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A partir de enero de 2015 todos los alimentos que contienen ingredientes fabricados con alimentos genéticamente modificados debían estar identificados con una etiqueta amarilla y negra, para que los consumidores conocieran cuáles productos tienen componentes transgénicos.
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A casi dos meses de la entrada en vigencia de esta obligación, las etiquetas amarillas y negras siguen ausentes en las góndolas de los supermercados y almacenes. Es que las empresas encuentran varias dificultades para implementar el etiquetado y así se lo plantearon a la Intendencia de Montevideo (IMM) por escrito y en varias reuniones que se realizaron en diciembre.
Dificultades para colocar los stickers, desconocimiento sobre la composición de los alimentos para determinar si son transgénicos o no, preocupación porque los consumidores los perciban como productos “peligrosos” y hasta la violación al “libre comercio” fueron algunas de las objeciones que plantearon las empresas a la IMM. Las compañías productoras e importadoras de alimentos solicitaron a las autoridades de la comuna que extiendan los plazos para cumplir con la normativa.
La reglamentación del decreto 34.901 aprobado por la Junta Departamental en diciembre de 2013 obliga a identificar con una etiqueta los alimentos que contienen ingredientes modificados genéticamente, en vigencia desde enero 2015.
Pablo Anzalone, director de Salud de la IMM, dijo que por el momento se encuentran en un “proceso de implementación” de la normativa, “tratando de resolver los obstáculos de la puesta en marcha”.
Análisis.
En diciembre funcionarios de la Intendencia y de la Facultad de Ciencias se reunieron con la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) y con empresas importadoras para discutir la implementación del decreto. Algunas “plantearon la dificultad para acceder a los análisis que permitan determinar si los alimentos tienen transgénicos o no”, dijo a Búsqueda Anzalone. La comuna resolvió encargarse de realizar esos análisis junto con la Facultad de Ciencias.
“Dado que tenemos la capacidad, recibiremos muestras de empresas que tienen duda acerca de si son transgénicos o no. Les daremos una respuesta previa para que ellas vean cómo lo manejan”, dijo por su parte Claudio Martínez Debat, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la sección Bioquímica e investigador del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria (Latrama). Antes de multarlas o sancionarlas el camino será “apercibir” a las empresas a partir de los resultados del laboratorio, explicó.
La IMM y la Facultad de Ciencias se han embarcado en un proyecto más grande de “screening” que consistirá en un análisis de productos alimentarios presentes en el mercado montevideano elaborados a base de maíz y soja, de fabricación nacional e importados. Van desde aceites hasta productos más elaborados con varios ingredientes. Acordaron con las empresas que cuando se detecte “alguna irregularidad” se les comunicará primero “para que se adecuen y se les dará un plazo”, ya sea para etiquetar o para cambiar la composición del alimento, informó el investigador.
“Se van a analizar varias muestras por semana para tener un rastreo abarcativo”, informó. El grupo maneja un plazo de trabajo de dos años con presupuesto garantizado por la IMM y la Universidad. “La intendencia no está tirando fuegos de artificio, hay una capacidad técnica bien clara que está respaldando todo esto. Vamos a poder rastrear una gran cantidad de alimentos y que el mercado llegue a un nivel de trasparencia respecto al contenido de transgénicos, que por ahora es todo una gran nebulosa”, opinó Martínez. La Facultad montó técnicas para “detectar, identificar y cuantificar” transgénicos en alimentos. Existe “una capacidad técnica que lo puede soportar”, aseguró.
La IMM decidió empezar a trabajar con muestras de alimentos enviados por las empresas. De todos modos Martínez aclaró que no han recibido ninguna por el momento.
Dificultades.
Las empresas plantearon que la colocación de la nueva etiqueta —la normativa no obliga a rehacer todo el etiquetado sino a colocar un sticker con forma de triángulo y una T en el medio— tenía “dificultades operativas”. Argumentaron que en el caso de productos “muy pequeños”, como chicles, era difícil colocar el sticker.
“En los casos que haya dificultad de tipo operativo, solicitamos que las empresas planteen por escrito cuáles son las dificultades. Pero tienen que establecer un compromiso de en qué fecha van a estar colocados los etiquetados”, dijo Anzalone.
En una circular que envió a los integrantes de la Ciali, la IMM estableció que las empresas que tengan inconvenientes tienen que declararlo por escrito ante el Servicio de Regulación Alimentaria “y en el mismo acto deben plantear la fecha en que tendrán los alimentos etiquetados” dentro “de los primeros meses del año”.
Los importadores señalaron que como Uruguay es un mercado chico, es difícil conseguir un etiquetado especial para los productos que se venden al país. Anzalone aclaró que se soluciona con colocar un sticker. Además, hubo objeciones por el etiquetado que “induce a pensar que los alimentos son peligrosos”. “Pero ni en el decreto ni en la reglamentación hablamos de peligrosidad. Son alimentos autorizados para la venta en el país, no vamos a prohibir ni restringir nada. Se trata del derecho del consumidor a saber y a definir sus pautas de consumo en base a sus principios”, dijo Anzalone. Algunas empresas dijeron no haber comenzado a etiquetar porque están cambiando los componentes para no incluir transgénicos.
La Intendencia recibió por escrito la posición de algunas empresas particulares que sostenían que la normativa “significaba una violación a la libertad de comercio”, dijo Anzalone. “Pero la Ciali nos dijo con claridad que saben que esto es un proceso mundial y que no tienen objeciones conceptuales sino solo sobre la implementación”, afirmó.
La IMM no está al tanto de que ninguna empresa haya comenzado a etiquetar, dijo Anzalone. Por encontrarse en un período “de implementación”, esperará unos meses para controlar. Esperan recibir las declaraciones de todas las empresas que soliciten, con motivos fundados, un plazo especial. Las que no declaren situaciones excepcionales, deberán etiquetar cuanto antes, afirmó. “Vamos a intimar, y si no cumplen vamos a sancionar” a quienes no realicen declaración ni etiqueten, aseguró.