación Popular quiere que el tema vuelva a ser discutido en marzo, pero hay sectores del Frente Amplio como el Frente Líber Seregni que proponen que el proyecto se debata de nuevo siempre y cuando estén todos los votos del oficialismo. El año pasado la propuesta fracasó después de que el diputado Darío Pérez (Liga Federal) dejó a la coalición de izquierda sin su voto.
