En muchos sectores de actividad la vuelta a la normalidad en los negocios no está siendo rápida, y es posible que la gestión empresarial haya cambiado respecto a cómo era antes de la pandemia. En ese contexto, desde la Liga de Defensa Comercial (Lideco) están viendo como algo más usual los acuerdos privados en torno a deudas comerciales —como alternativa a los concursos de acreedores— y que empresas grandes estiran los plazos de pago a sus proveedores.
El panorama empresarial es diverso, dependiendo entre otras cosas de la afectación que tuvieron a raíz de la pandemia de Covid-19, la situación financiera previa y la capacidad de acceder a préstamos —bancarios o comerciales— en las actuales circunstancias. Según una encuesta efectuada entre el 23 de abril y el 18 de mayo pasado por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica (UCU), el 43% de las casi 110 empresas afirmó haber sido impactada negativamente en su actividad, mientras que para el 38% el efecto fue neutro y el restante 19% se benefició. Los efectos adversos de esta crisis más señalados fueron en las ventas y por mayores costos.
En relación con el tamaño de las empresas, las medianas fueron las que manifestaron, por un lado, haber tenido menos impacto y también las que declararon en mayor proporción efectos positivos en el marco de la emergencia sanitaria. Para la UCU, es “razonable” que una firma de mediano porte tenga “la suficiente solidez” en comparación con una más chica, así como mayor “agilidad” frente a aquellas más grandes para adaptarse a los cambios en el contexto.
Acerca del tipo de impactos, los ocurridos en el área comercial, “con problemas de cobranzas”, aparecieron en la lista de menciones.
En lo que respecta a la colaboración, el primer actor relevante señalado por los encuestados (53%) fueron los clientes y, luego, los proveedores; en este caso, se destacan como aliados del 67% de las firmas “establecidas” (con más de 25 años); “es de esperar que aquellas empresas que se encuentran desde hace más años en el mercado tengan una relación más sólida y estrecha con sus proveedores”, interpreta la UCU en su informe.
Poder de negociación
Sobre las deudas que ya existían entre clientes y proveedores al momento de la emergencia sanitaria, el director gerente de la Lideco, Bernardo Quesada, dijo a Búsqueda que primó una actitud “tolerante”, de dar plazo, esperar y “no ejecutar”. Ahora, con la extensión del impacto económico por el Covid con la reciente ola de contagios, señaló que el empresario en general está siendo “más cuidadoso: o vende al contado o estudia mejor (la situación), está más atento, lleva la cuenta más cortita y, si un cliente le compra y no le paga, le deja de vender”.
Aseguró que, por otro lado, se están dando algunas estrategias de financiación por parte de empresas de un nivel de facturación “altísimo” que, dijo, “no tienen que ver con la pandemia”. Se refirió a firmas grandes de la construcción y el supermercadismo que piden más plazo para el pago a los proveedores y que tienen “poder de negociación”, por el volumen de negocio que manejan. Como ejemplo, afirmó que pudo corroborar que algunas empresas que habitualmente pagan a 90 días están pidiendo “180 días o más” de plazo. Refiriéndose a esa práctica, sostuvo que “es más fácil financiarse con los proveedores a tasa 0% que ir a un banco” a pedir un préstamo. Y añadió: “Es una avivada; es una estrategia que no es nueva para financiar stock y compras con la plata de los proveedores”.
Es que, en la mayoría de los casos, los proveedores no cobran interés por el plazo que extienden el vencimiento de la factura, sino que la práctica más general es que a aquellos que les pagan a menor plazo o al contado les aplican una bonificación o descuento.
La Lideco recomienda a sus socios que en la factura de venta incluyan una cláusula para fijar una tasa de interés en caso de incumplimiento de pago, pero Quesada reconoció que no se usa habitualmente.
“Van a salir a cobrar”
Proyectando la problemática que algunas empresas tendrán cuando la economía recupere dinamismo para hacer frente a sus obligaciones, el ejecutivo de la Lideco avizora que puedan concretarse más acuerdos privados de reorganización de deudas.
