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En Uruguay hay “altos niveles” de “odio” contra minorías sexuales
“Los Estados deben oponerse” a quienes critican la supuesta “agenda de género”, porque su objetivo real es reducir “los derechos de las mujeres, la orientación sexual y los derechos de identidad sexual”, sostiene relator de la ONU
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La denominada “nueva agenda de derechos” avanzó en Uruguay como en pocos países. En cuestión de pocos años, el Parlamento legalizó el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar y acceder a técnicas de reproducción asistida. Está autorizado el cambio de nombre y de sexo en el documento de identidad, y una reciente ley contempla la salud, educación, vivienda, inclusión laboral y reparación por violencia institucional a las personas transexuales.
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Aunque son cambios suficientes para colocar al país en la vanguardia internacional, algunos especialistas consideran que falta consolidarlos. “Las personas LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer) en Uruguay todavía están sujetas a altos niveles de discriminación, exclusión social y odio. No existe una política integral contra la discriminación que proteja a las personas que por su orientación sexual e identidad de género son discriminadas con violencia en los espacios públicos”, indicó Ahmed Shaheed, relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias.
Shaheed encabezó en Montevideo un taller para discutir estrategias que promuevan en Uruguay los derechos humanos de las mujeres y de las minorías de orientación sexual e identidad de género (SOGI, por sus siglas en inglés). Del evento, organizado por la embajada británica a mediados de mayo, participaron defensores de los derechos humanos, académicos y miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Consultado por Búsqueda después de su visita, Shaheed elogió a Uruguay por cumplir “con la obligación internacional de proporcionar acceso al reconocimiento de género de una manera consistente” con los derechos contra la discriminación, igual protección ante la ley, privacidad, identidad y libertad de expresión. “La legislación progresista sobre el reconocimiento de género, así como otros derechos relacionados con la orientación sexual e identidad de género, han hecho de Uruguay una de las sociedades más tolerantes del mundo”, afirmó, aunque llamó al gobierno y a la sociedad civil “a seguir presionando por la igualdad”.
En su respuestas, enviadas por escrito, Shaheed también advirtió que en Uruguay persisten “obstáculos para el acceso a abortos seguros”, debido a la “ausencia de una regulación sobre la ‘objeción de conciencia’” que pueden interponer los médicos para no practicarlo.
Diplomático de carrera y dos veces ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas, Shaheed ocupa el cargo de relator especial desde noviembre de 2016. Su responsabilidad es identificar los obstáculos que impidan el goce del derecho a la libertad de religión o de creencias y formular recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las conclusiones de su trabajo en Montevideo formarán parte de un informe sobre conciliación de libertad religiosa y derecho a la no discriminación que publicará en marzo.
Interrogado por el reclamo de evangélicos y católicos contra el supuesto avance político de una “agenda de género”, fue muy crítico con quienes piensan de esa manera tanto en Uruguay como en el resto de Latinoamérica. “Este concepto se utiliza para criticar y militar contra los derechos de las mujeres, la orientación sexual y los derechos de identidad sexual. Los Estados deben oponerse a esto”, afirmó. “Estoy muy preocupado por el uso y el mal uso de la religión para justificar en la región la violencia y la discriminación contra las mujeres y las minorías de orientación sexual e identidad de género”.
Para el especialista, pese a que las leyes contra la discriminación puedan entrar en conflicto con las creencias religiosas, el derecho a la libertad de religión no exime a las personas de respetar la igualdad de género. “El derecho a la libertad de religión o de creencias no protege a las religiones per se en sus identidades, tradiciones y valores, pero tiene como objetivo el empoderamiento de los seres humanos”, dijo. Recordó que las creencias religiosas “no son monolíticas” y su trabajo con personas de fe le ha mostrado que en las comunidades religiosas también se intenta facilitar “un cambio positivo” hacia la igualdad de género.
