El canciller Francisco Bustillo recorrió medio mundo en una misión oficial a Wellington y, el 30 de noviembre, entregó al ministro de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones neozelandés, Damien O’Connor, la carta en la que Uruguay pide la adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11 o CPTPP, por su sigla en inglés). Ese fue el primer paso de un proceso que no será breve.
El camino de adhesión de Uruguay al CPTPP depende de factores técnicos, porque demandará modificaciones normativas en diversas áreas, pero también políticos, porque debe contar con el aval de los 11 integrantes del bloque, quienes tendrán en consideración cuestiones internas. En la Cancillería está consolidándose la idea de que el ingreso al denominado Acuerdo Transpacífico será “una herencia” para la próxima administración, más que una concreción alcanzada durante el actual gobierno, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Lo más probable, dados los tiempos y la complejidad de las negociaciones, es que el país dará “los primeros pasos” por ese camino en este período y, si todo sigue por la senda correcta, será el gobierno que asuma en 2025 el que termine el proceso de adhesión, explicó uno de los informantes. Añadió que así ha sucedido en otros procesos de negociación de magnitud, con el ejemplo extremo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzó hace más de 20 años.
Un informe elaborado por expertos de tres universidades, sostiene que el país “está en condiciones de alcanzar el estándar exigido” por el acuerdo en aspectos vinculados a acceso a mercados y empresas públicas. “Dado los plazos del proceso de adhesión”, los estándares del CPTPP “constituyen el contenido de una hoja de ruta de reformas unilaterales de la política comercial” que Uruguay podría comenzar “desde ahora”, dice el documento elaborado a pedido del Instituto Nacional de Carnes (Inac).
“Las perspectivas estratégicas”
Al remitir su carta, Uruguay quedó sexto en la lista de aspirantes, detrás de Reino Unido, China, Taiwán, Ecuador y Costa Rica. El siguiente paso formal es que “el grupo CPTPP en su conjunto, a través de la Comisión CPTPP, determine si inicia un proceso de adhesión con Uruguay”, explicaron desde la cancillería neozelandesa a Búsqueda. Además de Nueva Zelanda, integran el acuerdo Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.
El informe de las universidades explica que los procesos “no son cortos” y cita como ejemplo el caso de Reino Unido, que lleva más de un año y medio de negociaciones que todavía no terminaron. Menciona otro estudio que describe algunas diferencias entre el Reino Unido y sus contrapartes del CPTPP.
De acuerdo con su informe, existen diferencias en relación con la escala de las ofertas presentadas por parte de Reino Unido, especialmente en lo que respecta al mercado agrícola y también con el capítulo del CPTPP vinculado a la propiedad intelectual. Este último punto, que genera preocupación en los laboratorios uruguayos, no fue incorporado en el análisis de las universidades.
Todas las decisiones que se toman por parte de la comisión que analiza las adhesiones “son por consenso, por lo que se vuelve fundamental contar con el visto bueno de todos los actuales miembros más allá de que estos hayan ratificado el acuerdo”, dice el capítulo del informe en poder del Inac, elaborado por Ignacio Bartesaghi, Natalia De María, Natalia Melgar y María Eugenia Pereira (Universidad Católica).
“Si bien el proceso para ingresar al CPTPP es sencillo en términos de lo establecido en los tratados y claro en cuanto a las instancias en las que opera el consenso para la toma de decisiones, también es cierto que existe un amplio margen de discrecionalidad en las posiciones de los miembros, las que además de las valoraciones vinculadas con los asuntos comerciales, estarán cargadas de componentes políticos, geopolíticos y geoestratégicos que son de difícil cuantificación”, advierte el documento.
Ante la consulta de Búsqueda sobre el eventual apoyo del gobierno de Japón a la adhesión uruguaya, la embajada de ese país en Montevideo respondió que “el CPTPP tiene altos estándares de contenido, tanto en términos de acceso al mercado como de normas”. El gobierno liderado por Fumio Kishida, agregó la sede diplomática, “considera que, en primer lugar, es necesario examinar detenidamente si Uruguay está preparado para cumplir plenamente estos elevados estándares del CPTPP”.
“El tratamiento sobre cualquier economía que haya presentado la solicitud de adhesión debe consultarse detenidamente con los otros miembros del CPTPP. Japón, por su parte, tomará parte en el proceso teniendo en cuenta las perspectivas estratégicas y la comprensión de sus ciudadanos”, concluye la respuesta.
Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Las tasas y los despachantes
El informe de expertos que recibió el Inac detalla algunos de los cambios que debe llevar adelante Uruguay para cumplir con los estándares exigidos en parte del acuerdo. Y, según el resumen ejecutivo del documento, los objetivos son alcanzables.
“En materia de estructura arancelaria y de elaboración de una trayectoria de liberalización no existen dificultades mayores”, sostiene el apartado del documento elaborado por Marcel Vaillant (Universidad de la República), en el que se analizan tres capítulos del CPTPP: Trato nacional y acceso de mercancías al mercado (capítulo 2); Administración aduanera y facilitación del comercio (capítulo 3) y Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen (capítulo 5).
De acuerdo con ese estudio, Uruguay debería eliminar el cobro de la tasa consular —un objetivo que, en el discurso, los últimos gobiernos comparten— y “poner en marcha un programa de revisión de tasas y recargos para que estén ajustados a los parámetros del acuerdo”. Vaillant sostiene que las dos tasas a las importaciones “más notorias a ser ajustadas” son la Tasa de Servicio Extraordinario, que recauda la Dirección Nacional de Aduanas, y el certificado de comercialización para alimentos y bebidas importados que cobra el Latu.
Para cumplir con los requisitos del CPTPP, el país debería revisar impuestos a las exportaciones que tienen “una magnitud relativamente reducida y por lo tanto es posible pensar en una fácil gestión en el tiempo” para adaptarse al acuerdo. Entre esos impuestos, menciona los recargos sobre las exportaciones no tradicionales que se destinan al Latu, al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. También exigiría cambios a los tributos a las exportaciones de carne, arroz, lana y leche.
“Es necesario revisar la necesidad obligatoria de contar con despachantes de aduana para las operaciones de comercio exterior”, añade el informe.
Los monopolios y las empresas públicas
La tercera parte del estudio de las universidades analiza qué impacto puede tener en las empresas propiedad del Estado y los monopolios la intención de Uruguay de incorporarse al CPTPP. La conclusión primaria es que “este aspecto no sería un obstáculo determinante en el ámbito de las negociaciones para la adhesión al acuerdo por parte de Uruguay”.
Las empresas públicas y los monopolios no están “prohibidos” en el Acuerdo Transpacífico y varios países miembros los incluyeron en sus regímenes de excepciones, explica el capítulo escrito por Jorge Fernández Reyes, Carlos Delpiazzo, Marcelo Sheppard y Natalia Veloso (Universidad de Montevideo).
El documento divide a las empresas propiedad del Estado en tres grupos, según la necesidad que haya de encarar “adecuaciones normativas” para cumplir con los estándares del acuerdo.
El Banco de Previsión Social, el Banco Central del Uruguay, OSE, Uruguay XXI, la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Agencia Nacional de Desarrollo no necesitarían cambios, según el estudio. Hay otro grupo sobre el que se debería “analizar en profundidad”: la Administración de Ferrocarriles del Estado, la Administración Nacional de Puertos (ANP) la Administración Nacional de Correos, la Agencia Nacional de Vivienda, Latu, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales y el Inac.
Hay un tercer grupo de organismos estatales sobre el que el gobierno “deberá definir la estrategia a seguir en el ámbito de las negociaciones” para decidir si avanza por vía de “la adecuación normativa de la legislación aplicable o de las cartas orgánicas de los organismos” o busca “su inclusión en el régimen de excepciones previstas” en el acuerdo. En ese grupo están el Banco República, el Banco de Seguros del Estado, UTE, el Banco Hipotecario, Ancap y Antel. A estudio también deberían estar las sociedades anónimas cuyo capital accionario es propiedad total o mayoritaria de empresas públicas, agrega el informe.
Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Los retos
El documento que recibió el Inac tiene puntos de contacto con otros informes sobre el tema en poder de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió un análisis de dos expertos contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mantiene en reserva.
Fuentes consultadas por Búsqueda dijeron que ese informe no arrojaba resultados del todo favorables a la adhesión, pero desde la Cancillería lo negaron. En el ministerio dijeron que el documento menciona las dificultades que deberá superar el país, pero que el análisis aporta una cifra en millones de dólares de aumento de las exportaciones si se concreta. Agregaron que el documento recibido no es el definitivo, sino una versión “preliminar”.
El Observador informó el 28 de diciembre que un documento elaborado por la Cancillería, entregado a representantes de los partidos políticos, identificó nueve “retos” para el país. En esa lista se encuentran, entre otros, alcanzar la liberalización arancelaria casi total, el rol de las empresas públicas y sus monopolios, requisitos fitosanitarios y sanitarios.