Alegó que esa herramienta, prevista en la ley de concurso (Nº 18.387) está siendo más utilizada desde el año pasado, cuando hubo cuatro casos. “Se están dando más porque las soluciones son mejores si se encuentran antes que ir a concurso, que es más costoso y al que la empresa llega más tarde”, explicó. Además, la Liga está siendo más proactiva en acercar a acreedores y deudores en los procesos de intermediación y arbitraje, y consideró que también “hay más voluntad” de parte de los acreedores de llegar a este tipo de acuerdos. Es que la probabilidad de cobrar un crédito común (quirografario) en un concurso es, generalmente, muy baja, mientras que en un acuerdo privado es más factible recuperar al menos parte de la deuda.
A diferencia del concurso, este tipo de acuerdos privados ocurre por fuera de los juzgados y no requiere de síndicos ni interventores.
Apuntó que si bien los bancos han sido “flexibles y accesibles” atendiendo los diferentes casos y problemáticas que en este tiempo analizó o intervino la Lideco, “cuando esto (la economía) levante y no esté tan mal visto que quieras cobrar lo que te deben, los bancos van a salir a cobrar” lo que prestaron. Y a veces, apuntó, con la presión “cobran primero”.
“Pero también capaz que la empresa dejó de pagar la DGI o el BPS, y si en algún momento quiere retomar la vida normal tendrá que asumir las cosas que le quedaron colgadas, buscando una solución a todo”, comentó, en relación a la posibilidad de que el acuerdo privado de reorganización sea más utilizado.
En cambio, explicó que un proveedor comercial quizás se ocupa más por seguir vendiendo a los clientes actuales y a conseguir nuevos que a la gestión de cobro de deudas viejas.
En caso de que la empresa le siga vendiendo al cliente deudor, lo recomendable según la Lideco es que lo haga en poco volumen, y al contado o a muy corto plazo, para no aumentar el riesgo de impago. En relación con la deuda anterior, para Quesada lo aconsejable sería encontrar una solución para refinanciarla de una manera “realista”. En ese sentido, dijo que “a veces el que aprieta primero cobra primero”, pero “si aprietan todos juntos la empresa se puede caer”.
Morosidad “oculta”
A poco de declarada la emergencia sanitaria por el Covid-19, en marzo del 2020, muchas empresas de pequeño y mediano porte accedieron a préstamos “blandos” para capital de trabajo o para refinanciar sus pasivos financieros utilizando un sistema de garantía respaldado por fondos del Estado, conocido por la sigla Siga. Esa herramienta se amplió desde febrero pasado a rubros que el gobierno identificó como los “más comprometidos”, como los vinculados al turismo, eventos y congresos, espectáculos culturales, clubes deportivos, entre otros. Esta semana la Agencia Nacional de Desarrollo dejó operativo un préstamo a tasa 0% de hasta $ 25.000 dirigido a micro y pequeñas empresas —de hasta 19 empleados— de estos sectores, cuyo capital se devuelve a partir de febrero del 2022 en 24 cuotas.
Al mismo tiempo, el año pasado las instituciones financieras dieron prórrogas y otras medidas de flexibilidad autorizadas por el Banco Central (BCU), para darles aire a sus empresas clientes con problemas.
“Cuando empiecen a vencer esas reestructuraciones se verá cuáles (empresas) en realidad van a poder pagar; otras no podrán, esa es la morosidad oculta”, dijo Quesada. Sin indicadores que muestren qué empresas y a partir de cuándo —eventualmente— aparecerán las dificultades de pago, en su opinión algunas serán de los rubros más perjudicados por la baja actividad en la emergencia sanitaria. Consideró que un indicador que adelante esa realidad podría ser el de aquellas firmas que no hayan llegado a recuperar el 50% de las ventas pre-Covid-19, aunque en cada caso dependerá, por ejemplo, de si cuenta con una “espalda financiera” suficiente para sobrevivir.
Señaló que ante esa morosidad oculta en el sistema financiero “existe el riesgo” de que más adelante se complique la cadena de pagos en el plano comercial y varios “no puedan pagar”.
La preocupación por que, luego de las prórrogas otorgadas por los bancos, los impagos aumenten —aunque moderadamente— es una preocupación reconocida por las autoridades del BCU. En noviembre, el presidente del BCU, Diego Labat, habló de “cierta morosidad tapada” por las refinanciaciones (Búsqueda N° 2.096).
En una reciente entrevista difundida en el canal de Youtube del Centro de Estudios para el Desarrollo ese jerarca aseguró que el riesgo de un “credit crunch” no llegó a concretarse en la realidad y que la cadena de pagos siguió funcionando durante la emergencia sanitaria.
